Referentes de los bloques más numerosos de la Cámara de Diputados se mostraron confiados en que en las próximas semanas podrán debatir una nueva ley sobre la composición del Consejo de la Magistratura, tras las idas y vueltas registradas en los últimos días en torno al nombramiento del cuarto representante por cada uno de los cuerpos legislativos.
La controversia que esta semana atravesó al Congreso estuvo ligada al inicio del plazo fijado por la Corte Suprema para cumplir su fallo de diciembre pasado, en el que consideró inconstitucional la ley que reformó el Consejo de la Magistratura en 2006 -lo redujo a 13 miembros- y ordenó restituir la composición anterior, de 20 consejeros.
Más allá de los cruces mediáticos y judiciales sobre cómo y quiénes debían debían ocupar los nuevos casilleros del organismo, desde la mayoría de los bloques legislativos se mostraron dispuestos a encarar el tratamiento de una nueva ley que rija el funcionamiento del Consejo.
La idea original del Frente de Todos era avanzar con el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción del Senado, que fue aprobado en base a modificaciones realizadas al texto enviado originalmente por el Ejecutivo, a partir de la búsqueda de apoyos de los diputados que responden a las provincias.
A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, en la Cámara baja al FdT no le alcanza para llegar al quórum de 129 ni para alcanzar esa cantidad de votos, número necesario por tratarse de una modificación a un órgano constitucional.
Ese es uno de los motivos por los que aún se demora la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a las que fue girado el proyecto que llegó de la Cámara alta.
Desde el oficialismo y desde Juntos por el Cambio se culpan recíprocamente por el atraso en la conformación de esas comisiones y en esa disputa estaban cuando llegó el 15 de abril, fecha tope del otorgado por la Corte para sancionar una nueva ley antes restituir la ley 24937 (con la modificación del 24939), que rigió el funcionamiento del Consejo hasta que fue derogada, en 2006.
Una de las prioridades para el Congreso, sobre todo para el FdT, era evitar que se aplique otra vez aquella ley, que establece un Consejo de la Magistratura de 20 miembros con el titular del máximo tribunal en el rol de presidente.
De hecho, la principal diferencia entre el FdT y JxC gira en torno a la presencia o no del presidente de la Corte Suprema como miembro y hasta como titular del organismo que selecciona y remueve a los jueces. La distancia que se perfila entre ambas posiciones torna muy complejo alcanzar un consenso mayoritario para lograr una nueva ley.
En ese contexto, sin embargo, el senador nacional Mariano Recalde manifestó recientemente estar convencido «de que existen chances de que se apruebe» una nueva ley, y cuando le preguntaron si era posible incorporar cambios al proyecto con media sanción en el Senado, para lograr así los apoyos necesarios, lo consideró «factible».
«La media sanción del Senado no lo dice explícitamente pero prevé la posibilidad de que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente, yo creo que podría ser una opción para destrabar y que salga la ley», subrayó.
Por su parte, el diputado Pablo Tonelli, del PRO, remarcó: «La solución republicana, la solución democrática, la situación institucional a este entuerto en el que nos hallamos, es que el Congreso sancione una nueva ley orgánica (sobre el Consejo de la Magistratura). De eso no tengo ninguna duda y lo vengo diciendo desde el principio de este conflicto».
Además, el referente jurídico del PRO en el Parlamento aclaró: «Desde Juntos por el Cambio no vamos a probar ninguna ley de esta envergadura por mayoría simple; o nos ponemos todos de acuerdo y la aprobamos con los dos tercios (de los integrantes de la Cámara), para que el Senado no la pueda modificar, o no aprobaremos ninguna ley».
En tanto, desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño consideró que «el tema tiene que definirse a través de una nueva ley», y confió en que el Parlamento pueda debatirla en los próximos meses.
«Nosotros como cámara revisora tenemos discordancia con lo que mandó el Senado, ya que acá lo que hacemos es revisar lo que hizo el Senado, con todas las potestades que nos da ser representantes del pueblo. En ese rol vamos a hacer las modificaciones y consideraciones, si tenemos las mayorías, obviamente, para que la ley se ajuste a lo que marca la Constitución», expresó Camaño.
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Tras ser aprobado por mayoría simple en el Senado, el proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura pasó a Diputados la semana pasada. Después de eso, y una vez que la Corte Suprema tomó finalmente a su cargo la presidencia del Consejo, el FdT desplegó una estrategia sorpresiva que le permitió sumar un representante más en ese cuerpo.
En la noche del martes, la bancada del oficialismo en el Senado se convirtió en un interbloque compuesto por el bloque Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y el bloque Unidad Ciudadana, de 14. La ley puesta en vigencia por la Corte, sancionada originalmente en los años 90, establecía que los representantes de cada cámara debían ser dos por la mayoría, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.
De ese modo, con la división del bloque oficialista en la Cámara alta, el Frente Nacional y Popular designó a los senadores Recalde (CABA) y María Pilatti Vergara (Chaco); la UCR a Silvia Giacoppo (Jujuy), y Unidad Ciudadana al oficialista Martín Doñate (Río Negro). Esa acción dejó fuera del Consejo al macrista Luis Juez.
A partir de esa situación, JxC desplegó una serie de quejas ante la Justicia que consistieron en un reclamo al titular de la Corte, Horacio Rosatti, para que no le tome juramento a Doñate.
Además, le reclamaron al máximo tribunal que intime a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a designar a Juez con el argumento de que la partición del bloque oficialista era «extemporánea» porque, según ese planteo, se produjo luego de que entrara en vigencia la sentencia original de la Corte.
Simultáneamente, el presidente de la Cámara baja Sergio Massa hizo lugar al pedido del radicalismo para nombrar como cuarta integrante a la diputada santacruceña de la UCR Roxana Reyes, lo que también derivó en un pedido de impugnación motorizado por el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Germán Martínez.
«Al tener uno de los cuatro representantes en el Consejo, nuestro bloque está subrepresentado», argumentó el santafesino, en referencia a que solo la oficialista Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires) responde a su bancada, ya que el lugar restante es de Graciela Camaño, del interbloque Federal.
Fuente: Télam
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