“Con mi cara No”: una iniciativa que se opone a la tecnología de reconocimiento facial

El proyecto “Con mi cara no” apunta a concientizar sobre la tecnología de reconocimiento facial, con el objetivo de que la sociedad pueda entender cómo funciona, cómo se procesan los datos biométricos y cuáles son los riesgos de su implementación. Eduardo Ferreyra, integra la Asociación por los Derechos Civiles que lleva adelante esta iniciativa ciudadana y explicó que esta herramienta de vigilancia y control implica mayores riesgos que potenciales beneficios.

Eduardo Ferreyra – FM Santa María de las Misiones

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El reconocimiento facial es una tecnología biométrica que permite reconocer e identificar a las personas mediante los rasgos de su rostro, y para ello utiliza las características físicas y de comportamiento únicas de cada persona. Así, de manera automatizada permite reconocer, autenticar o identificar, a uno o múltiples individuos.

 

 

“En el proyecto Con mi Cara No, lo que nosotros tratamos es el uso del reconocimiento facial con fines de vigilancia y seguridad pública”, explicó Ferreyra en diálogo con FM Santa María de las Misiones, y añadió que se torna problemático la forma en que es aplicado en el país ya que “no cumple con los requisitos de derechos o con los términos legales”.

 

Esta tecnología puede ser implementada en cada provincia de manera distinta; sin embargo, es habitual que se utilice en estaciones de trenes, de subtes, terminales de colectivos y en lugares muy concurridos donde se puedan identificar a muchas personas en tiempo real mediante la tecnología biométrica.

 

Ferreyra hizo hincapié, en que si bien hasta el momento los sistemas están siendo utilizados únicamente para detectar personas prófugas con antecedentes delictivos, conlleva un riesgo para el resto de la sociedad. “El sistema no es infalible y puede detectar erróneamente a una persona. En Buenos Aires hubo casos de personas que fueron identificadas incorrectamente como prófugas o delincuentes y tuvieron que pasar varios días en la cárcel”, comentó.

 

 

Además, manifestó que lo que se está exigiendo a las autoridades que utilizan esta tecnología, es que tengan condiciones de seguridad para la conservación y el mantenimiento de los datos obtenidos.

 

“La pérdida de esos datos ponen en riesgo a las personas; no puedo cambiar mi cara si los datos biométricos son filtrados”, advirtió el oficial del proyecto de la ADC. En esa misma línea remarcó la importancia de tener medidas avanzadas de seguridad y criticó que el Estado no tiene un buen nivel de seguridad, argumentando que ya hubo varios problemas con hackeos y filtraciones de base de datos.

 

La principal legislación que protege los datos personales es la Ley 25.326; además Ferreyra señaló que la constitución también ampara teniendo en cuenta la vulneración del derecho a la privacidad y el derecho la no discriminación.

 

Sobre este último punto, Ferreyra aclaró que “la tecnología demostró en otros países que suele arrojar mayor porcentaje de error en personas de tez no blanca y mujeres también. Si bien hay que pensar en los datos personales, hay otras cuestiones de igualdad que también están en juego”, comentó.

 

Al mismo tiempo manifestó que la obligatoriedad de entregar los datos para cualquier trámite no se corresponde con la ley, y añadió que los datos biométricos son datos sensibles por lo que considera que debería haber otra forma de poder acceder a determinados trámites que exigen esta metodología.

 

Finalmente, el oficial del proyecto de la ADC reveló que no se descarta optar por la vía judicial para avanzar con el proyecto. “Nosotros desde el 2019 ya tenemos una demanda con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el uso de este sistema donde hubo varios casos de personas que fueron incorrectamente identificadas”, contó. Al mismo tiempo sostuvo que el sistema presenta grandes faltas de información y transparencia es por ello que pretenden agotar todas las instancias para que se prohíba su uso.