Avanza causa judicial en la que se disputan la propiedad de un edificio de consultorios médicos en el centro de Posadas

Muchas de las unidades en el edificio de consultorios médicos ya fueron vendidas a terceros, con lo cual hay personas que pagaron mucho dinero y hoy no está claro si son propietarios. De un lado denuncian una maniobra finamente pergeñada, del otro hablan de un avivado que quiere quedarse con lo que no es suyo.

edificio de consultorios médicos

Un conflicto en una sucesión familiar plantea serias dudas respecto a la propiedad de un edificio  de consultorios médicos en pleno centro posadeño. Muchas de las unidades ya fueron vendidas a terceros, con lo cual hay personas que pagaron mucho dinero y hoy no está claro si son propietarios. De un lado denuncian una maniobra elaborada para ocultar un bien, del otro hablan de un avivado que quiere quedarse con lo que no es suyo.

El caso involucra al terreno sobre el que se erige el edificio de consultorios ubicado en la esquina de las calles San Martín y San Luis, propiedad original desde hace varias generaciones de la familia Marosek.  Como muchas otras historias de sucesiones conflictivas, lo que ocurrió fue que una parte de la familia se quedó con el inmueble y después de algunos años apareció un tercero exigiendo derechos de propiedad que le corresponderían a un supuesto heredero que habría quedado afuera del reparto de bienes.

Desde ambas partes cruzan acusaciones. Denunciantes describen una maniobra muy bien elaborada que incluye una ingeniería financiera para ocultar el bien a quien sería legítimo dueño del 50% del mismo y desde la otra parte entienden que todo el caso no es más que una “avivada” de alguien que quiere quedarse con algo que no le corresponde.

La última novedad en la causa es una disposición del juez Claudio Garay, titular del juzgado civil de Ituzaingó, Corrientes a través de la cual ordena al oficial de justicia de Posadas que se constituya en el inmueble y constate el estado material y de ocupación del edificio, individualizando a sus actuales ocupantes, el carácter que detentan y la documentación que exhiban acreditando dicha condición.

La causa ya lleva 16 años y hay un fallo firme a favor del reclamante, lo que no impidió que la construcción del edificio continuara y que también avanzara la venta de las unidades. Eso complica aún más el panorama ya que quienes compraron los consultorios también deberán afrontar juicios en su contra, al menos eso es lo que afirma el reclamante.

Para contar el inicio de la historia hay que remontarse varias décadas atrás, cuando la propiedad del inmueble en cuestión pasó a manos de los hermanos Víctor y Ernesto Marosek en partes iguales.

Según coinciden desde ambas partes implicadas en el juicio, todo empezó cuando Ernesto, que atravesaba problemas económicos, le pidió a Víctor asumiera la propiedad total del terreno para preservar la parte que le tocaba de dicho bien de un posible embargo. Para resguardar el derecho de Ernesto, los hermanos firmaron un contradocumento en el cual se reconocía que ambos eran propietarios en partes iguales.

Desde ese punto del relato en adelante, aparecen versiones diferentes.

Representantes de los hijos de Víctor aseguran que años después de que se firmara ese contradocumento, Ernesto le vendió a Víctor su parte del terreno.

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Reconocen que en ese punto cometieron un error de índole administrativo que terminó abriendo la puerta para que se planteara un reclamo posterior: en vez de firmar un nuevo documento ante escribano público que registrara apropiadamente la venta entre los hermanos y estableciera fehacientemente que desde ese momento la propiedad exclusiva del predio le correspondía a Víctor, se limitaron a destruir el original del contradocumento.

Siempre según la versión de los Marosek, el conflicto se generó cuando años después apareció una copia certificada de ese contradocumento, cuya existencia desconocían, en poder de uno de los familiares de Ernesto.

Parte de los descendientes de Ernesto negaron que esa venta entre los hermanos hubiera ocurrido y se afirmaron en la copia de ese contradocumento para reclamar el 50% del terreno, después transfirieron los derechos de ese contradocumento a Héctor Derna, quien recurrió a la justicia.

Derna presentó una denuncia civil y otra penal por “desbaratamiento de derecho” y se interpuso una acción de reivindicación.

En la denuncia, consideran que hay desbaratamiento de derecho porque aun sabiendo que la propiedad del 50% del terreno estaba en litigio, los Marosek trasfirieron el inmueble primero a un fideicomiso y luego a otro, el último de ellos integrado en carácter de fiduciante por la empresa KM 0 SA del empresario tealero Crispín Beitía.

“Yo tengo derecho al 50% de la propiedad, pero cuando voy a buscarlo ya no está ahí porque lo trasfirieron a otro. Es como una muñeca mamushka. Tengo un derecho y para ejercerlo tuve que presentar una acción de reivindicación”, explican quienes impulsan la denuncia.

En 2019 el Superior Tribunal de Justicia dejó firme una sentencia que declara que la mitad del bien en disputa era de la sucesión (es decir de Derna), con lo cual sería nulo todo lo actuado sobre ese bien desde esa fecha.

Derna señaló que a pesar de ese fallo y de las dos denuncias por desbaratamiento de derecho, de un expediente por elevarse a juicio y de una acción de reivindicación, el fideicomiso al que fue transferida la propiedad, sigue vendiendo consultorios.

Respecto a esa cuestión advierten que por más que los compradores estén actuando de buena fe, les cabe responsabilidad porque al comprar pasan a formar parte del fideicomiso denunciado en la causa. “Todos los que compraron tienen un juicio en contra, creemos que ellos son los más perjudicados en toda esta operatoria”, afirman.

Estafa en Oberá: vendieron una vivienda que no les pertenecía y terminaron detenidos https://t.co/VUCVwAuVNb

— misionesonline.net (@misionesonline) August 2, 2021

Desde la otra parte argumentan que las operaciones que se realizaron y que involucraron la conformación de dos fideicomisos nunca respondieron a una intención ilegítima de “esconder” el bien bajo litigio sino que fueron operaciones comerciales necesarias para obtener el financiamiento necesario para llevar adelante la construcción del edificio que hoy se erige en el predio en cuestión.

Señalan también que en el lapso en el que se hicieron dichas operaciones no existía ninguna medida judicial que restringiera la venta o que advirtiera sobre la existencia de un juicio. En cuanto a la venta de los consultorios a terceros, señalan que no hay ningún impedimento.

Tampoco reconocen que Derna tenga derecho alguno sobre el 50% de la propiedad y aseguran que quienes compraron los consultorios no corren ningún riesgo de perder parte de los inmuebles que adquirieron.

Las dilaciones propias de la justicia argentina hicieron que la disputa se extendiera por casi dos décadas y que los compradores de los consultorios no tengan a día de hoy la certeza de que lo que adquirieron es efectivamente su propiedad.