Manifestantes atacaron a policías, la municipalidad y la sede del tribunal; hubo uniformados y vecinos lesionados, y varios detenidos, entre ellos, el presidente de la comunidad. El hecho ocurrió luego de que se confirmara la desaparición de un adolescente de 16 años perteneciente a la comunidad wichi.
Desde este fin de semana, el Impenetrable chaqueño se convirtió en un polvorín. Las protestas de integrantes de la comunidad wichi de Misión Nueva Pompeya por la desaparición de uno de sus adolescentes, de 16 años, derivaron en un corte de ruta, primero, y en la explosiva reacción de cientos de manifestantes que se enfrentaron con la policía, apedrearon patrulleros, coparon una comisaría para intentar linchar a un sospechoso y causaron otros destrozos en la Municipalidad y el incendio parcial de un juzgado multifueros. Hay seis policías heridos y varios vehículos con destrozos. También, 18 detenidos, entre ellos, el presidente de la asociación comunitaria, Mario Ledesma.
Hoy, por pedido del gobierno de Chaco, efectivos de la Gendarmería se sumaron a la fuerza de seguridad provincial para intentar contener la situación. En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, anunció la presencia de los uniformados federales, el refuerzo de efectivos de la policía local y “todos los recursos que sean necesarios por el plazo de un mes para garantizar el cuidado de los ciudadanos y efectivos policiales que trabajan de buena fe para garantizar la paz social y restablecer el orden”.
Según informó la Subsecretaría de Comunicación de Chaco, “el refuerzo de Gendarmería Nacional consta de tres equipos compuestos por cuatro vehículos y cinco efectivos cada uno, con equipamiento apropiado. Los mismos harán rotaciones desde Fuerte Esperanza y patrullas aleatorias en Misión Nueva Pompeya”.
La tensión en Misión Nueva Pompeya motivó intervenciones del máximo nivel. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chaco se reunió “en comité de emergencia” el sábado y mantuvo “contacto permanente con autoridades judiciales y personal del edificio Multifueros y la Procuración General en pos de garantizar la integridad física de las personas y de los bienes”.
En consecuencia, y “hasta tanto las autoridades competentes garanticen plenamente la seguridad e integridad física de las personas y de las instalaciones y pueda asegurarse el funcionamiento normal del Poder Judicial en Misión Nueva Pompeya”, las autoridades judiciales prestarán funciones en forma remota. Además, en un comunicado, el STJ hizo “un llamado a la paz, al diálogo y al respeto a las leyes como únicas herramientas para la solución de los conflictos”.
El eje del conflicto es el misterio de Salustiano Giménez, el adolescente de 16 años cuya desaparición fue denunciada el 17 de febrero pasado. Aunque se sospecha que habría sido asesinado, el cuerpo no aparece y su familia se aferra a la esperanza de encontrarlo con vida. Hay un detenido por el caso, también de la misma comunidad. Mientras, el operativo previsto en el protocolo de búsqueda activado el 18 de febrero sigue, aunque con resultados infructuosos.
Según trascendió, la situación provocó una marcada división. Por un lado, familiares y amigos del joven desaparecido y, por otro, allegados al detenido, unos 150 originarios.
El sábado a las 15 finalizó una nueva jornada de búsqueda para dar con el paradero de Salustiano. Ante la falta de avances en el operativo de rastrillaje, al final de la tarde hubo un corte de ruta.
“Algo desató el enojo del grupo de manifestantes que ayer estaba cortando la ruta; destrozaron la comisaría, el juzgado, la Municipalidad y algún comercio puntual con el que tuvieron diferencias en una reunión de hace unos días”, explicaron testigos de la situación.
El Diario Chaco informó que “200 personas encapuchadas con machetes y palos se presentaron en la comisaría, donde sin mediar palabras avanzaron con total agresividad y violencia. Rompieron el cordón humano del personal policial, tomando el interior del edificio policial. Rompieron vidrios, ventanas, electrodomésticos, entre otros”. También fueron destrozados tres móviles de Infantería, así como de las comisarias Misión Pompeya y Comandancia Frías, más un vehículo particular.
El violento ataque causó lesiones en seis efectivos policiales y en varios manifestantes. También hubo detenidos, entre ellos, el presidente de la asociación comunitaria, Mario Ledesma. Según explicaron voceros locales, la abogada de derechos humanos Carolina Raquel Aquino interpuso un hábeas corpus en favor del líder comunitario, quien, sostuvo, “se encontraría en peligro de vida, habiendo anunciado la policía local que iba a aparecer ahorcado si no se retira la comunidad wichi de las inmediaciones de la comisaría local”. La medida cautelar quedó a estudio de la presidenta del STJ, Iride Isabel María Grillo.
Pero la detención del líder comunitario no hizo más que encender el conflicto. “Mario Ledesma es el presidente de la asociación. Creo que estuvo en el corte de rutas, no estoy seguro. No creo que haya estado en los disturbios de ayer. Hoy, cuando fueron nuevamente a la comisaría y comenzó la represión, lo detuvieron. Entonces mucha más gente wichi de los parajes se vino al pueblo para tratar de liberarlo”, dijo una representante comunitaria.
Esta tarde, los manifestantes seguían movilizados y las fuerzas uniformadas, reforzadas con efectivos de otras localidades cercanas, más los grupos de la Gendarmería, estaban desplegadas con todos sus pertrechos, prestos para intervenir ante nuevos incidentes. Incluso, según se viralizó en mensajes, desde la policía se pidió “a los vecinos de Misión Nueva Pompeya que traten de salir con las criaturas urgente al pueblo vecino de Fuerte Esperanza” porque “se avecinan días difíciles”.
Se sumaba, a esa advertencia, un nuevo foco de conflicto: a través de redes sociales, en Misión Nueva Pompeya se alentaba a vecinos a “ayudar a la policía”, para lo cual incitaban a concentrarse “en la cancha de la comisaría” y “llevar todo tipo de armas con las que puedan contar”.
Reacción gubernamental
En un comunicado oficial, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, convocó a la paz social, al diálogo, el orden, al respeto a las leyes y a la Constitución. “En una sociedad democrática como la nuestra es el único camino para restablecer el orden y el diálogo, que nunca debe cortarse entre diferentes estamentos del Estado y la comunidad”, dijo.
Asimismo, se solidarizó “con las víctimas de los hechos, con nuestra Policía que nos cuida todos los días, y con los vecinos y vecinas de Nueva Pompeya”, y aseguró que “la búsqueda de Salustiano continúa porque hay Estado presente desde el primer momento”.
(Con información y fotos de Diario La Nación)
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