Según un análisis realizado, el 21% de los expedientes de la Justicia Federal contra funcionarios nacionales en causas por corrupción acumula más de 10 años en instrucción. Así surge de la base de datos del Observatorio de la Corrupción de ACIJ y de la Corte Suprema.
La acusación del fiscal Diego Luciani en el juicio oral contra Cristina Kirchner es casi una excepción en las investigaciones de causas por corrupción de la Justicia Federal en la Capital. Los tribunales federales tramitaron miles de causas por delitos vinculados a funcionarios públicos nacionales, pero sólo una minoría de esos expedientes llegaron a la instancia definitiva. El resto naufragaron entre instrucciones que se extendieron por años, sobreseimientos, prescripciones y archivos.
Sólo el 12% de los casos de corrupción que tramitó la Justicia Federal de la Capital en las últimas tres décadas llegaron al juicio oral. Ese porcentaje es en base a un total de 1.736 causas por delitos en la función pública iniciadas entre 1980-2022, de las cuales el 78% fueron abiertas a partir de 2013. De ese total, un cuarto de ellas (435) están en trámite, pero solo el 6% de esos expedientes en curso (25) llegaron a juicio.
El juicio oral y público es una instancia clave porque, en la medida que las causas se acumulan sin resolución, los investigados permanecen como imputados bajo investigación, o incluso procesados, sin que se resuelva su situación. En paralelo, se afianza la percepción en la sociedad que la corrupción permanece impune.
La mayoría de las causas por corrupción culmina con el archivo (21%) o el sobreseimiento (20%) en la etapa de la investigación. Solo el 3% de las causas concluyeron con un procesamiento al cabo de la instrucción, es decir, con una acusación formal. Los datos surgen de una compilación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que procesó y analizó Infobae, en base a datos provistos por la Corte Suprema.
La instrucción de una causa es la primera etapa de la investigación penal, que está en manos de un juez y un fiscal, quienes deciden luego si corresponde acusar formalmente a los imputados de uno o más delitos y elevar el expediente a juicio. Recién ante un Tribunal, se analiza toda la prueba en el debate oral y público, se cita a testigos, se realizan los alegatos de los acusadores y las defensas, se escucha a los procesados, y tres jueces resuelven por mayoría una condena o una absolución.
Los datos muestran que el cuello de botella se hace cada vez más angosto en el tramo final de las causas por corrupción, el momento de la sentencia. Una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación en 2016 indicó que sólo el 2% de los expedientes por corrupción en la Justicia Federal de la Capital llegaron a una sentencia de culpabilidad. Actualizada a este año, las condenas suman 221 a lo largo de 25 años.
Entre los casos más emblemáticos están algunos más antiguos, como los de la ex ministra María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito; Carlos Menem por contrabando de armas, la venta del predio de La Rural y los sobresueldos cobrados por altos funcionarios en su gobierno; o su ex ministro Domingo Cavallo, también condenado en estas últimas dos causas. Más recientes, ex funcionarios kirchneristas también fueron encontrados culpables, como Felisa Miceli por la bolsa con dinero encontrada en su despacho; Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra, entre otros expedientes; Julio de Vido y Juan Pablo Schaivi por la tragedia de Once; José López por los bolsos con USD 9 millones en el convento de General Rodríguez; y Ricardo Echagaray por defraudación al Estado en la causa de Oil Combustibles.
“La lentitud en el tratamiento de las causas de corrupción y la baja tasa de expedientes que alcanzan la instancia de juicio oral responde a que el Poder Judicial ha mostrado ser muy permeable a los vaivenes de la política y ha utilizado discrecionalmente los tiempos procesales como mecanismo de presión o de negociación en función de criterios completamente ajenos a la búsqueda de la justicia” advirtió Joaquín Caprarulo, coordinador del programa de Acceso a la Justicia de ACIJ. Y agregó que, por otro lado, “también contribuye a este escenario la falta de capacidad técnica y de recursos para atender causas de mucha capacidad probatoria”.
La compilación de causas de ACIJ evidencia la lentitud de los Tribunales cuando se trata de investigar al poder: el 41% de las causas de corrupción contra funcionarios nacionales que atraviesan aún la instrucción y el 36% de la que ya concluyeron esta etapa, llevan entre 6 y 10 años en conseguir una decisión final del juez. Los tiempos de la Justicia suelen moverse según los tiempos políticos.
Pero también hay un 21% de causas que ya acumula más de 10 años de trámite en primera instancia. En cambio, los delitos que se resuelven en menos de tres años son apenas del 17% y, en la mayoría de los casos, son sobreseimientos o archivos de los expedientes.
Otro 21% de las causas cuya instrucción sigue abierta se resolvió entre 3 y 6 años, un plazo que puede considerarse “rápido” para los Tribunales, aunque no para el común de los ciudadanos.
De los expedientes ya cerrados, el 33% también tuvo una definición en ese plazo. Es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, por ejemplo, que fue denunciado en 2012 por la compra irregular de la imprenta Ciccone y que fue condenado en primera instancia en 2018. En el otro extremo se ubica el de la ex ministra de Ambiente Romina Picolotti, quien fue denunciada en 2005 pero recién terminó condenada el año pasado por pagar gastos personales con fondos públicos.
Los jueces de los tribunales de Comodoro Py que más expedientes de delitos contra la administración pública instruyeron o tienen aún en curso son Julián Ercolini (185), Sebastian Casanello (182) y el fallecido Claudio Bonadio (178).
¿Cuáles son los delitos más denunciados? Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (313 veces), defraudación agravada (288), negociaciones incompatibles con la función pública (138) y administración fraudulenta (138). La figura de asociación ilícita, cuestionada durante estos días por el kirchnerismo ante la acusación en la causa Vialidad contra la vicepresidenta de ser jefa de una banda destinada a defraudar al Estado, ocupa un lugar secundario con 84 denuncias bajo ese rótulo.
Fuente: Infobae
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