Un masajista acusado de abuso sexual fue detenido en Puerto Rico luego de la denuncia de una joven de 25 años, a quién atendió en su consultorio privado. La madre de la joven denunció una situación de acoso sexual, con el mismo profesional, de 63 años.
Fue la madre de la víctima quién formalizó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Rico, dependiente de la Unidad Regional IV.
La mujer manifestó además que ella también sufrió una situación de acoso sexual con el mismo profesional, en su consultorio. Tomó intervención del caso el juez de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez.
Grave denuncia contra padre e hijo por abuso sexual a una joven con discapacidad en Gobernador Rocahttps://t.co/wHuVOgNL8J
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2022
El magistrado citó a indagatoria al masajista, quien ayer se presentó ante el Juzgado. El acusado negó los cargos que se le imputan, no obstante ello, el juez ordenó su detención.
Según refirió la progenitora de la víctima, el imputado la habría tocado las partes íntimas a su hija, durante la sesión de masajes, por lo que la joven salió corriendo del consultorio.
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Cuando la joven le contó a su madre lo sucedido, la mujer recordó una situación traumática que vivió con el mencionado profesional, en ocasión de una consulta anterior.
Las investigaciones están en manos de la Fiscalía de Instrucción 1de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón.
Junta Médica determinó que el fiscal federal González Glaría está en condiciones de declarar
Determinó que el fiscal general federal de Misiones, Rubén Ángel González Glaría (67 años), está en condiciones de declarar ante el Juez Federal de Posadas, José Luis Casals. Se lo investiga por “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.
La Junta Médica del Cuerpo Médico de la Justicia Federal determinó que el fiscal general federal de Misiones, Rubén Ángel González Glaría (67 años), está en condiciones de declarar ante el Juez Federal de Posadas, José Luis Casals, en la causa que se lo investiga por los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.
Dicha causa fue iniciada por el representante de la Procuración General de la Nación, fiscal Pablo Turano. Desde la defensa de González Glaría anunciaron que recurrirá la decisión del juez Casals, de hacer lugar al dictamen de la Junta Médica sobre la salud de su defendido, que padece una enfermedad terminal.
Anunciaron que impugnarán dicho informe médico por cuanto “no se ha evaluado el estado general de la salud el fiscal” y solamente se lo examinado en el aspecto psiquiátrico.
La defensa del fiscal investigado, apeló en octubre de 2021 la indagatoria requerida por el titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, José Luis Casals.
Glaría debía declarar el 20 de octubre del año pasado en audiencia indagatoria, pero presentó certificado médico manifestando un cuadro de salud y la misma fue suspendida.
La audiencia fue suspendida debido a que el acusado presentó un certificado médico alegando un cuadro de salud, con reposo de 30 días.
El pedido de indagatoria al González Glaría, lo formuló el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano, quien lo investiga por la presunta comisión de varios delitos, en ejercicio del cargo.
El fiscal general federal de Posadas, es investigado por irregularidades, a partir de las denuncias de una colaboradora y además, del secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz. Se sospecha también el cobro de sobornos por planchar causas.
A partir de una denuncia administrativa formulada por su ex “mano derecha”, Marcelo Quiroz, se comenzó la investigación hacia González Glaría. Debido a ello, varias irregularidades y presuntos delitos salieron a la luz. Pasó a intervenir la Justicia Penal Federal.
Quiroz presentó su denuncia administrativa ante la Procuración General de la Nación el pasado 22 de abril y, compareció ante el fiscal Di Loreto y el juez subrogante José Luis Casals. Por ello quedó incorporado al expediente ese mismo día.
En su denuncia, el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, habría expuesto que González Glaría utilizaba para uso personal vehículos propios de la Fiscalía. Entre ellos un Volkswagen Bora, un Corsa Classic, un Peugeot 307 cinco puertas, una Ford Ecosport y una camioneta Hilux SW4. Entre las pruebas que facilitó hay un pendrive, fotos y recibos de pagos de seguros.
Agregó que González Glaría utilizó fondos para su beneficio, a partir del cobro de vales de combustible, alojamientos, entre otros, que eran solventados por la Procuración, y que para ello, enviaba vouchers con pasajes y estadías.
También dejó constancia que el Fiscal General algunos meses concurría día por medio a su oficina y que, para ello, dejaba hojas firmadas en blanco por él, para que no se percaten de su ausencia. Como prueba, presentó dos hojas firmadas en blanco presuntamente por González Glaría.
Por último, dejó expuesto varias irregularidades en el expediente. Mencionó un presunto delito de trata de personas por explotación laboral, donde la intervención de la Fiscalía habría sido indispensable para la resolución final del caso. También una evasión tributaria, cuya apelación debería hacer la Fiscal General, y que cayó por presentación intempestiva.
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