Cuatro funcionarios públicos y 20 integrantes del Sindicato de Choferes de Camiones fueron procesados por el robo de vacunas contra el coronavirus de un hospital de Comodoro Rivadavia.
La decisión judicial fue tomada de la causa abierta por la sustracción de treinta dosis de los componentes uno y dos de vacunas Sputnik V (sesenta aplicaciones en total) para inocular al personal del gremio de los camioneros de la ciudad chubutense.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la jueza Eva Parcio de Seleme hizo lugar a lo solicitado por el fiscal federal Norberto Bellver y resolvió procesar a los acusados.
En su resolución, la magistrada explicó la maniobra ilícita realizada por un empleado del personal de salud del sindicato: le compró a una enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia las vacunas para que estas sean aplicadas a la Comisión Directiva y a los empleados del Sindicato y de la Obra Social de Camioneros.
La sustracción de 30 dosis del componente uno habría ocurrido entre el 7 y el 9 de enero cuando una de las imputadas, la enfermera Analía Muñoz, habría recibido el ofrecimiento de parte de un representante del sindicato, mientras que el resto de las dosis fueron robadas 20 días después.
En su resolución, Parcio de Seleme detalló que fue Muñoz quien sustrajo las vacunas “en el contexto de caos reinante en torno al proceso de vacunación, al no existir medidas de seguridad en relación a dichos bienes esenciales, un deficiente control, registros y protocolos al respecto, todo lo cual debía haber sido instrumentado por los funcionarios responsables”.
Para la jueza, el 29 de enero pasado unas veinte mujeres y hombres integrantes del sindicato, entre ellos quien instigó la maniobra delictiva, fueron vacunados con el primer componente por Muñoz y su compañera Gabriela Torres. Sin embargo, la magistrada explicó que aún está siendo investigada la inoculación con el componente dos de la vacuna.
Dentro de las responsabilidades de los funcionarios públicos, la jueza destacó el rol preponderante de Jorge Benítez, jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, quien tenía bajo su responsabilidad la Cámara de Vacunación porque ocupaba la función de “garante del resguardo de las vacunas”.
Por este motivo, Benítez fue procesado como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se le fijó un embargo de medio millón de pesos.
Además la magistrada señaló el rol de Daniela Cocha, quien fue procesada por el delito de malversación culposa de caudales públicos. Esta mujer era la encargada de coordinar la entrega diaria de las dosis necesarias y de realizar distintas tareas operativas en cuanto a la provisión de las vacunas conforme los turnos programados para cada día.
Fuente: Todo Noticias
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