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#MurióMenem. Múltiples investigaciones en su contra, una condena, seis meses de arresto y un juicio trunco

#MurióMenem. Múltiples investigaciones en su contra, una condena, seis meses de arresto y un juicio trunco

El expresidente y senador nacional Carlos Menem afrontó una gran cantidad de causas judiciales no sólo por corrupción sino también por hechos vinculados al atentado a la AMIA y en diez días debía presentarse a la Justicia, acusado de ser el presunto autor mediato de la explosión, hace 25 años, de la Fábrica Militar situada en Río Tercero, Córdoba.

Menem solo recibió una condena en esa causa que nunca quedó firme y por otra estuvo preso apenas seis meses de manera preventiva, y la mayoría de las investigaciones prescribieron o languidecieron con el tiempo.

La imagen de Menem acechado por las causas en su contra fue eso, tan sólo seis meses preso en 2001 en una quinta de Don Torcuato de manera preventiva por el supuesto tráfico de armas a Croacia y Ecuador: casi todas las causas terminaron en la nada por el paso del tiempo.

En el juicio donde se lo acusaba por firmar decretos en 1991 y 1994 por la venta de 6.500 toneladas de armas que figuraban como destinadas a Venezuela y Panamá fue absuelto en 2011.

Dos años más tarde la Cámara Federal de Casación revisó el fallo y lo condenó a siete años junto a otras 11 personas por contrabando agravado, pero en 2017, cuando el expediente llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó un nuevo fallo.

 

En octubre de 2018, la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, sacó un nuevo fallo en el que absolvió al ex presidente por prescripción: habían pasado más de 20 años.

Otro hecho escandaloso que envolvió a Menem fue el supuesto intento de encubrimiento de los acusados de volar la sede de la AMIA en 1994 con presuntas maniobras como un llamado a la Justicia para frenar allanamientos. El dirigente riojano fue juzgado junto con el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y muchos otros, y fue absuelto por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 luego de tres años y medio de debate oral.

Esa decisión fue apelada por el fiscal Raúl Pleé ante la Corte, decisión aún pendiente de definición, y en el cual solicitó la condena de cuatro años tal cual lo había pedido la fiscalía en el juicio.

También terminó en nada la acusación sobre Menem que incluía a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por la venta a precio vil del predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina en 1991.

El predio se vendió a 100 millones de dólares menos de su valor real y por ello en el juicio el ex presidente había sido condenado a tres años y nueve meses de prisión, según el resultado del juicio que finalizó en marzo de 2019.

Pero meses más tarde, y a 28 años del hecho, la Cámara Federal de Casación Penal, otra vez con la firma de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, lo sobreseyeron porque se vencieron «los plazos razonables» del expediente.

La única condena que recibió, pero que no quedó firme porque no se pronunció la Corte Suprema de Justicia, es por el cobro de sobresueldos para él y varios de sus ex funcionarios durante su gestión.

 

Ese caso se originó con la propia confesión de la fallecida ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, quien intentó justificar su incremento patrimonial con el cobro de esas sumas de dinero como funcionaria pública.

Esa condena de cuatros años de prisión fue luego confirmada por la Casación, pero tampoco tuvo definición de la Corte.

El ex mandatario tuvo otras investigaciones que llevaron décadas, pero que ni siquiera llegaron a instancia de juicio oral, y languidecieron en los despachos de Comodoro Py. Una es la causa que derivó en un caso de supuesto enriquecimiento ilícito, que se originó en 2004 por desprendimiento del caso de supuesto tráfico de armas a Croacia y Ecuador: se estaba realizando un peritaje contable que ordenó la jueza federal del caso María Eugenia Capuchetti.

 

Por otro lado, en 2013 el Tribunal Oral Federal 4 absolvió al senador por supuesta omisión en sus declaraciones juradas al no declarar dos cuentas bancarias en Suiza: otra vez el protagonista fue el paso del tiempo y su desvinculación fue por prescripción. Una investigación incipiente que lo tuvo a Menem acusado en la Justicia de Córdoba fue la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, pero también el expediente terminó sujeto a avances y retrocesos.

 

Río Tercero, la ciudad que no llorará a Menem

El expresidente debía enfrentar a la Justicia dentro de 10 días, acusado de ser el presunto autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar, hace 25 años. Esa localidad declaró al fallecido expresidente «persona no grata», por lo que ninguna calle, ningún monumento y ninguna plaza se llamará Carlos Saúl Menem.

 

arlos Menem murió sin saldar su deuda más grande con la Justicia: el 24 de febrero próximo debía sentarse en el banquillo de los acusados, como sospechoso de haber sido el autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en noviembre de 1995, maniobra que tuvo como objetivo tapar el tráfico de armas y municiones. Menem estaba imputado por el presunto delito de estrago doloso agravado, pero ahora la muerte lo exonera en los papeles.

 

El pasado 3 de noviembre, al conmemorarse un cuarto de siglo desde la explosión, el intendente Marcos Ferrer anunció que Carlos Menen sería declarado «persona no grata» en la localidad, por lo que no podrá ser homenajeado, ni llevar su nombre ninguna calle. «Vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, ninguna calle, ningún parque va a poder jamás reconocer al expresidente, responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre», remarcó el jefe comunal.

 

La tarde de la explosión, Menem y el por entonces gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, encabezaron una conferencia de prensa en esa localidad, en plena conmoción. Allí el por entonces presidente dijo a los periodistas: «Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un atentado». Mestre, a su lado, agregó: «Descarto totalmente la posibilidad de que se trate de un atentado». El país, vale recordarlo, venía de sufrir dos atentados internacionales: el ataque a la embajada israelí y a la sede de la Amia.

 

La explosión

Aquella mañana de noviembre de 1995, desde las 8.55, se oyeron tres detonaciones. Las dos primeras sucedieron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros. Así, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.

 

En un principio, la Justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo. Pero años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.

 

La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de «acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones».

 

Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.

 

Las explosiones tenían como intención ocultar el faltante de municiones. Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.

 

La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia. Es decir que soldados argentinos, como miembros de fuerzas internacionales, combatían con insurrectos que utilizaban armas argentinas.

 

En esos años, cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran trasladados a distintos puertos para ser embarcados al destino requerido por los compradores ilegales.

 

En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero -que supuestamente estaba en reparaciones- comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.

 

Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.

 

El juicio

Tras varios años de instrucción, la causa llegó a juicio en 2014. El Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años. La sentencia fue confirmada por Casación y fue apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que deberá decidir si la deja firme.

 

Beneficiado por distintas apelaciones, Menem logró zafar del juicio. Menem no había sido incluido en ese juicio porque la Justicia Federal cordobesa le había dictado antes una falta de mérito a su favor, cuando había sido procesado junto a los militares. Pero en 2018, y tras una serie de apelaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar esa decisión y devolver el expediente a Córdoba.

 

En noviembre de ese año, el juez Carlos Ochoa, del Juzgado Federal de Río Cuarto –donde desde un comienzo se instruyó la investigación– volvió a procesar y a elevar a juicio a Menem, pero, en este caso, en soledad.

 

Nuevas apelaciones interpuestas por su defensa dilataron el avance del proceso, hasta que quedó finalmente en firme la resolución. La acusación era como presunto «autor mediato» de estrago doloso agravado; fijándose la fecha para el 24 de febrero de 2021. Hace unos días, su familia había pedido la suspensión del juicio.

 

Menem iba a estar sentado solo. Ahora, muerto, será sobreseído de responsabilidades penales.

 

 

 

Fuente: Noticias Argentinas y La Voz

ZF-CP


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