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Juicio por el crimen de Hugo Wasyluk: testigos expresaron no “recordar casi nada” de lo que pasó con su detención y muerte en una comisaría de Oberá

Con las declaraciones de varios testigos – que dijeron no recordar casi nada de lo que pasó -, prosiguió este martes el juicio oral y público que se lleva a cabo en el Oberá Tenis Club, donde se debate el brutal homicidio (tortura seguida de muerte), de Hugo Miguel Wasyluk (28 años), ocurrido el 26 de abril de 2011, tras su detención en la comisaría de Villa Bonita.

En la tercera jornada de audiencias declararon dos vecinos de la víctima y dos ex presos que estaban alojados en uno de los calabozos de la seccional primera de Oberá, contiguo al que fue trasladado Wasyluk en la noche de del 25 de abril y falleció 26 horas después. Además de las declaraciones de dos imputados, efectivos, a cargo del servicio de guardia de la seccional.

Éstos últimos en declarar fueron los policías; Gustavo Javier Fontana y Carlos Ariel Lentini, quiénes estaban de guardia entre la noche del 25 y el 26 de abril en la comisaría primera. Ambos intentaron desvincularse de las acusaciones que pesan en su contra por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, aduciendo que no vieron lesiones graves en el detenido, que pudieran provocar su muerte.

En cambio, Fontana admitió que en determinado momento Waslyluk “pidió agua y por su mamá”, cuando estaba detenido en la celda 2. Fontana manifestó que vio las lesiones, que tenía Hugo en el cuello, y la marca en las muñecas de las esposas, heridas que no merecían a su criterio, ser consideradas de gravedad.

El oficial Lentini fue quién tomó la guardia a las 19:00 horas del 26 de abril, y fue quien ingresó a la celda a las 00:20 horas del 27 de abril y se encontró con Wasiluk ya fallecido.  Afirmó “verlo a Hugo con la cara sucia y despeinado, pero dijo que no vio lesiones”.  Además, al ser indagado por la fiscalía, sostuvo que “no le corresponde leer el libro de guardia, y que él solamente leyó y se informó de lo que sucedió en su turno, y no en las anteriores”.  Y ratificó “no es obligación del oficial de servicio entrante, tomar el libro de guardia y mirar las observaciones” que en este caso son relevantes dado que según la Fiscalía  “Fontana había dejado constancia que observó que Wasiluk tenia lesiones distintas a las que decía el certificado médico, y que otro efectivo dejó constancia de que Hugo pedía ir al médico o al Hospital” desvinculándose de esta manera de lo sucedido,  y expresando que a él “nadie le advirtió nada”.

La mayoría de los testigos expresaron no recordar lo que vieron y que pasó con Hugo hace más de 10 años atrás, entraron en ciertas contradicciones entre lo poco que recordaron hoy y las testimoniales que brindaron en la etapa de instrucción de la causa, por lo cual los dichos ante sede policial y judicial fueron incorporados al debate por lectura como medidas de pruebas.

Wasyluk fue detenido el 25 de abril del 2011, alrededor de las 21:00 horas, mientras caminaban por la ruta provincial 103, tras la denuncia que presentó su hermana Ana, por ocasionar desorden en estado de ebriedad en su vivienda.

El ensañamiento de los policías con el detenido comenzó “desde el vamos”, a tal punto que desde el móvil policial– conducido por el sargento Pedro De Mattos-, el joven fue derribado con el golpe de la puerta de la camioneta en marcha. La patrulla estaba integrada además por el ex agente Ricardo Javier Rodríguez y el ex cabo Carlos Antonio Gómez.

Ahí empezó el calvario de Hugo, que derivó en una terrible agonía y muerte, unas 26 horas después en la seccional primera de Oberá, clamando por asistencia médica y por su madre, tal vez como último deseo de vida.

Wasyluk fue sometido a un feroz castigo durante unos 40 minutos. Desde su aprehensión en la ruta provincial 103, hasta su traslado a la comisaría de Villa Bonita y luego hasta la seccional primera de Oberá.

La imputación de requerimiento de elevación a juicio del expediente efectuado por la Fiscalía tiene trece policías sentados en el banquillo de los acusados. Tres de ellos; acusados de los delitos de “tortura seguida de muerte”, dos por “omisión de denuncia” y ocho –incluido el médico policial-, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

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