Al menos 30 detenidos se amotinaron en la comisaría de Cuartel V, en el partido de Moreno, y tomaron como rehén a uno de los policías de esa dependencia: reclaman por las condiciones de detención y piden el traslado a otra sede policial.
Según pudo confirmar Infobae, se trata de un grupo de presos alojados en los calabozos de la Comisaría 4ª de Moreno, ubicada en la localidad de Cuartel V. Habían hecho saber de su malestar enviando videos a sus familiares, según adelantó el diario Semanario Actualidad.
“Queremos mostrar cómo los presos convivimos en forma inhumana. Por el momento, no tenemos agua, no nos dan el catering de comida y cuando nos dan, está podrida. Somos 30 internos en una celda para nueve personas. Tenemos a pibes durmiendo en hamacas paraguayas. En el patio también duerme gente”, reclamó uno de los cabecillas que organizó la revuelta.
“En el baño no tenemos una gota de agua para higienizarnos -insistió el detenido mientras filmaba con un teléfono celular a sus compañeros de celda hacinados-. No tenemos agua hace cuatro días, cada dos por tres nos traen un tachito para tirar en el inodoro, pero también tenemos que bañarnos. Si algún familiar puede ayudarnos para que vengan los de Derechos Humanos para poder darnos una explicación”.
La situación comenzó poco antes de las 17 y la tensión continúa en el lugar. De acuerdo a fuentes del caso consultadas por este medio, el policía retenido estaba en buen estado de salud. De hecho, el propio oficial fue filmado por los detenidos y dijo: “Está todo bien, no me están haciendo nada”.
“Lo que están pidiendo es el traslado urgente a otra comisaría”, comunicó el rehén en el breve video. Poco después de las 20, fuentes del caso comunicaron a Infobae que se habían gestionado diez cupos en una unidad de González Catán del Servicio Penitenciario Bonaerense y el hecho se encaminaba a solucionarse.
En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Carina Saucedo.
Fuentes judiciales indicaron a este medio que desde la Fiscalía General de esa jurisdicción habían advertido el problema de la superpoblación y el martes pasado “se pidió al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad bonaerense que se puedan obtener más cupos para Moreno”. La respuesta que les dieron las autoridades fue que estaban ocupándose del tema, al cual le darían prioridad.
El cupo histórico de comisarías en Buenos Aires rondó las 1300 plazas. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del año pasado alertó que en las comisarías provinciales había más de 4.400 personas alojadas, una cifra que representa un crecimiento del 397% considerando los últimos diez años.
En el mismo lapso de 10 años, evaluó el CELS, “la población alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense creció un 44%. Actualmente supera las 50 mil personas, en un sistema que tiene capacidad para alojar algo más de 25 mil personas. Es decir, la ocupación se encuentra por encima del 200%”.
En ese marco, desde la organización exigieron: “En muchas dependencias policiales, la situación de hacinamiento y falta de condiciones mínimas implica una grave violación a los derechos humanos. Resulta urgente cambiar la relación entre ingresos y egresos al sistema de encierro”.
La sobrepoblación lleva a un resultado obvio: tensiones internas, maltratos y fugas.
Uno de los más recientes episodios de violencia de características similares ocurrió hace diez días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Alcaidía 1 Bis de la Policía porteña localizada en la avenida San Juan al 1700, barrio de Constitución. Allí, siete detenidos que habían solicitado el traslado a otro lugar tomaron de rehén a un efectivo. La situación fue controlada por personal de la fuerza y el oficial resultó ileso.
En la actualidad, hay 1.169 detenidos en las celdas de CABA, lo que representa una ocupación del 210 por ciento, más del doble de lo permitido. Para las autoridades del Ministerio de Seguridad, un eje de la situación se debe a la falta de cupos en el Servicio Penitenciario Federal, intervenido desde 2020 por María Laura Garrigós de Rébori.
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