El Congreso incumplió el plazo otorgado por la Corte Suprema para conformar un nuevo Consejo de la Magistratura y crece la incertidumbre sobre qué podría pasar el primer día hábil de la semana que viene. Todos los detalles.
El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionará una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura venció este viernes a la medianoche y ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir del lunes.
El fallo del máximo tribunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y la vista está puesta precisamente en lo que hará el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La resolución publicada sorpresivamente en diciembre del año pasado marcaba que el Congreso tendría hasta el 15 de abril de 2022 para aprobar una nueva conformación. Caso contrario, se debía volver a la integración que tuvo lugar hasta el 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.
La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabajo en la Cámara de Diputados.
El Consejo de la Magistratura
Por el episodio, el martes pasado el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli salió a responderle a los «medios hegemónicos», a los que acusó de colaborar en la «normalización de un golpe institucional» acometido por la Corte.
Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes para enviar al órgano, pero la tensión está puesta en los dos miembros que debe designar el Congreso, uno por cada Cámara.
El PRO eligió al senador cordobés Luis Juez y el radicalismo propuso a la diputada santacruceña Roxana Reyes. Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Entre Ríos le prohibió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de Diputados, Sergio Massa, enviar oficialmente a aquellos representantes.
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Para Juntos por el Cambio, esa decisión de un juzgado de primera instancia no tiene validez ante una declaración de inconstitucional dictada por la Corte Suprema.
Inclusive, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que había iniciado la causa contra la conformación del Consejo en 2006, le reclamó al alto tribunal que deje sin efecto el fallo del magistrado Daniel Alonso.
«Las Cámaras no podrán designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura, y se les otorga cinco días hábiles para efectuar los descargos. El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley sobre el tema», explicó Marcelo Casaretto, el diputado nacional entrerriano que motorizó el pedido judicial que derivó en la precautelar.
Con una integración a medias, la vista está puesta en lo que hará la Corte a partir del lunes, ya que podría avanzar con la vuelta de los 20 miembros, mientras el Gobierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr una ley.
La norma que propuso el oficialismo excluye al presidente de la Corte de encabezar el Consejo de la Magistratura. Allí reside el principal punto del cortocircuito.
Este lunes, con el plazo para una ley ya vencido, el máximo tribunal del país deberá adoptar una línea de acción y, antes que nada, resolver qué hará con el fallo de Entre Ríos, mientras el Frente de Todos resiste en el Congreso.
Si no hay avances, la consecuencia directa el Consejo no podrá avanzar en la designación de ternas de jueces, sanciones disciplinarias o iniciar juicios políticos a magistrados, aunque sí podrá tomar decisiones administrativas.
Fuente: Ámbito
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