Después de la pandemia llegó la guerra y detrás de ella viene una “catástrofe alimentaria”, o al menos eso es lo que anticipa una de las publicaciones más influyentes del mundo, la revista The Economist. Para países productores de alimentos se platea una disyuntiva de hierro: aprovechar la escalada de precios para sumar dólares o limitar exportaciones en defensa del consumo interno.
El informe de la revista inglesa titulado “The coming food catastrophe” señala que la invasión de Rusia a Ucrania provocó drásticas reducciones en las exportaciones de alimentos, especialmente trigo, de esos países que entre ambos suministran el 12% de las calorías que se intercambian globalmente y que para proteger sus consumos internos, otros 23 países aplicaron restricciones a sus exportaciones de alimentos.
El caso más significativo fue el de India que anunció este mes la suspensión total de sus ventas al exterior de trigo, lo que provocó un alza instantánea de 6% en los precios internacionales, que para entonces ya venían arrastrando una suba interanual de más de 50%.
Semejante escalada en los precios internacionales de productos que son esenciales en las mesas de todo el mundo resulta un arma de doble filo para los países que los producen. Por un lado brindan la oportunidad de incrementar significativamente los ingresos por exportaciones, pero por otro, pueden generar un alza en los precios de esos mismos alimentos en sus mercados internos.
Priorizar el comercio exterior o la mesa propia, esa es la cuestión.
Para Argentina la disyuntiva no es menor, porque con una economía destruida necesita imperiosamente de los dólares que pueda liquidar el campo, pero con una pobreza de más de 40% y una inflación anual arañando los 60 puntos, también debería defender la “mesa de los argentinos”.
En lo que va del año el precio de la harina aumentó en Argentina más de 50% sin que el Gobierno hiciera mucho para evitarlo, más allá de un fideicomiso y un nuevo programa de Precios Cuidados que no tuvieron mucho efecto.
La ausencia de una intervención más enérgica del Gobierno no es necesariamente una crítica, de hecho la mitad de la biblioteca de economía (la mitad de la derecha) sugiere que la mejor opción siempre y en todas las circunstancias es dejar que los mercados se muevan en libertad, sin intromisiones estatales.
Lo llamativo en todo caso –cuestiones como esta explican la fractura en el Frente de Todos- es que sea un Gobierno integrado por el kirchnerismo y un equipo económico liderado por un discípulo del prominente keynesiano Joseph Stiglitz quienes se inclinen por la opción libremercadista ante una coyuntura tan delicada.
Que sí, que no
Resulta difícil saber cuál será el rumbo en los próximos meses porque el presidente y sus ministros se dedicaron esta semana a despistar a todos.
Con los precios del trigo volando por los aires, lo que podría esperarse de un gobierno kirchnerista es un aumento en las retenciones con el objetivo de desacoplar lo máximo posible los precios internos de los internacionales.
Eso llevó a que el periodista/economista Alejandro Bercovich pusiera el tema sobre la mesa en una entrevista radial con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Para tranquilidad del campo de la Pampa Húmeda, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no estaba en los planes del Gobierno aumentar las retenciones y para alimentar la tirria del kirchnerismo se apoyó en argumentos propios del liberalismo ortodoxo como la teoría del derrame.
Evidentemente el presidente Alberto Fernández estaría sintonizando otra radio en ese momento porque el día siguiente salió a reclamarle al Congreso que impulsara un incremento en las retenciones.
En cualquier país con algún atisbo de lógica y de respeto a las jerarquías, el ministro de Economía se vería obligado a renunciar o al menos a ensayar algún malabarismo dialéctico para disimular semejante desautorización a su palabra por cuenta de su jefe directo, el presidente.
Lo que pasó en cambio fue que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a desmentir al Presidente de la Nación, aclaró que el Ejecutivo no tiene pensado mandar al Congreso ningún proyecto tendiente a aumentar retenciones y que tampoco pensaba hacerlo por vía de decreto.
Un presidente desautorizando a su ministro de economía y un ministro de agricultura saliendo a desmentir al citado primer mandatario sería, en cualquier otro país del mundo, motivo de una fenomenal crisis política con revoleo de renuncias a mansalva, pero en la Argentina de hoy no pasó de un ejercicio habitual de sano debate interno.
Dando una nueva muestra de su afición por contradecir a sus ministros y a sí mismo, el Presidente volvió a hablar el viernes, esta vez en una entrevista radial con Ernesto Tenembaum. Dijo que el Gobierno “necesita hacer algo” para que “los precios de los alimentos se desacoplen de los precios internacionales” y consideró que la herramienta indicada para que eso sucediera “son las retenciones”.
El mismo Presidente que hace solo dos meses aumentó por vía de decreto las retenciones al aceite y harinas de soja y que suele cuestionar a la oposición por pretender “gobernar desde el Congreso” ahora consideró que las retenciones son “un tema legislativo” y que, en consecuencia, son los diputados y senadores los que deben asumir la responsabilidad por la tal decisión.
En resumen: el Presidente tiene muy claro que hay que aumentar las retenciones a las exportaciones de trigo para que los precios internos de la harina dejen de subir acompañando a los valores internacionales del trigo.
Sus ministros de Economía y Agricultura están convencidos de que esa medida sería equivocada y no tienen prurito alguno en decirlo abiertamente. El propio Guzmán, que se supone es el más “albertista” de los integrantes del gabinete, se explayó sobre el particular y explicó que subir la carga impositiva haría que los productores dejaran de plantar trigo y eso en el mediano plazo sería contraproducente no solo para las exportaciones sino también para “la mesa de los argentinos”.
El Presidente se da cuenta que no tiene plafón para aumentar las retenciones ni siquiera dentro de su propio gabinete y le tira al Congreso la responsabilidad de tomar una decisión que considera importante para su Gobierno, aun cuando sabe que es prácticamente imposible que los legisladores de la oposición se compren una pelea con el campo para allanarle el camino a su gestión.
¿El resultado? Ninguno, la inacción absoluta.
Atraso cambiario
El auge de los precios internacionales de varios de los ítems principales del menú exportador nacional le permitió al Gobierno nacional seguir atrasando la cotización del dólar oficial sin que ello repercutiera negativamente en la balanza comercial.
La inflación interanual al último día de abril fue de 58%, para la misma fecha la cotización oficial del dólar se incrementó 23% interanual. Si se toma en cuenta que en ese mismo lapso la inflación en Estados Unidos fue de 8,5%, la brecha entre la inflación (que marca una referencia general del comportamiento de los costos internos de Argentina) y la cotización del dólar oficial sumada la inflación de EEUU (que marca una referencia general de la variación de los precios de exportación) fue de 26,5 puntos porcentuales.
La escalada que tuvieron en los últimos meses los precios internacionales del trigo, el aceite de soja y otros alimentos que Argentina exporta en gran volumen hizo que las ventas al exterior de esos productos siguieran siendo altamente rentables, pero esa condición no se mantuvo para el resto de la oferta exportadora.
Eso lo saben muy bien los yerbateros, madereros, tealeros y tabacaleros de la provincia que en la última reunión del Consejo Agroindustrial de Misiones plantearon que el tipo de cambio oficial atrasado está resultando un inconveniente cada vez más serio para las economías regionales que no fueron alcanzadas por el boom de los precios internacionales de los alimentos.
El último informe de balanza comercial difundido por el INDEC el jueves aporta un panorama de la situación. En el primer cuatrimestre el saldo fue positivo en 1.444 millones de dólares gracias en buena medida a un crecimiento interanual de 150% en los ingresos por exportaciones de trigo, además de incrementos en las ventas al exterior de aceite de soja y otros derivados de esa oleaginosa.
Los precios altísimos de los alimentos que exporta Argentina permitieron que la balanza comercial cerrara con números favorables a pesar de un incremento de más de 47% en las importaciones.
Ese aumento en las compras al exterior es otro síntoma del atraso cambiario. En comparación a la prepandemia, el PBI del país aumentó 1% mientras que las importaciones lo hicieron en 16%.
Eso indica que otra de las banderas de la gestión económica del kirchnerismo, la sustitución de importaciones, está recorriendo el camino inverso, es decir que son las importaciones las que están sustituyendo a la industria nacional.
Es que prácticamente cualquier producto que pueda importarse al dólar oficial de menos de 120 pesos resultará más barato que el mismo ítem fabricado en Argentina.
En conversaciones informales durante la reunión del Consejo Agroindustrial, un tealero de Campo Viera afirmaba que en términos de costos le resultaba más conveniente traer desde el Sudeste Asiático los envases para su producto que comprarlos de la fábrica de Leandro N. Alem en la que habitualmente se abastece. Algo anda mal cuando cosas como esa ocurren.
El problema es en extremo complejo, porque una devaluación que revirtiera de un plumazo el atraso cambiario acumulado solamente en el último año, traería consecuencias devastadoras en la inflación.
Fractura opositora
Si dentro del Frente de Todos la tarea de gobernar provocó disidencias que se transformaron en enfrentamientos abiertos, en el otro gran frente de alcance nacional, Juntos por el Cambio, el hambre de candidaturas generó una interna que amenaza con convertirse en fractura.
El escenario más reciente de la disputa opositora fue la cena de la Fundación Libertad, en el exclusivo complejo Goldcenter de Parque Norte, donde el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti fueron incómodos testigos de la interna cambiemita.
El primer orador fue el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que levantó las banderas del diálogo y la moderación, pero no se privó de disparar un par de dardos envenenados dirigidos a sus competidores en la interna hacia la candidatura presidencial 2023.
“Si para llegar tenemos que criticar e insultar a todo el mundo, después no podemos pedirle apoyo para ninguna transformación”, advirtió mirando a la mesa que ocupaba la combativa Patricia Bullrich, para luego dejar una frase que sonó como una obvia referencia a la presidencia de su otrora jefe político, Mauricio Macri: “el cambio, si no se sostiene en el tiempo, más que cambio es una anécdota”.
La siguió en el uso de la palabra la presidenta del PRO quien se ubicó en las antípodas de la postura dialoguista de Larreta, pidió “un cambio corajudo”, no le rehuyó a la polarización política e incluso reivindicó la figura de “la grieta”. “Esa grieta la tenemos que abordar porque no se sale de la situación argentina sin abordar el conflicto moral y ético, el conflicto de las mafias”.
También eligió una postura más extrema cuando habló de economía, al punto de considerar que “el peso no existe” y que “la dolarización es un proceso irreversible”.
Macri se mostró más cercano a Bullrich y volvió sobre una línea de discurso que viene repitiendo en sus últimas apariciones: una suerte de mea culpa sui géneris en el que se atribuye el pecado de la moderación por haber prestado demasiada atención a cuestiones de corrección política.
“De verdad tenemos que sentir un llamado a demostrar que aprendimos, que nunca más en este país se va a hacer lo políticamente correcto”, dijo.
Para su segundo tiempo, Macri propone básicamente hacer lo mismo que en el primero, pero más rápido. Son las mismas recetas que lo llevaron a perder después de un solo período y a dejar como herencia un incremento en el desempleo, la inflación, la pobreza y el endeudamiento externo. Promete bajar los impuestos como solución, receta que cuando se aplicó solo benefició al sector más encumbrado de la sociedad y de la economía.
“No siempre hay que acompañar las tendencias que suenan bien”, dijo Macri en un discurso en el que hizo todo lo posible por parecerse al economista libertario Javier Milei, la última de las tendencias que suenan bien para un número cada vez mayor de argentinos.
Los esfuerzos del ala dura del PRO por oficiar de salieris de Milei no parte de coincidencias ideológicas o programáticas sino de un obvio cálculo electoral que surge de la lectura de las últimas encuestas que muestran un sostenido crecimiento de la intención de voto del libertario.
Pero el fenómeno Milei opaca a las dos alianzas nacionales. Emergió mostrándose diferente y criticando de manera frontal, sin intermediarios, permitiendo la llegada directa y despegándose de forma decidida de los dos grandes frentes que representan el sinónimo de fracaso para la mayoría de la sociedad. Sin estructura los está barriendo.
Similitudes locales
Así como Milei se muestra diferente en lo nacional, la renovación se muestra diferente a los dos grandes frentes en lo provincial. Enfocada en la gestión, sin peleas, sin pensar en candidaturas sino en resolver temas de la gente. Esa es la fórmula que le valió el acompañamiento mayoritario en las elecciones, especialmente cuando hay que elegir cargos ejecutivos. Sin hacer campaña ni hablar de elecciones, cualquiera de los tres candidatos renovadores que vienen sonando en los medios y supera ampliamente en intención de votos al mejor de los opositores.
En la originalidad de los espacios que se destacan en lo nacional y en lo provincial hay similitudes. La renovación se caracteriza hace ya un buen tiempo por impulsar renovadas ideas, el debate por la economía del conocimiento, el medio ambiente y la mirada joven de lo que se viene en el mundo.
La búsqueda constante del Gobierno renovador de la favorecer la innovación de la mano de las nuevas tecnologías, a través por ejemplo del Silicon Misiones, es una política de Estado de perfil liberal. Como en Estados Unidos, la aplicación de la tecnología, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la robótica y otros proyectos impulsados desde hace una década por la renovación son de cariz liberal.
El propio Javier Milei se interesó en conocer la experiencia misionera de aplicar la economía del conocimiento desde la gestión política y viajó a la provincia hace un mes a tomar contacto con este proyecto. Sus cercanos dicen que quedo muy convencido de que lo hecho en Misiones muestra un camino para despegar del llano económico a nivel nacional.
El gobernador censista
El gobernador Oscar Herrera Ahuad volvió a llamar la atención de los medios nacionales gracias a su natural sencillez. La gente se lo cruza en las ferias, en los eventos deportivos, en espectáculos artísticos, eventos solidarios y el miércoles último lo vieron oficiando de censista.
Para quienes no lo conocen podría resultar extraño ver a un gobernador actuando como ciudadano común con responsabilidades extraordinarias.
A muchos les gustaría copiar su estilo, pero muy pocos tienen la posibilidad de caminar y llegar a las casas de los vecinos de cualquier ciudad o pueblo sin recibir reclamos, quejas o hasta un portazo en la cara. Es un mérito que se ganó con compromiso y seriedad, estando cerca, escuchando y dando respuestas.
Nadie se imagina al presidente Fernández o al Gobernador Axel Kicillof golpeando la puerta de una casa en un barrio bonaerense.
Herrera aprovechó la exposición en los medios nacionales que le dio su participación en el Censo para seguir instalando el reclamo de Misiones por una coparticipación injusta que recibe. Aclaró que Misiones aporta como la octava economía y recibe como la décimo octava, dejando en evidencia el reparto injusto que beneficia principalmente al AMBA pero también a otras provincias.
Consecuencia del criterio centralista con el que el Gobierno nacional (este y los anteriores) reparte la torta de recursos fue el paro de colectivos que paralizó al transporte urbano y de media y larga distancia en todas las provincias.
Los choferes de todo el interior del país reclaman ganar lo mismo que sus pares del Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA), pero a las empresas les resulta difícil cumplir con eso porque reciben mucho menos dinero en forma de subsidios de Nación.
¿Cuán dispar es el reparto? El AMBA recibe 26.000 millones por mes del fondo de compensación del transporte, mientras las restantes 23 provincias, que concentran al 63% de la población argentina, reciben en conjunto solo 3.500 millones.
En la misma semana el mandatario misionero estuvo en San Pablo, Brasil, con el presidente Jair Bolsonaro y el embajador Daniel Scioli, en una feria de alimentos y de la industria. Ofreció productos misioneros a los brasileños y los invitó a que invirtieran en Misiones, donde hay mano de obra formada y existe una ubicación estratégica en el corazón del Mercosur. Una oportunidad que será tenida en cuenta por grandes empresas radicadas en aquel país.
Con impronta inclusiva
La Legislatura misionera sancionó la ley impulsada por el diputado Carlos Rovira, para garantizar la atención multidimensional, el acompañamiento y la plena inclusión de las personas con síndrome de Down. Con esta medida se busca asegurar la calidad de la atención de salud y proporcionar los recursos necesarios para potenciar las competencias intelectuales, laborales, emocionales y habilidades sociales de estas personas, para que puedan desarrollarse de manera autónoma y concretar un proyecto de vida independiente y de calidad.
Hubo madres con lágrimas en los ojos que participaron de la sesión del jueves y reconocieron la sensibilidad de los diputados, pocas veces vista en otros lugares, llegando al corazón de la sociedad. Un proyecto con pleno apoyo, que une a la sociedad y genera acompañamiento total. Es algo distinto que emerge desde un partido político distinto. Misiones une a la sociedad, acaricia el corazón con el elevado criterio para tratar los asuntos políticos.
Los objetivos de ley son garantizar la detección temprana del síndrome de Down y el tratamiento de las afecciones asociadas; la estimulación temprana y las terapias indicadas para potenciar el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social desde el nacimiento; y promover la inclusión educativa a través de estrategias pedagógicas diversificadas, y la asignación de recursos y de profesionales especializados.
También se busca favorecer la inclusión laboral a través de políticas activas; brindar asesoramiento y acompañamiento personalizado a las personas con síndrome de Down, sus familias y cuidadores; informar y sensibilizar a la comunidad sobre esta condición genética; promover la formación y capacitación de los profesionales de la salud sobre detección temprana y tratamiento especializado de afecciones asociadas al síndrome de Down.
También se aprobó ley que implementa el Modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia, que pretende asegurar el acceso universal y oportuno a servicios materno neonatales con respeto de la interculturalidad; disminuir la morbimortalidad materna e infantil y optimizar la atención sanitaria; y proteger y respetar los derechos de la mujer embarazada, la madre, el padre y el recién nacido.
Además, se busca la participación y la colaboración del padre, la familia y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y el recién nacido, durante el embarazo, el parto y el puerperio; fortalecer la seguridad de la atención y el uso de prácticas efectivas por parte del equipo de salud de la maternidad; e implementar prácticas para la promoción de la lactancia materna según las pautas de la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño.
Por otra parte, en la misma ley se implementó el modelo de Hospital Amigo de la Familia Indígena Mbyá Guaraní en las maternidades de los hospitales públicos de la provincia. Esta medida apunta a fortalecer las condiciones de atención, seguimiento y tratamiento de las familias provenientes de las comunidades Mbyá Guaraní; a fomentar el reconocimiento positivo de la diversidad cultural, lingüística y del uso de la medicina tradicional y sus prácticas terapéuticas; y a crear conciencia en las comunidades indígenas sobre sus derechos frente al cuidado de la salud; entre otros propósitos.
