Presos de la Unidad Penal VII de Puerto Rico reclaman a través de una huelga de hambre que se agilicen sus expedientes

Desde el pasado lunes, varios internos de la Unidad Penal VII de Puerto Rico reclaman a través de una huelga de hambre que se agilicen sus expedientes. “No están pidiendo salir en libertad, solamente la celeridad en la tramitación de sus causas” dijeron desde la Comisión de Prevención de la Tortura

Presos de la unidad penal VII

Eduardo Scherer, Presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones, dialogó con Misiones Online y explicó el porqué de la huelga de hambre realizada por los internos del Penal de Puerto Rico. “El reclamo es netamente procesal”.

 

En horas de la tarde/noche del pasado lunes, se tomó conocimiento de que cuarenta internos que se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria VII se manifestaban a través de una huelga de hambre en reclamo a temas de carácter procesal, es decir cuestiones relacionadas al trámite de las causas. “Manifestaban el desconocimiento de su situación procesal y solicitaban el contacto con algún funcionario o magistrado tanto del Tribunal Penal como de los Juzgados de instrucción”.

 

El pasado miércoles, la comisión de la tortura realizó un visita de control y monitoreo en el penal, donde se mantuvo entrevistas con todas y cada una de las personas que estaban desarrollando la medida para poder identificar quienes eran, cuáles eran los motivos, sus expedientes y que Juzgado o Tribunal llevan adelante los procesos.

 

A las pocas horas, las personas que estaban desarrollando la huelga de hambre se redujeron en un 50%. “En el transcurso de la mañana del pasado miércoles, fueron deponiendo de su actitud varios internos y actualmente están desarrollando la medida doce internos”.

 

Cabe destacar que los Magistrados que llevan adelante los procesos, se comunicaron y tomaron contacto con los imputados pero, más allá de la buena predisposición de los funcionarios del Poder Judicial, más específicamente del fuero penal, algunos internos aun consideran que no han tenido una respuesta favorable a su reclamo.

 

“El día miércoles remitimos una nota informando de la situación al Superior Tribunal de Justicia (STJ), las medidas fueron disminuyendo pero aún quedan doce personas realizando la huelga de alimentos. Consumen líquidos y son asistidos medicamente por el Servicio Penitenciario Provincial, se les toma el peso, se les controla los signos vitales y esperemos se resuelva pronto la situación de estas personas”.

 

“No están pidiendo salir en Libertad, solamente la celeridad en la tramitación de sus causas”

 

Scherer explicó que es un reclamo netamente por cuestiones procesales, no existe ninguna cuestión relacionada a las condiciones de la detención como así tampoco al trato que mantienen con quienes tienen a su cargo el deber de custodia y seguridad. “El reclamo más contundente está relacionado a una respuesta de sus causas”.

 

Según el Presidente de la Comisión de la Tortura, nueve o diez de los involucrados en la huelga de hambre tienen su proceso de instrucción finalizado, es decir que el Juzgado interviniente realizó la investigación y recopiló todas las pruebas para poder presuponer que la persona tiene algo que ver en el hecho delictivo. “Los expedientes están esperando fecha de debate, incluso algunos desde antes de la pandemia”.

 

Varios de los reclamos hacen referencia al excesivo plazo de prisión preventiva, una cuestión que desde la Comisión de la Tortura lo vienen haciendo permanentemente. “Hay personas que llevan más de tres años en prisión preventiva y solicitan una resolución, es decir ser condenados si cometieron el ilícito o ser absueltos si no existen elementos que hagan presuponer que esa persona cometió el delito”. 

 

Plazo de prisión preventiva

 

En la Provincia de Misiones, no se tiene establecido un plazo preciso de prisión preventiva pero, la Argentina se adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 8 establece que las personas privadas de su libertad con una medida cautelar, deben tener un tiempo razonable. “Eso fue interpretado solamente a través de una Ley Nacional aprobada por el Congreso de la Nación, que establece un plazo de razonabilidad de prisión preventiva de dos años y prorrogable de un año más, en forma excepcional”.

 

Explicó que las cuestiones procesales son materia reservadas por las provincias. La forma en que los Magistrados llevan adelante el proceso de investigación de un ilícito, es una potestad de la Provincia de Misiones y, se legisla a través de la Cámara de Representantes. “Por eso, esa ley no es aplicada por todos los Magistrados”.

 

Al hablar de prisión preventiva, los casos más trascendentales que resuenan en la provincia son los de Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, quienes estuvieron nueve años con esa medida mientras se llevaba adelante la Instrucción. Los expedientes de ambas, sumado al de “Kolyno” Jara, tuvieron varias idas y venidas tanto desde el Superior Tribunal como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

“Desde que asumí como Presidente, la primer medida que tome fue entrevistar a todos y cada una de las personas que estaban privadas de su libertad con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Eran 771 personas que estaban en esa situación en marzo del año pasado. El 30% de esa población excedía en el plazo de dos años de prisión preventiva. Este año volvimos a repetir el informe y se había reducido considerablemente el número. Tomamos como parámetro a la ley nacional”, cerró Eduardo Scherer.

 

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