(Reuters) -Algunas carreteras del sur de Perú están parcialmente bloqueadas, manifestantes retomaron las protestas tras una pausa de los mortales disturbios por la destitución del expresidente Pedro Castillo, mientras que la policía y el Ejército protegen infraestructura claves.
El primer ministro, Alberto Otárola, informó a periodistas que la situación general del país es de “normalidad” aunque hubo bloqueos en las regiones de Cusco y Puno, los que afectaron el transporte principalmente de turistas y comerciantes en esas zonas.
“La protesta es un derecho de la población, pero tiene que hacerse de manera pacífica”, dijo el funcionario. “Estamos trabajando con la policía para mantener el control interno”.
Según imágenes de la televisión, la policía y el Ejército cuidaban sedes públicas en algunas zonas donde se han anunciado protestas, entre ellas Ayacucho, región donde murió la mayor cantidad de personas en las manifestaciones de diciembre.
En Cusco, el servicio de tren que va a la ciudadela inca de Machupichu, la más visitada por los turistas, fue suspendido en previsión de las protestas, informó la empresa de ferrocarril.
El ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó en un comunicado que evacuó el martes a 2.062 turistas desde Machupichu, y que han implementado corredores seguros para los visitantes hacia los centros históricos de Cusco.
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Perú sufrió en diciembre una ola de protestas luego de la destitución y arresto del expresidente Castillo, en la que hubo 22 muertos en choques entre manifestantes y el Ejército y otros seis fallecidos en accidentes vinculados a los bloqueos.
Castillo, un exmaestro de izquierda que estuvo en el poder casi 17 meses, intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal. La vicepresidenta de entonces, Dina Boluarte, asumió el poder y planteó adelantar en dos años las elecciones, que espera se realicen en abril del 2024.
Representantes de grupos civiles y de sindicatos de diez regiones del sur del país, históricamente votantes de izquierda, anunciaron el reinicio de protestas el miércoles reclamando la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario Castillo.
Castillo cumple una prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por «rebelión», cargo que el expresidente niega.
La presidenta Boluarte instaló en la mañana del miércoles un centro de «Monitoreo y Control de Crisis», junto a los ministros de Defensa e Interior. «Llamo a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria», dijo en un discurso.
El martes, miles de personas habían marchado en Lima y en algunas regiones del país reclamando «paz y tranquilidad».
Pedro Castillo afirmó ser víctima de una «venganza política.» https://t.co/CXtwwVUREK
— misionesonline.net (@misionesonline) December 28, 2022
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