El Secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, se refirió al tráfico ilegal de cereales por la rutas argentinas y el crecimiento de detección de este tipo de actividad a partir de operativos de las fuerzas de seguridad en los controles de rutas, pero destacó que más allá de lo que detectan Gendarmería o Prefectura, corresponde al Poder Judicial determinar el origen y destino final de la carga y la responsabilidad penal del transportista en el hecho.
Eduardo Villalba – Radio Libertad
“Es un fenómeno de tráfico ilegal de cereales que se da a pesar de las restricciones por la pandemia que se hizo creciente en todo el país desde año pasado”, destacó el funcionario en diálogo con Radio Libertad este lunes (15/02), precisando que las cargas salen de las zonas portuarias o lugares principales de producción y transitan por las rutas nacionales por eso la intervención de Gendarmería y Prefectura.
Eduardo Villalba.
Agregó Villalba que estas operaciones de las fuerzas federales se dan en su mayoría en operativos normales de ruta, “no tenemos procedimientos realizados a partir de una investigación judicial por eso no tenemos datos de origen, a partir de estas incautaciones comienzan las investigaciones del Poder Judicial y a partir de allí se puede determinar el ruteo, la trazabilidad, el destino final”, puntualizando que la mayoría de los procedimientos se dan en rutas nacionales como la Ruta 34, la Ruta 12, la Ruta 3 entre otras y se incauta el material cuando se advierte una carga que no puede ser justificada.
Al explicar los procedimientos el Secretario de Seguridad comentó que “se hacen dentro del país y se presume una salida hacia los principales puntos de frontera, por eso para hablar de contrabando tenemos que ahondar un poco más en los procedimientos judiciales posteriores y en la intervención de otros organismo del Estado como AFIP y Aduanas porque no solo el trabajo de las fuerzas de seguridad es muy importante, Aduana y AFIP deben determinar también si además del perjuicio comercial al país, hay un perjuicio impositivo también porque es todo material en negro el que se incauta, hay otros perjuicios mayores que puede ser contrabando hacia otros países e inclusive hasta el reingreso posterior de ése cereal al país afectando muchas más reglas comerciales y cadenas económicas”.
Sobre la situación de los choferes y la carga explicó que eso depende del temperamento que adopte el juzgado que interviene cuando la fuerza de seguridad requiere instrucciones al realizar el hallazgo de material sin justificación en un camión, “hay pocos choferes detenidos, lo que si se realiza es un trabajo tendiente a determinar los titulares del transporte, de los camiones y la existencia de una organización criminal con algunas cabezas y con distintas ramificaciones y actores a lo largo y ancho del país y forma parte de cada una de las intervenciones judiciales que se realiza después de la incautación del cereal”.
Agregó al respecto que de acuerdo al procedimiento lo que tiene que demostrar el transportista es la carta de porte o la salida que la normativa argentina indica para este tipo de transporte, tanto de comercialización de granos como el destino final dentro o fuera del país, “lo que ocurre en estos casos es que el material que está en los camiones no se puede demostrar”.
El funcionario destacó además que muchos de los procedimientos se realizaron a partir de la advertencia y el pedido con las provincias con quienes viene trabajando desde el año pasado en el marco del Consejo de Seguridad Interior con las provincias que tienen esta problemática que advirtieron de la creciente acción del tráfico ilegal y comercio clandestino de cereales a partir de allí se intensificaron los operativos creciendo en procedimientos del 2019 al 2020 en un 144 % detallando que en el año 2020 se realizaron 139 procedimientos, mientras que en el 2019 hubo 57 procedimientos solamente.
Agregó que “queremos determinar la existencia de un delito económico porque a partir de eso podemos hacer una persecución penal más efectiva y trabajarlo en el marco de una actuación judicial donde se determine los distintos eslabones de esta cadena y los actores de la organización”.
A/E.J.
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