El Gobierno nacional dispuso la creación de un fondo especial para combatir el narcotráfico en Misiones, Salta y Santa Fe

Con el objetivo de redestinar los fondos nacionales que la gestión de Mauricio Macri brindó a la Policía de la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Alberto Fernández, decidió crear un fondo para combatir el narcotráfico en distintas provincias como: Misiones, Salta y Santa Fe. Además de seguir realizando los aportes correspondientes a las fueras para que continúen con su gran labor.

Este miércoles el ministro del Interior de la Nación Eduardo Wado de Pedro anunció la creación de un fondo para “luchar contra el narcotráfico” en tres provincias de la argentina, entre ellas se encuentra Misiones. Si bien no dio a conocer la cifra exacta que se destinará aseguró que es parte del dinero que durante la gestión de Macri se estaba destinando a las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

“En el 2016 Mauricio Macri aumento con fondos nacionales la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y su justificación fue que era para solventar los gastos del traslado de la Fuerzas Federales a la ciudad de Buenos Aires”, explicó Wado de Pedro.

“Alberto Fernández por decreto volvió a darle a la ciudad de Buenos Aires el monto correspondiente a lo que figuraba en el presupuesto actualizado y mandó una Ley al Congreso garantizando los fondos para asegurar los servicios de seguridad. Con el resto se les dio un aumento a los policiales de la provincia”, agregó, además.

“Hoy proponemos también un fondo para la provincia de Santa Fe, Salta y Misiones”, anunció Wado de Pedro.

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Nación ratificó ante la Corte Suprema su voluntad de diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la conciliación por el traspaso de la Policía

El ministro del Interior, Wado de Pedro, participó hoy de la reunión de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir el costo y el procedimiento de transferencia de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Ley 27.606. En la audiencia también participó el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de presentadas las posiciones de ambas partes en una audiencia que se prolongó por más de dos horas y media, el máximo tribunal resolvió otorgar un plazo de 30 días antes de una nueva audiencia judicial para continuar la búsqueda de un acuerdo por los recursos que la Nación transfiere a la Ciudad de Buenos Aires en concepto del traspaso de la policía.

Finalizada la audiencia, de Pedro indicó que su presencia se explica para “reafirmar la postura del Gobierno nacional respecto del tema en discusión. Hay una ley -sancionada en el Congreso por una importante mayoría- que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires”, al tiempo que agregó: “Durante tres horas tuvimos un muy buen espacio de diálogo y discusión que involucró cuestiones políticas, económicas, técnicas y jurídicas”.

El ministro del Interior explicó que el trasfondo del debate pasa por “cuestiones técnicas relacionadas con el valor de base que se toma para cuantificar el valor de la función de Seguridad que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires: es decir, cuánto es el monto a transferir, y cuál es el mecanismo más justo para garantizar la transferencia”.

“Por supuesto, en el marco de esta controversia entran en discusión cuestiones como el federalismo y el sistema de coparticipación”, añadió de Pedro que concurrió acompañado por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez, y los funcionarios del Ministerio de Economía Sergio Acevedo y Ricardo Yamone.

El ministro precisó que dentro de los 30 días propuestos por la Corte Suprema se dará inicio a una serie de encuentros vinculados a las cuestiones económicas y legales del diferendo “para, por supuesto, intentar llegar a un acuerdo”.

La convocatoria -que tuvo lugar a las 11 en el Palacio de Tribunales- tuvo por objetivo destrabar cuestiones en torno a un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto del presidente Alberto Fernández y la posterior Ley sancionada en el Congreso, en el que se afirmaba que los fondos otorgados durante el macrismo por el traspaso de la Policía a la administración porteña habían sido superiores a los necesarios.

 

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