Más de 80 bloqueos en Perú en protesta contra el Gobierno de Boluarte

Al menos 83 bloqueos "con tránsito interrumpido" tenían lugar este viernes en ocho regiones de Perú, en el décimo día consecutivo de las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso y por las que fueron detenidas 329 personas acusadas de "alterar la tranquilidad pública".

Movimientos y organizaciones de izquierda de Perú realizaron nuevas protestas este jueves en Lima para pedir por la renuncia de la presidenta Boluarte, en medio de un clima de crisis política y social con 18 fallecidos por las protestas y la represión.

La consigna de la marcha llevada a cabo este jueves en Lima fue «Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista». Miles de manifestantes marcharon de manera pacífica por el centro histórico y formaron una concentración de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.

Las protestas ya llevan dos semanas consecutivas en Perú, después de una tregua de fin de año por las fiestas. Los reclamos en contra de la presidenta Boluarte y a favor del ex presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso, son promovidos por sectores radicales y gremios campesinos en las zonas andinas. Se pide por justicia y una sanción a los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.

Además, los bloqueos continúan en Perú: este jueves el país amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones, y se vieron afectadas las zonas de Tacna, en la frontera con Chile; Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.

 

Perú: investigarán a la presidenta Boluarte por presunto genocidio

 

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó la apertura de una investigación por presunto genocidio y otros delitos que involucran a tres ministros: «Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares de los hechos ocurridos en diciembre y el día de hoy estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal».

La investigación estará basada en «los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho».

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