(Reuters) -Perú llamó a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia ante una "intromisión en los asuntos internos" tras apoyar al destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que enfrenta un pedido de prisión por 18 meses mientras es investigado por "rebelión".
El grupo de gobiernos izquierdistas dijo esta semana en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de «hostigamiento» político desde asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a «abstenerse de revertir la voluntad popular expresada» en las urnas.
Castillo fue destituido y arrestado la semana pasada luego de intentar disolver el Congreso de forma ilegal. En su reemplazo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió al poder.
«Con la señora presidenta de la República, hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros Embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú», dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en un mensaje por Twitter.
El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la destitución de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico al nuevo gobierno en Perú y no ha reconocido a la presidenta Boluarte.
A diferencia de los gobiernos de izquierda que apoyan a Castillo, el Gobierno de Chile del mandatario Gabriel Boric ha reconocido a Boluarte, según dijo la canciller Gervasi por Twitter el miércoles tras una comunicación con su par chilena.
Gervasi manifestó que ha recibido también el respaldo de Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Canadá, Brasil y Estados Unidos.
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Entre tanto, imágenes de la televisión local mostraron a una fila con decenas de vehículos varados al borde de una carretera clave en la costa al sur de Lima, mientras cientos de manifestantes colocaban piedras en vías de las regiones andinas de Puno, Cusco y Arequipa, en medio de la vigilancia policial.
La Confederación General de Trabajadores de Perú, uno de los mayores sindicatos del país, ha convocado a una «jornada de lucha» para por la tarde en Lima, en medio de las protestas en reclamo por elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de la presidenta Boluarte.
El gobierno de Boluarte decretó el miércoles el «estado de emergencia» nacional y entregó el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría realizar las elecciones generales para fines del 2023.
La presidenta afirmó el jueves en una ceremonia militar que se mantendrá firme en el poder hasta las nuevas elecciones pese a las protestas de «violentistas disfrazados de manifestantes».
«Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo», dijo Boluarte tras invocar al Congreso, dominado por partidos derecha y una de las instituciones más desacreditadas del país, a aprobar rápido su propuesta de elecciones anticipadas.
Pero el anuncio de acortar más los plazos de las elecciones no ha frenado las manifestaciones, que hasta ahora han dejado ocho muertos, la mayoría adolescentes, y cientos de heridos entre civiles y policías, según la Defensoría del Pueblo.
Jorge Salinas, presidente de CORPAC -que gestiona los aeropuertos del país-, dijo a Panamericana Televisión que por medidas de seguridad permanecían suspendidos los terminales aéreos de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho.
El ingreso a la ciudadela inca de Macchu Picchu fue cerrado, informó la dirección de cultura del Cusco, en medio de reportes en la radio y redes sociales de que cientos de turístas permanecían varados en la ciudad por el cierre del aeropuerto.
Por su parte, un juzgado supremo de Perú evaluaba un pedido de la fiscalía de imponer «prisión preventiva» por 18 meses para Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado.
El juzgado tiene plazo hasta el viernes para decidir.
El exmandatario ha negado las acusaciones de «rebelión y conspiración» y el miércoles, en un mensaje por Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU que «interceda» por sus derechos.
Perú ha vivido años de crisis políticas, con sus votantes hartos de las constantes luchas internas y seis presidentes en los últimos cinco años, luego de renuncias y destituciones.
La justicia peruana evaluará el pedido de la Fiscalía de extender la detención del expresidente Castillohttps://t.co/TWI8ALXPk1 pic.twitter.com/iPuhgOf9A2
— misionesonline.net (@misionesonline) December 14, 2022
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