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Entre Ríos: destituyen a un juez por violencia de género

El juez de Paz de la ciudad de Gualeguay, Sebastián Eduardo Salem, fue destituido por ejercer violencia, maltrato y hostigamiento hacia dos empleadas. El tribunal hizo además una advertencia: recomendó al Colegio de la Abogacía que se impartan capacitaciones en materia de género debido al accionar del abogado defensor Ladislao Uzín Olleros, a quien se le reprochó los términos descalificantes hacia las víctimas durante el jury.

 

Este lunes concluyó el jury que destituyó a un juez por violencia de género en una causa de violencia laboral en Entre Ríos. Se trata de Sebastián Eduardo Salem, juez de Paz de Gualeguay, denunciado por dos trabajadoras del juzgado, Deolinda Sabina Almada y María Carolina Almeida. “Es un gran antecedente para la provincia ya que le da fuerza a otras víctimas para radicar denuncias en relaciones de poder en el sistema judicial” sostuvo Giuliana Miller, abogada que acompañó a las víctimas en todo el proceso. Las denuncias que tuvieron origen en 2019, lograron que el juez fuera suspendido en sus funciones a fines del año pasado en espera del juicio que este lunes lo encontró culpable.

 

Almada detalló como el juez se dedicó a enrostrarle su condición y poder, se dirigía hacia su persona de manera claramente descalificadora. En la sentencia se indicó que el juez no se privó de realizar comentarios descalificantes hacia Almada por su condición de mujer o a su apariencia física delante de cualquier persona. “Después de todo si no te gusta bien, yo soy el Juez y hago lo que quiero” le decía.

 

Tanto Almada como diferentes testigos detallaron cómo la secretaria fue “ninguneada”, “descalificada”, “cosificada” , así como a las amenazas de sanción, malos tratos y distintos obstáculos que sufría la secretaria de manera constante. La escalada de violencia afectó la salud de Almada, lo que quedó corroborado por la Junta Médica que diagnosticó “trastorno de estrés postraumático desencadenado por vivencias caracterizadas por abuso de poder de quien es su superior inmediato”.

 

Del mismo modo a través de datos relevados por el Equipo Técnico Interdisciplinario, se estableció el tipo de violencia en el ambiente laboral: “especialmente violencia psicológica y simbólica, pero también, indirectamente, como violencia económica, en tanto estaría en juego su puesto de trabajo, con marcado desequilibrio de poder” según detalla la sentencia, donde se informa además que una de las denunciantes atravesó “una importante crisis de angustia, polisintomática, con depresión reactiva y movilización de síntomas de ansiedad, stress, stress postraumático (por el asedio de las ideas que remite a situaciones traumáticas vividas en el trabajo) y fatiga generalizada”, algo que caracterizaron como “enfermedad reactiva a las condiciones de trabajo”.

 

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió finalmente por mayoría la destitución del magistrado y formuló una recomendación al Colegio de la Abogacía sobre la necesidad de impartir las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela. Esto se debió a las actuaciones del defensor, Ladislao Uzín Olleros, a quien se le reprochó el uso de “adjetivos agresivos, descalificantes y mendaces hacia las trabajadoras” durante el jury. En el alegato final Uzín Olleros usó adjetivos como ‘guaranga’, ‘grosera’, ‘fabuladora’, ‘mitómana’, ‘proclive a la victimización’, ‘patética, artera, canalla y perversa’, entre otras para aludir a la doctora Almada, por lo cual en la sentencia se explicita que “el defensor utilizó el peor de los recursos como es la descalificación de una de las víctimas, sin lograr desvirtuar los hechos atribuidos a su defendido y que motivaron la formación de esta causa, los que se han mantenido inalterables”.

 

Inmediatamente la secretaria general adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero, cuestionó duramente al abogado: “Trasgredió las líneas. Nadie se merece este trato y menos de un abogado que debe abogar por defender. Este juicio ha sido tremendamente agotador para las mujeres agredidas”, dijo sin descartar que se pueda hacer una presentación contra el abogado y exigir por la Ley Micaela. “En el Poder Judicial el problema es que no lo hacen quienes tienen que hacerlo”, sostuvo en referencia a quienes actúan como auxiliares de la justicia.

 

Fuente: Página 12

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