Ya son cuatro los fallecidos por las protestas en Perú tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte

(Reuters) -La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que propondrá al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones generales, en medio de protestas que han dejado tres muertos tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo que llamó a su sucesora "usurpadora" del poder.

Boluarte, que ejercía la vicepresidencia del país, asumió el poder la semana pasada luego de que el Congreso destituyera al izquierdista Castillo, que intentó sorpresivamente disolver el parlamento dominado por la oposición.

«He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024», dijo Boluarte en las primeras horas del lunes. La propuesta será enviada en los próximos días, acotó.

El anuncio se produce tras la muerte el domingo de dos adolescentes en una protesta en la región andina de Apurímac, que dejó también varios heridos, en demanda de un adelanto de elecciones tras el abrupto cambio de poder.

El Congreso ofreció «un minuto de silencio» por una tercera víctima mortal el lunes, que se habría producido en un enfrentamiento en la región sureña de Arequipa, antes de una sesión con el primer ministro Pedro Angulo para informar sobre el clima de las protestas.

En una carta publicada por Twitter, el expresidente Castillo que se encuentra detenido en una prisión policial dijo que se encuentra en el trance más difícil de su gobierno «maltratado y secuestrado» y calificó a Boluarte como «usurpadora».

Castillo pidió en la carta que se realice de forma inmediata una asamblea constituyente y exhortó no caer en el «juego sucio» del plan de Boluarte de adelantar las elecciones.

La presidenta Boluarte indicó que antes de realizarse las elecciones anticipadas, su gobierno promoverá en el Congreso una reforma del sistema político que permita tener un «gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a la práctica de corrupción y legitimado por la participación ciudadana».

«La patria está viviendo horas difíciles», manifestó.

Las protestas se recrudecían el lunes por el bloqueo por parte de una comunidad en el Cusco de una carretera clave que usa la mina de cobre Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd, dijo a Reuters una fuente cercana de la compañía. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

Más temprano, comunidades indígenas habían anunciado un paro indefinido en Apurímac, donde opera Las Bambas, que ha sufrido constantes protestas de comunidades que reclaman mayores beneficios por la explotación minera.

La fuente en Las Bambas dijo que la empresa no se pronunciará al respecto, pero confirmó amenazas de bloqueos y de una «radicalización» de las protestas contra la minera en las comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac.

Castillo, un exmaestro y campesino, había obtenido un gran apoyo en las zonas rurales y mineras que lo llevaron al cargo en 2021. Sin embargo, su administración estuvo sumida en denuncias de corrupción y enfrentó hasta tres juicios de destitución.

Diversas protestas de cientos de personas se realizan desde la semana pasada en algunas ciudades del interior del país y en Lima, en busca de evitar que Boluarte, de 60 años, cumpla el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026.

En Apurímac las autoridades han ordenado el cierre del aeropuerto de la ciudad tras un ataque el fin de semana por parte de manifestantes, según la policía. Asimismo, tramos en la principal carretera de la costa peruana permanecían bloqueadas el lunes en las regiones sureñas de Ica y Arequipa.

La filial de la aerolínea Latam dijo en un comunicado que suspendió sus vuelos hacia y desde Arequipa, tras reportes del cierre del terminal aéreo tras la invasión de manifestantes de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo informó de dos heridos en un choque de manifestantes con la policía en el aeropuerto.

Para recuperar el orden, la presidenta declaró el «estado de emergencia» en las zonas de «alta conflictividad», una medida que da luz verde para que el Ejército pueda si es necesario asumir el control en las regiones en protesta.

«He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía», dijo Boluarte, que lamentó el fallecimiento de las personas en Apurímac.

Los manifestantes, muchos de ellos simpatizantes del exmandatario, demandan también el cierre del Congreso y la liberación de Castillo, quien cumple un arresto preliminar desde el miércoles tras el fallido intento de cerrar el parlamento.

En el Congreso se aprobó en la madrugada del lunes levantar la inmunidad que tiene Castillo, para que pueda ser investigado por la fiscalía, en medio del rechazo de parlamentarios de izquierda que pedían la liberación del expresidente.

Castillo es investigado por la fiscalía por el presunto delito de «rebelión y conspiración».

 

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