El diputado provincial por el Frente Renovador de la Concordia, Rafael Pereyra Pigerl, presentó, junto a otros legisladores del bloque, entre ellos su presidente, Martín Cesino, un proyecto de ley que impulsa la creación de un equipo que se encargue de la prevención de la usurpación de propiedades, drama que padecieron algunas familias misioneras durante el año pasado en Itacaruaré, Wanda, Dos de Mayo y Montecarlo, entre otras localidades.
Rafael Pereyra Pigerl. Radio República
El diputado pretende que el equipo de Prevención de Usurpaciones sea integrado por un representante del Ministerio Público Fiscal, uno del ministerio de Gobierno, otro de la Policía de Misiones y el último, un diputado provincial designado por el cuerpo legislativo.
#Ambiente Informe Especial: En Misiones hay un negocio inmobiliario detrás del delito de la usurpación de tierras https://t.co/s4cbvH47he pic.twitter.com/hkFjBKM97M
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“En Misiones es política de Estado cuidar a los misioneros, de su seguridad como de sus bienes. También en la misma medida atendiendo a cada misionero en la seguridad social”, argumentó el abogado oriundo de Oberá.
El legislador, recordó que durante las sesiones ordinarias del año pasado también, desde la Cámara de Representantes, se propuso la creación de la Policía Rural y Ambiental, como una subdivisión de la Policía de Seguridad, mediante la modificación del artículo 13 de la Ley XVIII N° 22 (Antes Ley 3389).
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“En el mismo sentido, es necesario atender, prevenir y realizar el debido seguimiento a las usurpaciones en la provincia de Misiones, al igual que se está realizando en Tucumán por ley; y otras provincias como Chaco o Entre Ríos, que están trabajando en similares iniciativas”, graficó.
Pereyra Pigerl explicó que el equipo de Prevención de Usurpaciones tendrá como objetivo intervenir de manera preventiva y temprana, en casos de tentativa o cuando surgieran indicios de posibles usurpaciones. La intervención se convertirá en permanente en caso de que se consumara el delito de la usurpación de alguna propiedad, para evitar que la situación que se pueda generar (entre los usurpadores y los legítimos dueño) se torne complejas o fuera motivo de alguna disputa violenta.
“La coordinación estaría en cabeza del ministerio de Gobierno en la figura de un funcionario civil con acreditada formación en mediación o resolución alternativa de conflictos. Asimismo, el Equipo de Prevención de Usurpaciones debe contar con mediadores capacitados en resolución de usurpaciones masivas de propiedades públicas o privadas que serán seleccionados conforme lo determine la reglamentación”, señaló el diputado.
Otra medida que impulsa la ley es la intervención de otros estamentos del Estado, como el ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Defensa Civil, los Bomberos Voluntarios, gobiernos municipales o entidades rurales, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.
“El Equipo de Prevención de Usurpaciones realizará una tarea preventiva y de colaboración con la Justicia y debe: Establecer procedimientos, protocolos y conductas que deben seguirse a fin de garantizar la legalidad, celeridad y eficacia de las intervenciones; garantizar la activación inmediata de los protocolos para prevenir usurpaciones y, en el caso de consumadas, colaborar con la justicia en el desalojo del inmuebles usurpado; coordinar con los organismos competentes la asistencia necesaria considerando la situación de vulnerabilidad de las personas involucradas; contar en los procedimientos con la presencia permanente de personas capacitadas en mediación y resolución alternativa de conflictos; coordinar acciones e intercambiar información con los municipios; asignar las funciones de comunicación, diálogo y mediación en todos los proceso preventivos de desalojo a personal civil o a efectivos policiales especialmente capacitados en mediación y resolución alternativa de conflictos”, argumentó.
#Justicia Familia de Itacaruaré recuperó la posesión de su chacra que había sido usurpadahttps://t.co/826QHNswjP pic.twitter.com/6vIkutBfks
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El proyecto estipula, además, que en caso de que la Justica ordenara un desalojo, el procedimiento no se realice en horarios nocturnos, en condiciones de inclemencia meteorológica o en circunstancias que impliquen riesgo para los intervinientes.
“Asimismo, se tendrá especial consideración y se dará intervención a los organismos provinciales competentes cuando estén involucrados niños, niñas y adolescentes como mayores adultos”, afirmó.