(Reuters) - Cientos de niños ucranianos fueron trasladados a Rusia desde orfanatos y hogares infantiles y fueron dados en adopción a familias rusas, aseguró este jueves Karim Khan, fiscal de Corte Penal Internacional (CPI).
La declaración de Khan se produjo después de que la CPI emitió órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de la infancia.
“Muchos de estos niños, según denunciamos, han sido dados en adopción en la Federación Rusa”, señaló.
Khan afirmó que un cambio en la legislación rusa ha facilitado que los niños sean adoptados por familias rusas, mientras que, en el momento de las deportaciones, los niños ucranianos eran personas protegidas en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra.
En su declaración, Khan calificó las órdenes de detención de hoy de «primer paso concreto», mientras continúan otras investigaciones en Ucrania.
Informe de la Escuela de Salud Pública de Yale
Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, hace un año atrás, 232.000 menores de edad fueron evacuados de las zonas ocupadas por las fuerzas del Kremlin y trasladados a territorio ruso. Al menos 6.000 de esos chicos –aunque se aclara que el número podría ser “significantemente mayor”-, de entre cuatro meses y 17 años, están retenidos en campos de reeducación y que cientos ya fueron dados en adopción a familias rusas. La gran mayoría de los niños son reclamados por familiares y guardianes legales en Ucrania.
De acuerdo al informe dado a conocer esta semana por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale (HRLY) y el Conflict Observatory, que el Departamento de Estado creó en mayo para documentar los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por las fuerzas rusas, los menores están recluidos en al menos 43 centros, entre ellos 12 que se utilizan como campamentos de verano de organizaciones estatales rusas alrededor del Mar Negro, otros 7 en la península ocupada de Crimea y 10 en torno a las ciudades de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo. Once de los campos están situados a más de 800 km de la frontera de Ucrania, incluidos dos campos en Siberia y uno en Magadan, en el Lejano Oriente ruso, cerca de la costa del océano Pacífico.
Al menos 32 de los campos, el 78% de los identificados en la investigación, “se encuentran comprometidos en esfuerzos sistemáticos de reeducación con el objetivo aparente de integrar a los niños ucranianos en la visión oficial de la cultura y la historia rusa”. El propio Putin habló varias veces en sus mensajes desde Moscú de su intención de “rusificar” a la población ucraniana.
“Rusia lleva a cabo una política criminal consistente de deportar a nuestra gente. Deporta por la fuerza tanto a adultos como a niños. Este es uno de los crímenes de guerra más atroces. En total, más de 200.000 niños ucranianos han sido deportados hasta ahora. Son huérfanos de orfanatos. Niños con padres. Niños separados de sus familias”, denunció en septiembre el presidente Volodymyr Zelensky.
“El Estado ruso dispersa a estas personas en su territorio, asienta a nuestros ciudadanos, en particular, en regiones remotas. El objetivo de esta política criminal no es sólo robar personas, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan regresar”, agregó.
Desde la invasión, varios funcionarios rusos de alto rango anunciaron a bombo y platillo el traslado de miles de niños ucranianos a Rusia para ser adoptados y convertirse en ciudadanos de ese país. La televisión estatal muestra la llegada de estos contingentes y a los funcionarios entregando ositos de peluche a los niños, que son presentados como “abandonados rescatados de la guerra”. En el caso de los campos de verano denunciados por el HRLY, muchos padres fueron forzados a aceptar el viaje de sus hijos y una vez allí, les avisaron que ya no regresarían. Esto ocurrió en al menos cuatro campos, los de Artek, Medvezhonok, Luchistyi y Orlyonok.
En septiembre, Putin firmó un decreto de urgencia para acelerar el proceso para otorgar la ciudadanía rusa a estos niños y para que sean entregados cuanto antes a familias rusas. También nombró a cargo de todo ese proceso a Maria Lvova-Belova, una cristiana ortodoxa fundamentalista de 38 años, casada con un sacerdote y madre de 17 chicos, 5 de sangre, 4 adoptados y 8 en custodia. El líder ruso pidió a esta funcionaria que ostenta el título de Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, que acelerara todo el proceso para “integrar” a los chicos ucranianos a su nueva sociedad. Algo que está prohibido claramente por la Convención de Ginebra, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por constituir un “crimen de guerra”.
Entre otros centros en los que fueron confinados los huérfanos se identificaron uno denominado “Romaska” ubicado en la calle Lomonosov 20 de la ciudad rusa de Rostov, a 200 kilómetros de Moscú. Allí se encuentran 540 chicos ucranianos. También se registró la visita de la comisionada Lvova-Belova al centro “Poliany” de Moscú en el que se la fotografió junto a otros 31 huérfanos trasladados ilegalmente desde Mariupol, la ciudad ucraniana bombardeada durante tres meses por la artillería rusa.
En noviembre de 2019, Lvova-Belova fue elegida senadora por su región de Penza (625 kilómetros al sureste de Moscú) apenas un día después de recibir el carnet de afiliación al partido oficialista, Rusia Unida. Un año más tarde, Putin la nombró Defensora de los Niños. El secreto del rápido ascenso está en el apoyo que esta profesora de música tiene de la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Su propio marido, Pavel Kogelman, fue ordenado sacerdote después de varios años de estudios de teología.
La tasa de natalidad en Rusia es muy baja. El número de hijos por mujer, 1,5 de media, está por debajo del umbral de 2,1 necesario para reemplazar la población sin inmigración. Y desde 2014 aumenta la emigración que se acentuó con el comienzo de la nueva guerra en febrero. Desde entonces se fueron del país unas 300.000 personas, la mayoría profesionales con muy buena formación. La pandemia se llevó la vida de otras 700.000 personas.
(Con información de Reuter e Infobae)
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