Más voces cuestionan al ex presidente del IFAI y piden que actúe la Justicia

Días atrás difundieron a través de una cuenta falsa de Facebook, a nombre del ex titular del IFAI Marcelo Rodríguez, una serie de capturas de pantalla y videos de chats de WhatsApp donde exponían al funcionario por intercambio de contratos de trabajo por favores sexuales dentro del organismo provincial. 

A raíz de la polémica, desde el Gobierno misionero tomaron la decisión de nombrar a otra persona a cargo del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), el ex diputado provincial y vicepresidente de Multimedios Sapem, Roque Gervasoni. Su designación fue oficializada durante la jornada de ayer.

La renuncia del ex titular del IFAI.
La renuncia del ex titular del IFAI.

 

«Debemos ser intolerantes ante actos de violencia»

Una de las primeras voces en manifestarse sobre el hecho fue la diputada renovadora Anazul Centeno, quien emitió un extenso comunicado a través de sus redes. Allí repudió el abuso de poder y celebró el rápido accionar del Ejecutivo, así como también realizó un llamado a la reflexión sobre la condena social hacia las mujeres involucradas.

El texto publicado por la legisladora:

«La historia, la reciente y no tanto, nos muestra que las mujeres hemos sido encasilladas como el eslabón mas débil de la cadena, laboral, productiva e incluso de participación política.

Mucho esfuerzo, muchas vidas, hemos atravesado para ganar los espacios que hoy habitamos. Pero aún hoy hay personas que reproducen y representan lo que más nos duele.

El abuso del poder, la violencia económica, la extorsión sexual en el ámbito laboral, son formas de disciplinamiento, métodos utilizados para imprimir en el cuerpo de las mujeres, relaciones desiguales de poder, que nos encasillan como bienes de cambio, transables, mercancías.

Somos muchos y muchísimas quienes creemos en la política como una herramienta del bien, como un medio para el bienestar del conjunto. Muchos y muchísimas quienes entendemos que, guiados por el fin ulterior del beneficio colectivo y empujamos transformaciones, debates e interpelamos y nos dejamos interpelar.

Somos un montón, miles quienes rechazamos de plano el abuso de poder en todos los ámbitos, aún más si provienen de un funcionario público.

Hacemos un llamado a la reflexión para entender y evitar la condena social de quienes se vieron sometidas a estos viejos métodos abusivos por el hecho de ser mujeres. La revictimización y el escarnio mediático de compañeras nunca será la salida.

La rápida reacción del Poder Ejecutivo, representado en la figura del Gobernador, al aceptar la renuncia, es un primer paso que debe ser acompañado por el aparato judicial para el total esclarecimiento del hecho, así como se arbitren los medios necesarios para poner a disposición de las únicas víctimas, los equipos interdisciplinarios dispuestos en la legislación vigente.

Debemos continuar con la implementación de la #LeyMicaela, la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Es nuestra obligación romper el silencio, colectivizar la problemática, erradicar cualquier tipo de sujeción o sometimiento, no normalizar la inequidad pero sobre todo ser intolerantes ante actos de violencia como estos.»

 

«La mujer es la más abandonada por la Justicia»

Otra persona que habló al respecto fue el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi: «Quienes son peligrosos o se creen muy listos aprovechan para sacar ventaja e incumplir los deberes del funcionario público”, manifestó en diálogo con un medio local.

Aseguró que, de ser investigados por la Justicia, los chats privados filtrados podrían constituir delitos considerados como «atentados contra la democracia», para los cuales corresponde una pena de entre 6 meses a 6 años de prisión. En principio, se habrían incumplido cuatro delitos:

-contra la administración pública,

-malversación de caudales públicos,

-cohecho,

-abuso de autoridad.

«Son crímenes que hay que investigar, corresponde que el Estado los indague», apuntó.

Respecto a los mensajes y audios, Bacigalupi mencionó que la Justicia toma como prueba el contenido de redes sociales ya que puede comprobarse la autoría y desde qué dispositivo celular fueron emitidos: «Estos hechos son más comunes de lo que suponemos y están solapados por el nivel de necesidad de mucha gente que les lleva a consentir estas situaciones», opinó.

En ese sentido, sostuvo que no existe una efectiva aplicación de la perspectiva de género y la Ley Micaela de capacitación a funcionarios del Estado, lo que agrava la situación de aquella persona que encuentra en situación de vulnerabilidad: «No nos mostremos como defensores del género femenino cuando la mujer es la más abandonada por la Justicia».

 

«No podemos ser indiferentes ni callarnos»

La ex ministra de Derechos Humanos en Misiones, Tiki Marchesini, también sumó su voz en la polémica y compartió un posteo con sus seguidores en Facebook donde apunta contra la naturalización de la violencia y los abusos de poder, en coincidencia con las manifestaciones de Centeno, además de críticas a las falencias dentro del propio Estado.

El posteo de la ex funcionaria:

«Como mujer, como militante de derechos humanos, hago estas líneas después de dos días de haber atravesado diversas emociones: ira, enojo, rabia, dolor, tristeza, indignación y también risas. Por qué no decirlo. Muchas veces nos reímos de lo que nos duele y la creatividad, el ingenio popular sumado a las redes sociales -hoy hasta debería ser una carrera-, a veces nos permite soportar un poco mejor los malos tragos.

Y en todo ese entramado de emociones se me venían rostros que conocí, cuerpos de compañeros con los que milité, mujeres jóvenes algunas a quienes conozco. Me veía en distintos roles y lugares que ocupé, y también me veía como lo que soy, en mi integridad, como persona, como mujer y como ciudadana.

Se me venían las imágenes de cuántas familias o parejas estarán hoy destruidas. Se me venía por qué el estado no funciona como debe funcionar. Dónde están los organismos de control. Dónde está el Directorio del organismo. Qué pensaría y cómo se sentiría ese guardia de seguridad cada vez que alguna mujer entraba a pedido especial? Qué le pasa a nuestros gobernantes? –y voy a abstraerme de dar nombres, porque la política es como cualquier oficio hay buenos y malos en todos lados, sanos y enfermos, correctos e incorrectos, corruptos e incorruptibles-.

Qué nos pasa a las mujeres? Algunas necesitan, claro. Pero, es la forma? No, no la es. La necesidad nos lleva a extremos? No necesariamente. Alguna habrá estado enamorada? Capaz que sí o capaz no. Sacaba su ventaja?, no sé, no creo, no son contratos millonarios.
No tengo respuestas. Sí un montón de preguntas. Sí me pregunto cómo llegamos a esto. Hasta dónde naturalizamos el patriarcado, la violencia, el abuso de poder; hasta dónde nos prestamos, nos silenciamos, terminando siendo parte, siendo cómplices envueltas quizás en una ola de fantasía, y hasta dónde podemos hacer, transformar prácticas vetustas y oscuras en prácticas de respeto y buen vivir. Para todxs.

No podemos ser indiferentes ni callarnos ante la situación públicamente conocida de un organismo público, el IFAI, y sus prácticas “burdelianas”. Al silencio le decimos NO. A los medios hegemónicos le decimos “escuchamos su silencio y leemos lo que no publican”, porque el patriarcado también está ahí, fuerte y arraigado. Como en la política. Como en las relaciones de poder.

Y que los gobernantes se hagan responsables.
Y que los tres poderes del estado se expresen en acciones y explicaciones. Para eso están, sean hombres o mujeres.
Para eso está la democracia y la Constitución.»

 

El Colegio de Abogados de Misiones repudió los hechos ocurridos en la Administración Pública

Con firma de la Comisión Directiva del organismo, a través de un comunicado oficial publicado a través de la página web del cuerpo colegiado expresaron su rechazo para con lo ocurrido en los últimos días en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, solicitando la investigación del caso y la aplicación de la Ley Micaela:

«Como abogados velamos indeclinablemente por el cumplimiento y resguardo de todos los derechos contenidos tanto en Tratados Internacionales como en las normas Nacionales y/o Provinciales. Es por ello que exhortamos se lleve adelante una investigación integral que esclarezcan los hechos ocurridos y los responsables, respetándose la perspectiva del género y el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente (Derecho a la información y libertad de expresión), siempre velando por los principios republicanos de Gobierno.

Por lo que exhortamos en particular al Poder Judicial de la Pcia. de Misiones, que investigue de oficio, todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso, defendiendo especialmente los principios y derechos señalados, como así también a los restantes funcionarios de los otros poderes que cumplan con la responsabilidad asignada a través del voto por el pueblo misionero, adoptando las previsiones pertinentes para evitar que sigan ocurriendo casos como estos y denunciando ante la Justicia.

Asimismo, advertimos que nuevamente nos encontramos con hechos y manifestaciones que, de verificarse, demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo a su dignidad, en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, lo que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento.

Una vez más queda al descubierto que la perspectiva de género, su aplicación y capacitación a través de los plexos normativos de nuestro país y receptuados por esta provincia, no se cumplen y se actúa con notoria impunidad de modo contrario por quienes tienen el deber de ser ejemplo en el respeto y cuidado de los sectores más vulnerables. Para cumplir con este mandato de llevar a la práctica el verdadero respeto hacia la mujer misionera que trabaja o presta servicios en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial es preciso el cumplimiento obligatorio de la normativa de la ley Micaela.

Los actos de corrupción dentro del Estado provocan desconfianza de la ciudadanía respecto de todas las instituciones públicas, más aún cuando no se actúa en el marco de la ley, atentando contra el sistema democrático como lo señala el art. 36 de la Constitución Nacional, de allí la importancia de no callar y de actuar con premura para poder volver a restituirnos la confianza que nos debemos como sociedad.»

El Colegio de Abogados de Misiones solicitó que el Poder Judicial actúe de oficio y aplique perspectiva de género

 

Patricia Doedderer, vicepresidente del Colegio de Abogados de Misiones, comentó que, mediante un comunicado, el cuerpo de letrados expresó la necesidad de intervención e investigación judicial de los delitos presuntamente cometidos por Juan Marcelo Rodríguez, expresidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI).

Patricia Doedderer – LT4

“La población y el Colegio de Abogados recibió este caso con suma consternación”, subrayó Doedderer, haciendo alusión a la filtración de chats que relacionarían al extitular del (IFAI), Juan Marcelo Rodríguez, con la contratación laboral a cambio de relaciones íntimas. “Se estaría vulnerando a un grupo de mujeres, su identidad fue revelada y recibieron ataques”, remarcó. “Se habría usado el tesoro público para ejercer abuso de autoridad”, añadió.

“Como actores sociales que defienden los derechos de los ciudadanos, la situación y las conversaciones que surgieron, nos alertaron”, dijo. “Es por esto que decidimos intervenir y expresar el espíritu de nuestra solicitud por medio de un comunicado”.

Asimismo advirtió que la Comisión Directiva expondrá su posición cada vez que se presenten hechos similares o irregularidades que atenten con la Constitución Nacional. “No intervenimos en expedientes porque no fuimos notificados de denuncia alguna, no conocemos qué delitos puntuales deberían ser investigados de manera exhaustiva pero el Poder Judicial, con sus fiscales y jueces son los encargados de esta tarea”.

En la nota se requiere la intervención de la Justicia en la investigación de los presuntos crímenes y la aplicación de perspectiva de género. “Mostramos nuestra orientación con el pedido de jury al juez Fragueiro, pedimos a todos los poderes del Estado que cumplan con lo expuesto en la Ley Micaela y en los Tratados Internacionales que marcan un nuevo rumbo como sociedad”, sostuvo.

Esta normativa incluye la permanente capacitación en perspectiva de género, por lo que “los jueces, si lo amerita, deben aplicarla al emitir un fallo”, mencionó. El Instituto de Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades fue creado por el Colegio de Abogados de la provincia y está integrado por profesionales de esta asociación que “de manera permanente, aunque no nos obligue la ley, nos formamos en la materia”, señaló.

La vicepresidente del cuerpo de letrados añadió que es importante respetar la confianza del pueblo misionero transmitido por el voto y que “el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen la obligación de denunciar e investigar, incluso actuar de oficio”. Destacó que “no debe quedar en letra muerta cuando tenemos un plexo normativo brillante que protege a la mujer a nivel nacional y provincial”.

“La sociedad evolucionó y exige cambios reales”, aseguró. “La modificación del paradigma no puede ser solo la capacitación, cuando se detecta un caso similar, todos los responsables deben actuar”, concluyó.

 

La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones se sumó al pedido de investigación al IFAI

 

La Federación de Asociaciones Rurales y Forestales (FARM) pidió que se investigue al Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones (IFAI) para esclarecer cuanto antes lo sucedido en torno al expresidente del mismo, Marcelo Rodríguez.

Darío Bruera – FM Santa María de las Misiones

Además de definir qué pasará con el organismo. Esto a fin de que éste” vuelva a su curso, porque es un ente muy necesario para los productores y contribuyentes misioneros”, sostuvo Darío Bruera, presidente de la FARM.

Frente a las recientes polémicas que involucran al expresidente del IFAI, Bruera señaló que “nos sentimos indignados e injuriados”, reiterando la relevancia de que avancen las revisiones judiciales, especialmente sobre el organismo, y que se regule la situación.

A raíz de esto pidieron que se someta al IFAI a los mismos mecanismos de control que las demás organizaciones. Su importancia radica en el impacto directo que este escándalo trajo para las empresas del agro y el trabajo en la provincia.

En este sentido, el presidente de la FARM consideró: “Realmente necesitamos que el Instituto sea la entidad para la cual fue creada, porque aquí se está usando el dinero de nuestros impuestos, sea para bien o para mal”. A su vez, opinó que la organización “venía haciendo un buen trabajo en la provincia y es necesario que vuelva a su curso”.

 

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