Los crímenes ocurrieron en el departamento de Cauca en Colombia. Es la masacre número 47 cometida en el año contra activistas.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el asesinato de tres jóvenes en el departamento colombiano de Cauca, una de las regiones con gran población indígena en Colombia, dos de ellos identificados como integrantes de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios (CPPC) y miembros activos del paro nacional contra el gobierno de derecha de Iván Duque.
Según Indepaz, que destacó que esta sería la masacre número 47 en lo que va del año, dos de los jóvenes asesinados fueron identificados la noche del sábado como Yeison Benavides y Camilo Galíndez. Fueron encontrados en el barrio La Floresta, mientras que la tercera persona fue hallada dos kilómetros más adelante en el barrio Los Andes.
Yeison y Camilo eran participantes activos de las movilizaciones por el paro nacional y miembros de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios CPPC, según el medio local Canal 1.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta y advirtió de la presencia de organizaciones armadas, guerrilleras y paramilitares, como facciones de GAO- residuales, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN.
Estos asesinatos se suman al de un líder de la comunidad indígena del resguardo de Catrú, en Chocó, Luis Picasio Carampaima, quien fue decapitado.
La denuncia la realizó también el sábado Indepaz y fue confirmada luego por la Defensoría Regional.
Un resguardo es una forma de organización, de propiedad colectiva, de las comunidades indígenas de Colombia y, según la Defensoría Regional de Chocó, el asesinato sucedió en Santa Catalina de Catrú, en el municipio de Alto Baudó, a manos de una organización armada irregular.
Indepaz señaló directamente AGC, una organización armada ilegal dedicada a combatir a la guerrilla.
La organización detalló que con Picasio ya son 84 los líderes sociales asesinados en 2021 y que suman ya 1.200 los muertos desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
Tanto organizaciones civiles como Indepaz como la ONU y los partidos de la oposición le han pedido en repetidas ocasiones al gobierno de Colombia que dé garantías de seguridad a los líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados que trabajan en las zonas más remotas del país para hacer cumplir el acuerdo de paz y que suelen ser acosados y amenazados por grupos armados ilegales.
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(Ambito)
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