La medida anunciada por el Ministerio de Seguridad alcanza a todas las fuerzas federales y serán supervisadas por la Dirección Nacional de Políticas de Género.
El Ministerio de Seguridad anunció un refuerzo en las restricciones sobre el uso y tenencia de armas de fuego para los policías que tengan denuncias de este tipo, según informó este jueves en el Boletín Oficial.
Mediante la resolución 471/2020, se explica que ya en 2012 otra resolución del mismo área establecía los procedimientos relativos a la prohibición, “cuando se comprobare la configuración de supuestos vinculados a violencia de género, familiar, licencias psiquiátricas y/o uso ilegítimo de la fuerza”.
“El esquema organizativo del ministerio Fue modificado con motivo del dictado del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, y la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020 crea la Dirección Nacional de Políticas de Género, la cual tiene por acción registrar, revisar y acompañar los procesos administrativos internos vinculados a denuncias del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales “observando las normativas vigentes del ejercicio de la profesión y el cumplimiento de los derechos, en el marco de sus competencias específicas», señala el escrito que fue firmado por la titular de la cartera, Sabina Frederic.
Así, será el personal de la citada Dirección el encargado de supervisar el procedimiento y solicitar a la “Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria” que proceda a la “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación” en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar.
Según se detalla, “resulta necesaria su modificación a fin de dotar de mayor eficiencia los mecanismos establecidos para restringir la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales involucrado, incorporando supuestos de aplicación que la citada normativa no contempla y estableciendo requisitos específicos para su levantamiento”.
La prohibición de la portación se llevará a cabo bajo la modalidad preventiva, “toda vez que, aún no mediando medida cautelar dictada por la autoridad judicial competente”, y luego de la evaluación en concreto de una o más denuncias ingresantes por cualquier vía a la Dirección Nacional de Políticas de Género del ministerio, estas “sugieran” que el arma de dotación pueda representar un riesgo inminente para la víctima. En estos casos, la restricción se podrá aplicar de manera preventiva y a los efectos de disminuir los peligros potenciales.
Será obligatoria, se expone, la intervención de Junta de Reconocimientos Médicos para evaluar el estado psicofísico del denunciado, como así también su aptitud para la portación de armamento.
En cuanto a la modalidad con medida cautelar, “comprende este supuesto aquel en que el personal se viera alcanzado por alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 y/o 4º de la Ley 24.417”. En ese caso, podrá realizarse en forma parcial o total.
La prohibición será solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla en la armería de su destino al culminar la misma, hasta tanto se encuentren reunidas las condiciones para el levantamiento de la medida.
Si es total, no se permitirá el acceso en ningún momento. Este tipo de restricción se llevará a cabo ante la valoración de un caso grave como: abuso sexual o tentativa de abuso sexual, lesiones graves, intento de homicidio/femicidio; cuando el personal denunciado se encuentre detenido a disposición de la justicia ante la posible comisión de un ilícito y también para casos de reincidencia.
Con el fin de garantizar “la debida perspectiva de género ante la toma de esta medida”, el procedimiento de restricción hacia la denunciante será guiado por el Centro Integral de Género de la fuerza correspondiente.
Fuente: Minuto Uno
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