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Análisis semanal: Misiones se garantiza obras en una economía nacional asediada por la inflación y las deudas

Aún con precios, dólar, tarifas y combustibles cuidados, congelados, pisados y apretados y con la ayuda de las restricciones al comercio exterior en defensa de la mesa de los argentinos, la inflación de 2021 fue de 50,9%. El dato indignó a varios referentes de Juntos por el Cambio que después de dejar el gobierno con una inflación de casi 54% ahora creen tener la receta para bajarla.

Es que parafraseando aquella famosa canción final de Salsa Criolla, en Argentina pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, los liberales, los marxistas y quedan los artistas y también la inflación.

Los economistas que tienen una visión más o menos ortodoxa siempre atribuyeron a los gobiernos kirchneristas una muy alta tolerancia a la inflación. De hecho ese fue el punto de conflicto que determinó la salida de Roberto Lavagna, el único ministro de Economía cuya gestión cosecha hasta hoy una valoración positiva casi consensuada por todos.

Néstor sentó el paradigma que luego siguieron todos en el espacio político que lleva su apellido como marca registrada: una economía recalentada es preferible a cualquier forma de ajuste, aún al precio de una inflación muy superior a la del resto del mundo.

La teoría del recalentamiento indica que con más plata circulando, habrá un mayor consumo y ese mayor consumo incentivará a invertir para incrementar los volúmenes de producción.

Con los incentivos correctos, este modelo se aplicó éxito en distintos países y diferentes épocas, por mucho que les pese a los libertarios que juegan a los dardos con fotos de Keynes. De hecho en Argentina dio buenos resultados durante la mayor parte del gobierno de Néstor.

Pero lo que ocurre cuando no se acompaña el recalentamiento de la emisión monetaria con incentivos efectivos para la inversión es que en vez de producir más, las empresas optan por mantener los mismos niveles de producción y aprovechan el sobrante de pesos en circulación para incrementar sus precios y así maximizar sus ganancias.

Desde la ortodoxia entienden que el excedente monetario es la única causa de la inflación y están convencidos que si se baja la emisión de dinero, la inflación también debería reducirse. La teoría aquí es bastante simple, si los precios aumentan porque la oferta de productos se mantiene estable mientras crece la cantidad de moneda en circulación, bastaría con estabilizar la base monetaria para que los precios también se estabilicen.

Esa receta también se aplicó con éxito muchas veces en muchos lugares. En Argentina fue efectiva para terminar con la hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90 y abrir el período más largo de estabilidad de precios que conoce el país.

Sin embargo, cuando se intentó aplicar ese método durante el Gobierno de Macri, Argentina pasó de una inflación del orden del 25 a 30 por ciento al parámetro actual del orden del 50 por ciento anual, lo que indica que esa receta (como todo en Argentina) también puede fallar.

El riesgo que se corre cuando se opta por reducir la cantidad de dinero circulante, es que se termine generando una baja pronunciada en la demanda de productos y servicios y que eso a su vez provoque una caída en la producción. Si la oferta de dinero se reduce, pero la oferta de bienes y servicios se achica en mayor medida, el resultado es más inflación, esta vez no por sobrante de dinero sino por faltante de productos.

En ese caso la inflación es un fenómeno todavía más grave porque se combina con recesión, cierre de fábricas y pérdida de puestos de trabajo, tal como ocurriera en Argentina en 2018, 2019 y 2020.

De allí surge el eterno debate entre los ortodoxos que aseguran que la inflación es un fenómeno puramente monetario y le declaran la Yihad a cualquiera que se atreva a pronunciar la palabra “multicausal” y aquellos que entienden que hay múltiples causas para el aumento de precios.

La discusión no es menor, porque si es cierto que la inflación es multicausal, entonces podría bajarse atacando las otras causas y sin necesidad de un ajuste monetario.

Ese es el enfoque que viene aplicando el Gobierno nacional, especialmente desde la llegada de la pandemia. En sus primeros meses de gestión, Alberto mostró una voluntad de mantener relativamente controlado el gasto público que sorprendió a extraños y disgustó a más de uno de los propios, basta recordar la suspensión de la movilidad jubilatoria por ejemplo.

Pero después llegó la emergencia del coronavirus y el Estado debió salir a subsidiar a todo el mundo, luego el año electoral y finalmente el tirón de orejas epistolar de Cristina a la  disciplina fiscal que intentó aplicar Guzmán en la primera mitad de 2021. Primero la campaña y después la cachetada de las PASO desembocaron en un festival de emisión monetaria y la inflación le hizo pito catalán a los precios cuidados de Feletti.

Más allá de la eterna discusión entre monetaristas puros y multicausalistas de la inflación, hay consenso bastante generalizado entre los economistas en el sentido de que el efecto directo que tiene el incremento de la oferta de pesos en los precios de los bienes está demasiado documentado como para ser ignorado o descalificado.

La necesidad que tiene el Gobierno nacional de renegociar la deuda con el FMI hace presagiar que ahora sí adoptará un enfoque un poco más ortodoxo, lo que implica que por más que tanto Alberto como Guzmán lo nieguen en público, habrá algún grado de ajuste en el gasto público y en la emisión monetaria.

Para complicar un poco más el panorama, el Gobierno deberá recortar su déficit en un año en el que seguramente tendrá menos ingresos que en 2021, porque no contará con el llamado impuesto a las grandes fortunas y muy probablemente sean menores los ingresos por exportaciones, por efecto de la sequía y porque los precios internacionales yo no son tan favorables.

Si Alberto no quiere repetir los errores de Macri, deberá encontrar la manera de que ese ajuste sea de buena calidad, afectando en la menor medida posible la capacidad de consumo.

Un ajuste de calidad es aquel que elimina todo gasto superfluo. En ese sentido apuntaba la política de escalonamiento de subsidios que intentó infructuosamente aplicar el año pasado el ministro Guzmán. El propio ministro de Economía expresó en más de una oportunidad que los subsidios a la energía que otorga la Nación benefician más a los ricos que a los pobres. En ese aspecto hay cientos de millones de dólares que el Gobierno podría recortar “sin dolor”.

Pero si de amputar gastos superfluos se trata, hay un campo enorme para cosechar bajo la categoría de “gasto político”. Pero a no ilusionarse, nunca ningún gobierno nacional de ningún partido atentó jamás contra los privilegios de su clase.

Finalmente cabe decir que los esfuerzos que haga el equipo económico encabezado por Guzmán apuntarán a que este año la inflación no se dispare, pero difícilmente logren bajarla. Tampoco está claro si tal cosa les interesa, puesto que el alza constante de precios les permite aumentar la recaudación y licuar su gasto corriente.

 

Ministro bajo la lupa

El principal argumento del presidente para respaldar a su ministro de Economía frente a las críticas del kirchnerismo duro es su supuesta capacidad para renegociar la enorme deuda tomada por el Gobierno de Macri, pero esa habilidad está siendo puesta en duda con decreciente disimulo por la tropa interna ante la falta de resultados concretos.

El caso es que Guzmán se encargó de generar expectativas en torno a la renegociación con el FMI que, ahora que se conoce un poco más respecto a los términos en los que se desarrolla la pulseada con el Fondo, aparecen como de muy improbable cumplimiento.

De la negociación a 20 años ya ni se habla, tampoco está sobre la mesa la eliminación de las sobretasas y parece poco probable que el organismo esté dispuesto a aceptar el camino de reducción progresiva del déficit fiscal, ni siquiera el punto de partida de 3,3% que estaba previsto en el fallido Presupuesto 2022.

En ese último punto los compañeros encuentran un nuevo motivo para cargar contra la subejecución de partidas del Presupuesto 2021, que tenía previsto un déficit primario de 4,5%  que terminó siendo de 2,9% del PBI.

Según está lógica, si Argentina se sentaba a negociar con un déficit de 4,5% en 2021, podría presentar una meta de 3,3% como un recorte del déficit, pero al haber cerrado el año pasado con un déficit de 2,9%, el FMI difícilmente acepte un número superior para el año en curso.

Ese es uno de los puntos en los que está empantanada la negociación, porque el Fondo exige una reducción de al menos 0,7 puntos porcentuales del déficit primario por al menos los próximos dos años.

El problema es que, como ya se dijo, este año Argentina tendrá menos ingresos, con lo cual solamente repetir el 2,9% de déficit primario del año pasado obligaría al Gobierno a un fuerte recorte del gasto.

Menos probable todavía sería sostener el camino de reducción del déficit en 2023, cuando el Frente de Todos se juega hasta la ropa en las presidenciales.

Guzmán tampoco logró cumplir con la presentación en tiempo del programa de metas plurianuales que el presidente anunció en la noche de la derrota victoriosa de las legislativas. No llegó a principios de diciembre, como se anticipó aquel 14 de noviembre, y tampoco parece que se conocerá en enero.

Dentro del Frente de Todos algunos se cuestionan incluso la necesidad de cerrar un acuerdo con el FMI. Primero y principal porque patearle el tablero al FMI aportaría un elemento épico para la construcción del discurso, algo que siempre es bien valorado tanto en las huestes nacionales y populares como en las filas del republicanismo moralmente superior.

Desde sectores del núcleo duro kirchnerista argumentan además que la renegociación no traería beneficios inmediatos porque en las condiciones en las que se encuentra la economía del país, no se reabrirían los mercados de crédito, al menos no durante bastante tiempo, y tampoco sería lógico esperar una baja significativa del Riesgo País.

El problema es que, de no mediar ningún tipo de acuerdo con el FMI, el default cerraría otras ventanillas de financiamiento que todavía están abiertas para el país, como el BID y el Banco Mundial.

Quedaría la opción de buscar apoyo en los enemigos políticos Estados Unidos, ya sea para conseguir financiamiento por otra vía o aunque sea para darle a la gran potencia del Norte una razón de peso para flexibilizar su postura frente a los pedidos de Argentina. Como en tiempos de la Guerra Fría, coquetear con el enemigo puede reportar beneficios.

Como quien no quiere la cosa, mientras la renegociación con el FMI transita su punto más álgido, el presidente Alberto Fernández confirmó visitas a los mandatarios de Rusia y China.

 

Autovía hasta Santo Pipó

En ese contexto económico extremadamente complejo, la hazaña de la oposición de hacer caer el Presupuesto 2022 se convirtió en un enorme dolor de cabeza para todos los gobernadores porque le dio a un Gobierno nacional necesitado de achicar su déficit, la excusa perfecta para no cumplir con partidas comprometidas con las provincias.

Contra eso luchó toda la semana el mandatario misionero Oscar Herrera Ahuad que mantuvo una intensa agenda de reuniones con funcionarios nacionales con el objetivo central de lograr que la Nación garantice el cumplimiento de lo que Misiones había conseguido incluir el proyecto de Presupuesto y quedó en el limbo gracias al voto de los legisladores opositores, entre ellos los tres diputados nacionales misioneros del Juntos por el Cambio.

El viernes, tras reunirse con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el gobernador misionero consiguió que la Nación se comprometiera a extender hasta Santo Pipó la autovía sobre la ruta 12 que llega hasta el puente del Yabebirí.

Se acordó además avanzar con la repavimentación de otros 22 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 17, hasta la localidad de Pozo Azul, con una inversión de 3.600 millones.

Además, el gobierno nacional se comprometió a avanzar con el Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) en cuya segunda etapa se invertirán 4.500 millones de pesos para obras en seis municipios misioneros y la construcción de una red de agua potable para la zona sur de Puerto Iguazú. Además, se reforzarán los programas de asistencia alimentaria y a emprendedores mediante un trabajo con Desarrollo Social. En este contexto Misiones también presentó un plan para construir redes de agua en Puerto Iguazú, que demandarán una inversión de 800 millones de pesos

Tras la reunión con Katopodis, Herrera Ahuad fue recibido por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. El mandatario provincial llegó a este encuentro acompañado de la ministra de Desarrollo Social de Misiones, Benilda Dammer.

Los ministros y el gobernador acordaron reforzar la asistencia alimentaria y la ayuda para los emprendedores con el fin de acompañar en las necesidades urgentes (alimentos) y el desarrollo de proyectos que con el paso del tiempo se conviertan en trabajo genuino.

En días previos, Herrera Ahuad se reunió con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; y el secretario de Energía, Darío Martínez.

En las reuniones con Manzur y Martínez, el gobernador y su comitiva plantearon una serie de obras de infraestructura de energía: dos líneas de Media Tensión de 33KV, una para San Vicente – San Pedro y otra para San Vicente-El Soberbio, junto con una Sub Estación transformadora 33Kv/13,2 KV 2,5 MVA en Colonia Paraíso. Según explicaron, el objetivo de todas ellas es garantizar el acceso a un servicio eléctrico de calidad para una cifra estimada de 100 mil habitantes.

Katopodis recibió a Herrera Ahuad y los funcionarios Quincho Sánchez y Sebastián Macías.

También plantearon la posibilidad de ejecutar dos Bancos de compensación reactiva de 12 MVAr y una Central Térmica diésel transitoria de 20MW, para cubrir la bajante histórica del lago Urugua-í que afecta a la represa del mismo nombre. Finalmente, el gobernador planteó incorporar al sistema provincial dos líneas Alta Tensión de 132 KV, una desde la ciudad de Posadas a Alem-Oberá y otra desde Eldorado a San Pedro.

“Una de ellas, es la (línea) que va desde Posadas, San Isidro, Leandro N Alem y Oberá, que es una zona altamente productiva. La otra línea es la que va de Eldorado a San Pedro, que también es una línea muy importante teniendo en cuenta la posibilidad de radicación de empresas que pueden generar hasta más de 1000 puestos de trabajo en la zona del Noreste de nuestra provincia”, expresó Herrera Ahuad.

Con Manzur se habló además de las emergencias determinadas a escala nacional por factores climáticos. “Hablamos sobre las emergencias dictadas a nivel nacional, y que también tenemos en la provincia, como la Emergencia Ígnea. En esto, el Jefe de Gabinete se mostró con mucha preocupación, pero también con su ocupación en resolver esta cuestión. Fuimos avanzando en esto, esperando que estén los instrumentos necesarios para poder generar los recursos para la provincia de Misiones”, declaró el mandatario provincial.

En el Gobierno provincial no ocultan su disconformidad con la decisión de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio de votar en contra de un proyecto como el de Presupuesto que reservaba múltiples beneficios para la provincia y cuya caída obliga al Ejecutivo provincial a volver a gestionar por obras que ya estaban abrochadas.

“La negación del presupuesto es una agresión a la gente y la democracia. Nunca supieron explicar con qué motivo votaron en contra, solo para dañar al Gobierno, pero terminaron dañando a la gente. Ahora desaparecieron y se fueron de vacaciones”, señalan en los pasillos de La Rosadita.

 

Zonas francas para Misiones

Así como desde el Gobierno trabajan para devolver a Misiones las obras que cayeron junto al presupuesto, también continúan gestionando para que la provincia tenga un esquema impositivo diferenciado, un eterno reclamo conjunto de todos los sectores de la provincia que hubiera dado un paso adelante con el presupuesto que habilitaba al Ejecutivo nacional a crear un área especial aduanera en territorio misionero.

Desde el Gobierno aseguran que durante enero se avanzó en la planificación de una herramienta jurídica que le permita a Misiones contar con nuevos espacios aduaneros sin impuestos nacionales en varios puntos de la provincia, los cuales van a generar un impacto positivo real y contundente en el bolsillo de la gente, poniendo los precios de los productos de consumo masivo mucho más bajos que en Paraguay o Brasil.

Este proyecto está a la firma del Gobierno nacional y fue trabajado intensamente desde el minuto uno en que Cambiemos rechazó el presupuesto nacional, como una alternativa superadora y paliativa.

El Gobierno ha presentado un esquema de competitividad económica que va directo al bolsillo de los misioneros y marca una fuerte irrupción de la economía del conocimiento.

La gente reconoce el esfuerzo y el nivel de compromiso de los funcionarios del Frente Renovador y se refleja en los resultados de la encuesta más seria que se viene realizando en los últimos años, la que mide el nivel de aceptación de los gobernadores e intendentes en cada una de sus jurisdicciones.

Se trata de la encuesta mensual que realiza la consultora privada CB que en su edición de diciembre muestra al gobernador misionero entre los tres con mejor imagen del país y al intendente posadeño Lalo Stelatto, entre los cinco con más apoyo de la gente del municipio.

Ambos casos son muy gráficos para entender la relación de la gente con el frente renovador a lo largo del tiempo, ya que Herrera lleva más de 15 meses ubicado entre los mejores gobernadores del país y Stelatto tiene por lo menos un año seguido recibiendo las mejores calificaciones en términos de gestión.

De hecho, Posadas viene dando que hablar en todo el país, desde que comenzó la temporada de turismo de verano por el nivel de servicios, embellecimiento y actividades recreativas que se encontraron los visitantes de todo el país que llegaron a la capital provincial.

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