El Comité de Análisis del Impacto de la Pandemia sobre la Población con Discapacidad resaltó la importancia de incorporar expertos en el tema

En el marco de la conformación del Comité de Análisis del Impacto de la Pandemia sobre la Población con Discapacidad, uno de sus integrantes, Pedro Ávalos, hizo hincapié en la importancia de la incorporación de voces de personas expertas en discapacidad.

Pedro Ávalos – Santa María de las Misiones

 

Ávalos, quien también es vicepresidente de la Confederación de Jubilados Pensionados de Argentina y miembro de Ciudad Accesible, resaltó que si bien, en el contexto de pandemia se dio prioridad a las personas con síndrome de Down o a aquellas que tienen alguna discapacidad cognitiva, los sectores más expuestos de la población con discapacidad aún no son tenidos en cuenta como corresponde.

 

En octubre del 2020 se realizó un primer relevamiento sobre la letalidad del covid-19 en el marco de la discapacidad; las personas con discapacidad tienen un nivel de letalidad del 7 por ciento, a diferencia de las personas sin discapacidad, cuyo porcentaje es del 2 por ciento.

 

En este sentido, Ávalos dio un ejemplo concreto: las personas con discapacidad múltiple, como motriz y ceguera, cuando son ingresadas por distintas complicaciones las internan en terapia intensiva; al ser prácticamente los únicos pacientes con el test negativo, tienen altas probabilidades de contagiarse del virus a corto o largo plazo.

 

Asimismo, señaló que en junio del 2020, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró un protocolo para la internación de pacientes con discapacidad, pero su aplicación en la vida práctica conlleva un largo proceso de aprendizaje y adaptación.

 

Ávalos dio otros ejemplos concretos que pasan desapercibidos muchas veces hasta por las mismas personas con discapacidad, como el hecho de que una persona ciega interactúa con el mundo mediante el tacto por lo que constantemente debe tocar superficies donde se deposita el virus, al igual que una persona sorda debe pedir al comerciante que se baje el barbijo para leerle los labios.

 

En este contexto, indicó que este tipo de problemas que se presentan en la cotidianeidad deben ser estudiados por personas suficientemente capacitadas, y este es el objetivo de la conformación de un comité de análisis.

 

Por otra parte, el vicepresidente de la Confederación de Jubilados Pensionados, criticó las actas emitidas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) donde se definen los criterios para la vacuna contra el covid-19.

 

“No hablan de personas con discapacidad, hablan de personas con necesidades especiales como si fuera el siglo pasado; no lo tuvieron en cuenta porque no son especialistas en personas con discapacidad”, puntualizó Ávalos.

 

En esta misma línea el integrante del comité conformado recientemente hizo hincapié en la necesidad de “incorporar voces de personas expertas en discapacidad”.

 

Con respecto a situaciones que se deben considerar a nivel federal, Ávalos mencionó que se debería empezar a estudiar qué ocurre durante la pandemia con la calidad de vida de las personas con discapacidad.

 

Asimismo, indicó que se debería ahondar en los estudios acerca del aprendizaje de los niños con discapacidad durante la pandemia.

 

Finalmente, Ávalos subrayó que otro de los pendientes a tener en cuenta a nivel federal es la escasez de especialidades y tratamientos médicos en el interior de las provincias, ya que, en algunas, especialistas como un neurólogo infantil se hallan solamente en la capital provincial.

 

Comité de Análisis

Este lunes, el Gobierno nacional creó un comité para analizar “el impacto de la pandemia del covid-19 en la población con discapacidad”, el cual tendrá como objetivo brindar asesoramiento interno y hacer un seguimiento de la situación en la que se encuentra este sector de la ciudadanía.

 

A través de la Resolución 965/2021, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales avanzan por primera vez con un organismo que funcionará “como un espacio de investigación y planificación de medidas de contención”.

 

 

 

La medida se dio a conocer en medio del reclamo de las familias con niños que poseen patologías de riesgo, quienes piden la urgente compra por parte del país de la vacuna producida por Pfizer, que por ahora es la única que está autorizada por las entidades regulatorias de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), y Canadá para menores de 18 años.

 

 

 

Hace algunas semanas, la red de familias Argentinas autoconvocadas “VacunaMe, Chicos en Riesgo” emitió un comunicado en el que solicitó que se modificara la Ley 27.753 para la adquisición de inoculantes de laboratorios estadounidenses, para avanzar así con la inmunización de niños y adolescentes con discapacidades y comorbilidades, que los hacen más vulnerables frente al COVID-19.

 

 

 

Poco después el Congreso aprobó esos cambios, pero hasta el momento solamente firmó un contrato con Moderna, una dosis que todavía tiene pendiente la autorización para su uso pediátrico por parte de los entes reguladores norteamericanos.

 

 

 

No obstante, el Gobierno confía en que esta habilitación salga pronto y, en paralelo, analiza aplicar también en menores de edad las vacunas de Sinopharm, que en China ya son utilizadas para personas de entre 3 a 17 años.

 

 

 

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que la tasa de letalidad del coronavirus entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7%, aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población en general.