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El titular de la Agencia Tributaria (ATM) aclaró que Misiones no aumentará los ingresos brutos pese a estar habilitada a hacerlo por la suspensión del consenso fiscal

Rodrigo Vivar, titular de la Agencia Tributaria Misiones (ATM) confirmó que el Gobierno provincial no aumentará el impuesto a los ingresos brutos, a pesar de estar habilitado para hacerlo luego de que se sancionará la suspensión del consenso fiscal.

Rodrigo Vivar- Canal 12


Rodrigo Vivar, director de la Agencia Tributaria Misiones (ATM)

 

El funcionario hizo referencia a la reciente sanción llevada a cabo por la Cámara de Diputados de la Nación donde se estableció la suspensión del consenso fiscal que impedía el incremento de las alícuotas de los impuestos provinciales.

 

Cabe señalar que a través de esta suspensión se habilitó a las provincias nuevamente a realizar incrementos en dichos impuestos en caso de considerarlo necesario.

 

Sin embargo, Vivar confirmó que el Gobierno provincial determinó que no va a incrementar los impuestos en esta ocasión. Según explico esto se debe en respuesta a “la difícil situación que se vive en esta recuperación progresiva que tiene la provincia”, esto respecto de las actividades económicas.

 

En esa misma línea, el titular de la ATM indicó una serie de políticas que, considera, ayudaron a que la actividad económica se recupere, lo que impactó positivamente en la recaudación de la provincia, entre ellas destacó el cierre de fronteras, el convenio reciente firmado con Nación y el Ahora Misiones Mas 15 por ciento.

 

“Se logró niveles históricos en este 2021 de recaudación, llegando a un 160 por ciento de incremento de la variación interanual en la recaudación, lo que implica que Misiones es la provincia que tuvo un mayor incremento”, explicó.

 

Consenso Fiscal

 

La Cámara de Diputados el jueves pasado convirtió en ley el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que distribuye entre las provincias 70 mil millones de pesos para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

 

 

La iniciativa, que había obtenido media sanción del Senado el 24 de febrero, fue aprobada en la Cámara baja por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención del radical José Cano, tras breve debate en el que expusieron tan solo cuatro oradores.

 

El Consenso Fiscal fue acordado en diciembre por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, con excepción de San Luis, la Pampa, y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña.

 

El proyecto fue sancionado con los votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y legisladores de Juntos por el Cambio que responden a los gobernadores de la UCR de Corrientes Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales.

 

Se trata de los diputados de Corrientes Sofia Brambilla; y Gabriela Burgos, Oscar Moldani y Jorge Rizzotti, de Juyuy.

 

Los 104 votos de rechazo correspondieron en su mayoría a legisladores de Juntos por el Cambio, al Partido Social y los dos legisladores de la Izquierda.

 

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con un monto total de alrededor de 70 mil millones de pesos que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

 

El proyecto además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

 

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

 

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o la reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

 

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