APICOFOM pidió que la Justicia “cuide los derechos constitucionales de los ciudadanos” respecto a la propiedad privada

Cristina Ryndycz, integrante de Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM) manifestó su preocupación por las usurpaciones de tierras dado que es una práctica que afecta puntualmente a los socios del sector.

Cristina Ryndycz – Canal 5


Tras la polémica que generó el audio que se viralizó donde el legislador nacional Héctor “Cacho” Bárbaro alentaba las tomas de tierra, Ryndycz ratificó el apoyo hacia el juez Gerardo Casco.

 

“Sentimos que la Justicia tiene que cuidar los derechos constitucionales de los ciudadanos, que significa tener su propiedad privada resguardada (…) no pueden venir a ocupar terceras personas por más que tengan necesidades”, argumentó.

 

En ese sentido, señaló que desde APICOFOM se realizan acciones solidarias entendiendo las necesidades, y detalló que se donaron viviendas y se brinda acompañamiento en situaciones de catástrofes.

 

“Todo tiene que tener un equilibrio y el mismo Gobernador de la provincia acompañó a través de un tuit en el que dice que los misioneros están garantizados con los derechos constitucionales respecto a lo que es la propiedad privada”, comentó.

 

Por otro lado, indicó que este es un problema que data de mucho tiempo atrás, dado que muchos de los socios fueron “vulnerados en sus derechos” y hoy tienen intrusos viviendo en propiedades que les pertenecen.

 

“En algunos casos hasta EMSA otorgó la bajada de servicio eléctrico a esas familias que están usurpando terrenos privados”, contó Ryndycz, quien además cuestionó que en Argentina parece no haber “seguridad Jurídica”.

 

 

Apicofom y Amayadap expresaron su repudio a las declaraciones de Cacho Bárbaro

 

Las dos principales cámaras foresto-industriales de la provincia expresaron a través de respectivos comunicados su total “repudio” a las declaraciones que se dieron a conocer a través de los medios de un audio de WhatsApp que circuló el fin de semana, con expresiones del diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro incitando a una movilización para “recuperar” las tierras de las cuales 14 familias productoras fueron desalojadas por orden del Juez Gerardo Casco, del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, en un procedimiento por “usurpación” de tierras y juicio de desalojo iniciado por su propietario.

 

 

Desde la APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes) señalaron que “resulta paradójico que quien fuera electo para representar a la provincia en el Congreso de la Nación Argentina, marco en el cual se deben promover, debatir y sancionar las leyes que rigen para toda la ciudadanía; convoque a llevar adelante un delito contra la propiedad privada y vierta declaraciones amenazantes contra un Juez de la provincia de Misiones”, señalan en el comunicado de prensa.

 

“La difusión del audio del mencionado legislador nacional promoviendo la intrusión de un predio, es la prueba irrefutable de una práctica que se viene denunciando desde hace tiempo de parte de numerosas entidades de productores y afectados por la intrusión de tierras”, remarcaron desde la cámara maderera.

 

Seguido, y considerando como “inadmisible” tanto el accionar del Diputado Nacional Héctor “Cacho” Bárbaro como las declaraciones intimidatorias contra el juez Gerardo Casco de San Vicente; desde la APICOFOM ratificaron su apoyo “a la función que viene desarrollando el magistrado, y convocamos al respeto de las leyes en general y del derecho a la propiedad privada en particular, tanto de parte de la ciudadanía como de los representantes de las Instituciones de la República”.

 

Por su parte, en adhesión a las firmas de los 5500 productores y PyMEs que integran el espacio de “Autoconvocados contra Delitos Rurales” en la zona norte, la AMAYADAP (Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná)  comunicó que “se repudia las declaraciones del Diputado Nacional Héctor «Cacho» Bárbaro ya que fueron amenazantes y violentas  contra el juez que lleva la causa, que actuó para defender el principio de propiedad privada”.

 

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