Garuhapé | Ecología autorizó cambio de uso de suelo a un propietario de bosques nativos y se reavivó un conflicto con la comunidad Mbya Puente Quemado II

A pesar de cumplirse con las audiencias públicas y el proceso legal desde el aspecto técnico para la autorización de cambio de uso de suelo al propietario, desde la comunidad indígena denunciaron en redes sociales que “no se cumple con la consulta previa, libre e informada

Reclaman que se autoriza explotación bosques nativos en tierras demarcadas de territorialidad indígena, según lo establece el convenio de 169 de la OIT y la Constitución Nacional”.

 

Desde el Ministerio de Ecología de Misiones, autoridad de aplicación del Ordenamiento Territorial para las actividades productivas habilitadas en propiedad privada con bosques nativos, adelantaron que se reunirán próximamente entre las partes para mediar en el conflicto denunciado por Puente Quemado II.

 

Este fin de semana, a través de las redes sociales, se denunció un desmonte «dentro de su territorio» en Garuhapé. “Nuevamente entraron las maquinas a desmontar la selva nativa en áreas que pertenecen al territorio Mbya relevado por la Ley 26.160”, aseveraron.

 

Sin embargo, desde el organismo provincial y representantes de la empresa negaron que exista algún avance sobre áreas indígenas demarcadas. Tampoco se trataría de una actividad ilegal o no autorizada, sino de trabajos que corresponden en parcelas de la propiedad familiar de Adolfo Roberto Ruf, y los planes para la conversión de uso de suelo cuentan con la aprobación de Ordenamiento Territorial y de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ecología de Misiones. El responsable técnico es el ingeniero forestal Ricardo Bogado.

 

El particular inició los trámites de gestión ante el organismo en octubre de 2014, logrando la aprobación de todo lo requerido y ajustado al régimen legal vigente por aprovechamiento de 92,48 hectáreas (6 lotes), según disposición N°048/18 con fecha del 23 de marzo de 2018. Cuatro años más tarde.

 

El 29 de octubre de 2019 se presentó una denuncia por parte de los representantes legales de la comunidad indígena y se ordenó la suspensión de todo lo aprobado.

 

El 30 de diciembre de 2019, por nueva disposición 461/19, se evaluó lo solicitado y se redujo lo aprobado anteriormente a solo 46,05 hectáreas (3 lotes), y son estas las actividades que están vigentes en la propiedad y que reavivó la denuncia de Puente Quemado II contra su vecino y el gobierno provincial.

 

Para la comunidad Mbya, “esto ocurre desde 2019. No se respeta la consulta previa según lo establece el convenio de 169 de la OIT y la Constitución Nacional. No se debe avanzar sobre el territorio indígena bajo ningún aspecto sin consulta, ya que representa una grave violación a sus derechos. En la Comunidad están muy preocupados de que esto vuelva a ocurrir”, señala el escrito que se comparte, replica y difunde por redes sociales y whatsaap en defensa de los Pueblos Indígenas de Misiones, que “no tienen voz” que los represente.

 

Sin embargo, tanto las autoridades de fiscalización de Ecología como los representantes técnicos de los propietarios aseveraron que se cumplieron con los canales de comunicación que se establece en la legislación en todo el proceso, y se encuentran en diálogo permanente con el cacique Santiago Ramos.

 

Ante los antecedentes de conflictos anteriores – caso Carba SA que finalmente se ordenó la suspensión de las actividades forestales por decreto del Gobernador Oscar Herrera Ahuad- se deberá recurrir a la instancia de la Justicia para dirimir el conflicto para las partes afectadas, hasta que se resuelva la cuestión de fondo: la propiedad de la tierra.

 

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“Los que desmontan sacan la madera nativa para venderla. El ministerio de Ecología solo arma actas que luego las incumple otorgando permisos, no están del lado de las comunidades sino de los empresarios que tienen dinero para destruir la selva”, cuestionan en el escrito los voceros del Puente Quemado II.

 

Hay un reconocimiento internacional de que son las comunidades indígenas las principales guardianas de la selva, las que preservan el recurso y cuidan el monte. Y en esa línea, piden ser escuchadas, y respetadas en sus derechos. “Debemos preservar el territorio Mbya y defenderlo de las empresas y empresarios que se creen dueños de la tierra y solo quieren destruirla”, afirman en su comunicado.

 

Ante el Ministerio de Ecología, la comunidad de Puente Quemado II denunció años atrás la incursión de otra empresa su territorio, donde se dio autorización de tala sin consulta ni audiencia pública a los pueblos indígenas (Resolución 060/18 “Expte. N° 9900 02017/14). La presentación se hizo en noviembre del año 2019 y se repitió en febrero, y aún no tuvieron respuestas. Estos antecedentes generan preocupación a la comunidad de Puente Quemado II ante el movimiento de “máquinas” en su territorio.

“Es una falsa denuncia pública, no se realizó ninguna actividad en tierras de la comunidad”

Para los responsables técnicos de los planes de ordenación forestal de la familia Ruf, las denuncias realizadas a través de las redes sociales son “falsas” ya que se iniciaron trabajos con las autorizaciones correspondientes y ajustadas a las resoluciones otorgadas por las autoridades competentes, aseguran.  “No se realizó ningún desmonte en tierras de la comunidad”, indicó el ingeniero forestal Ricardo Bogado.

 

La propiedad familiar de Ruf también tiene una historia de varias décadas en Garuhapé. Y el conflicto por las tierras se profundizó en 2019.

 

Las tierras se ubican en una zona conocida como “Sección Cañafistola”, en el municipio de Garuhapé. Pertenecía al padre de Adolfo Roberto Ruf –actual propietario-, y tras su fallecimiento, heredó las parcelas que durante décadas mantuvo áreas de cultivo de yerba mate y otras en conservación y explotación de bosques nativos.

 

Desde lo jurídico, la familia cuenta con el título de propiedad, pero en 2019 la comunidad Mbya Puente Quemado II presentó el mapa del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que establece por medio de la Ley 26.160  que parte de esas tierras está demarcada por su pre-existencia en la zona como territorialidad indígena, y desde entonces comenzó el litigio por la regularización de la titularidad del lote en cuestión.

Acta de Inspección de la DBN (MEyRNR) realizada el 2 de febrero. Parcela 137: en lugar donde se encontraba la motoarrastradora marca zanello realizando extracción y empuje de material forestal nativo. En el momento de la inspección ocular se encontraba un operario realizando el trabajo con la máquina. La inspección se realizó en conjunto con el Cacique de la comunidad de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y el Guardaparque Fabio Malosch, junto al equipo de control forestal.

 

“Ahora hay dos parcelas de las tierras de Ruf que están al límite de las tierras de Puente Quemado II que tienen permisos para trabajar. La semana pasada – tras obtener las autorizaciones correspondientes-, el propietario inicio la etapa de trabajos de cosecha de yerbales antiguos y cambio uso de suelo en áreas a destinar nuevas plantaciones de yerba mate, que fueron autorizados por la autoridad competente, en el marco de la legislación vigente, después de 3 años de cumplimentar los requisitos pertinentes. Técnicamente esta todo en orden”, aseveró el ingeniero Bogado.

 

Por otra parte, el jefe de Departamento de Control Forestal del Ministerio de Ecología, Flavio Acosta, dialogó este domingo con ArgentinaForestal.com para confirmar los resultados de la fiscalización que se realizó en el lote en cuestión. “Esta semana se realizó un recorrido sobre los trabajos que se estaban llevando adelante en la propiedad, acompañado con el Cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y se elevó un acta. Estaba todo correcto», dijo.

 

«Es un plan que cumplió todos los procesos, de audiencia pública, y por resolución del ministerio, en la parcela 141 que se tenía yerba mate desde hace varios años, ahora se está realizando el trabajo de cosecha. Y tiene aprobado el propietario trabajos para cambio de uso en la parcela 136 (donde estaban las maquinas operando) y 137, todo pasó por Ordenamiento Territorial también. La propiedad privada está cercada con alambre, no se avanzó sobre las tierras delimitadas de la comunidad de Puente Quemado II, desconozco cuál sería el malestar que llevó a la denuncia en redes sociales, porque estuvimos con el cacique supervisando el trabajo que estaban llevando adelante”,  dijo el inspector de Ecología, ante la consulta del medio.

 

De esa forma, aseveró que todo el operativo realizado consta en el acta de Control Forestal, aunque el cacique de Puente Quemado “no quiso firmar”.

 

La convivencia en territorialidad ancestral y el derecho de consulta previa

La familia Ruf tendría desde lo jurídico, los títulos de la propiedad en orden, ya que son dueños de estos lotes con bosques nativos desde hace mas de 30 años. El padre de Adolfo Roberto Ruf –actual propietario- falleció hace algunos años, y desde entonces su hijo divide su vida entre Misiones y Rio Negro.

 

Los responsables técnicos explicaron que sobre 6 lotes que, inicialmente, fueron presentados para conversión de suelo a producción de yerba mate, hace dos años le otorgaron el permiso solo para dos lotes. “Todo el proceso legal y técnico se cumplió, hasta obtener la resolución del Ministerio de Ecología, como marca la reglamentación no se comenzó a trabajar en la propiedad”, indicó el ingeniero Bogado.

 

Fue en el año 2019, cuando la comunidad Mbya Guaraní presentó los mapas que desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas adjudicaban el derecho ancestral de parte de las hectáreas de la familia Ruf, y desde entonces hay un litigio en proceso para resolver la cuestión de fondo.

 

“Pero hay que esperar a que la Justicia o el Estado determine la titularidad de la tierra, el problema fue que gente de la comunidad tuvo la primera intromisión con la instalación de una casita, que fue desmantelada por el encargado de la propiedad que también vivía en el lote. Y volvieron a insistir en ingresar tiempo después, y se volvió a desmantelar otra casita”.

 

En el año 2021, el propietario logró la aprobación de un plan de aprovechamiento sobre 5 hectáreas, y hubo otra denuncia de la comunidad que derivó en la paralización de la actividad forestal.

 

“Ahora, de los 6 lotes inicialmente solicitados, se obtuvo permisos en 3 lotes, y se comenzaron los trabajos, pero comienzan estas supuestas denuncias de desmonte ilegal, pero eso es falso. La empresa respeta los limites, solo se realizaron ahora los trabajos de caminos en la zona donde próximamente se comenzará la actividad, pero dentro de las parcelas de Ruf”, asevera Bogado.

 

Desde la Dirección de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología se estableció un próximo encuentro para escuchar a la comunidad indígena, y sus representantes legales; y todas las partes involucradas, desde propietarios, técnicos, Asuntos Guaraníes, de manera de socializar el plan aprobado y lograr en la zona de Puente Quemado II una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos.