Protagonizaron la “megaestafa judicial” de Misiones y hoy están libres tras acordar leves penas de prisión

Fueron protagonistas de un gran escándalo que se originó en el ámbito judicial y trascendió fronteras del mismo, en la sociedad misionera. Se trata de la “megaestafa judicial”, que llegó a su fin con la homologación por parte del Tribunal Penal 2 de Posadas, del acuerdo –en Juicio Abreviado- que establecieron los acusados y la Fiscalía. 

 

La sentencia salió publicada el 19 de octubre del 2020 y pasó desapercibida por los medios de comunicación social y la sociedad misionera en general. Antes habían corrido ríos de tinta en las redacciones de los distintos diarios y cientos de  horas en radios y tv, durante casi dos décadas, dando cuenta el ilícito. 

 

Tras casi 18 años de un largo y  meneado (por no decir un amañado) proceso judicial, con idas y vueltas; las actuaciones y los protagonistas del mega desfalco con depósitos judiciales entraron en la curva final a mediados del año pasado, aceptaron las culpas, acordaron leves penas de entre tres y cinco años de prisión y quedaron libres, porque se conmutaron los tiempos en que estuvieron detenidos, durante las distintas  etapas de  instrucción  de la causa. Algunos de los acusados, estuvieron en prisión cinco o seis meses después de la sentencia, solo para completar el monto de la pena.  

 

Hoy, los protagonistas de la “magaestafa judicial”, están libres y sólo se recuperó una parte ínfima de los 6.000.000 de pesos, del que fue valuada la gran defraudación, en aquel momento (entre 2001 y 2003).   

 

Jefa de una “asociación ilícita”

De los 28 acusados, seis de ellos -incluida la destituida ex jueza Graciela Brígida Salvado de Sotelo, llegaron a la instancia final en la causa de “Asociación Ilícita” y ahora quedaron libres. Sorprendió a quienes almorzaban el sábado pasado (21/05) en un céntrico restaurante de Posadas, frente a la plaza 9 de Julio, ver en una de sus mesas a la ex jueza del Juzgado Civil y Comercial 1, Graciela Salvado de Sotelo (74 años), considerada por la justicia como principal responsable de la “megaestafa judicial”.

 

 

 

Los restantes acusados, la mayoría de ellos fueron sobreseídos por prescripción de la causa o por diferentes recursos legales que presentaron durante el proceso judicial. El Tribunal Penal 2 de Posadas homologó el acuerdo de Juicio Abreviado alcanzado por la defensa de los acusados y el fiscal Martín Rau.  

 

El Tribunal Penal 2 de Posadas, integrado por los jueces; Carlos Jorge Giménez, Marcelo Alejandro Cardozo y Carmen Helena Carbone, suscribieron el fallo de 53 páginas el pasado 19 de octubre del 2020, homologando el acuerdo entre los acusados y la Fiscalía. El secretario firmante de la sentencia, fue Fabián Roberto Imlauer.  

 

Las penas establecidas fueron las siguientes: cinco años de prisión efectiva para la ex jueza Graciela  Brígida Candelaria Salvado de Sotelo por los cargos de “asociación ilícita en su carácter de jefa y organizadora, prevaricato, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.

 

Cinco años de prisión efectiva para Cayetano Raúl Castelli: “Asociación ilícita en su carácter de organizador, coautor de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.

Cinco años de prisión efectiva a Paula Andrea Espinoza: “Asociación ilícita en su carácter de organizadora, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.

Cinco años de prisión efectiva para Nora Graciela Castelli: “Asociación ilícita en su carácter de organizadora, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.

Cinco años de prisión efectiva para Guillermo Abdón  Fernández: “Asociación ilícita en carácter de organizador, coautor de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.

Tres años de prisión en suspenso para Miriam Elizabeth Saidman: “Asociación ilícita, coautora de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”.

 

Una megaestafa judicial de seis millones de pesos

El ex juez de Instrucción 2, José Luis Rey, llevó a cabo la instrucción el caso hasta la etapa procesamiento y elevación a juicio. En declaraciones a FM Libertad, Rey recordó que «hubo alrededor de 28 acusados«. El ex Juez rey manifestó que en ese momento (año 2001-2003) «se habló de una estafa de 6.000.000 de pesos». 

 

El letrado manifestó que del grupo que integró la delictiva, seis de ellos llegaron al juicio abreviado dentro de la figura de la «Asociación Ilícita», mientras que el resto en su mayoría eran «operadores circunstanciales» que cobraban las órdenes de pago de las cuentas de los depósitos judiciales. 

 

Rey aclaró que la «megaestafa» fue una «malversación dolosa y no una malversación culposa como quisieron hacer aparecer los involucrados», cuando pretendieron un cambio de carátula de la causa. «Todos los expedientes donde se libraron órdenes de pago no había ninguna resolución», remarcó.

 

 En ese contexto reiteró que «en la primera fase (de la malversación) extrajeron dinero fondos residuales de causas que quedaban en depósito judicial; de causas que habían prescripto y después se fueron perfeccionado en la operatoria y comenzaron a incluir expedientes de la Justicia Federal, como las expropiaciones de Yacyretá, cuyos fondos estaban depositados en el Banco Nación».

 

 Por último, José Luis Rey, manifestó que «se libraron 22 mil órdenes de pago en menos de dos años» y expresó que «a pesar de que estaban acreditados los extremos de quienes habían  percibidos los dineros de manera indebida, no se recuperó nada de lo malversado».

 

Las maniobras desde el Juzgado de Instrucción 1

La «megaestafa judicial» en Misiones se orquestó dentro del Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, a cargo de la entonces jueza Salvado de Sotelo, comienzos del 2000. El hilo de la enmarañada madeja judicial de la Provincia comenzó a romperse el 29 de septiembre de 2003 con una denuncia presentada ante la seccional primera de Policía por Ricardo Redes, un damnificado de las estafas.

 

 Con el correr de los años, la causa naufragó por las aguas de las apelaciones, recursos y rechazos, acumulado unas ocho mil fojas. Los acusados de integrar la red que se dedicaba a robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de la capital provincial.

 

La organización

 La organización enquistada dentro del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, tenía un aceitado mecanismo de cómplices dentro de la Justicia misionera, abogados del foro local, contadores y empleados bancarias que posibilitaban la extracción de dinero de los depósitos judiciales con órdenes de extracciones del órgano judicial, a cargo de la magistrada Salvado de Sotelo, quién fue acusada de ser la » jefa organizadora» de la organización. 

 

Además, la ex jueza fue acusada de “prevaricato y coautora penalmente responsable de los delitos de estafas reiteradas, estafas calificadas reiteradas, todos en concurso real”, durante se detalla del requerimiento de elevación juicio que hizo el entonces Juez de Instrucción 2, Luis Rey.

 

Para el ex juez Rey , la intervención de Salvado de Sotelo fue una “pieza necesaria” para llevar a cabo el ilícito ya que su juzgado se convirtió en “cabecera (punto neurálgico) para la realización de los programas pergeñados”.

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