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El INADI Misiones analiza las sanciones que caben ante las publicaciones amenazantes contra una legisladora nacional emitidas desde una cuenta de la Subsecretaría de Culto

Ayer, desde la cuenta de Facebook de la Subsecretaría de Cultos de la provincia que preside Rossana Barrios, se publicaron amenazas e incitaciones violentas contra la diputada Flavia Morales.

Silvia Risko – Radio Libertad


El posteo decía lo siguiente “No representa pero está en lugar de representación de la provincia. Ahora a no olvidar y que le cueste caminar libremente x nuestra provincia. Esto nos puede costar el cargo de la subsecretaría, pero instamos, a nuestro pueblo a hacer y tener memoria y recordarle que no nos representa y que con la plata que habrá cobrado vaya con su humanidad a otra parte”.

 

Es por ello que la delegada en Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Silvia Risco, explicó que se está trabajando para que los implicados asuman la responsabilidad que les corresponde.

 

“Esto es un delito. No es una cuestión de emitir o no emitir una opinión. Todos estamos la libertad gracias a que vivimos en democracia de poder emitir opiniones y mantener posturas con respecto a distintos temas que todavía no son ley, una vez que se convierten en ley hay que acatarlos. Pero esto va mucho más allá, es muy peligroso que suceda esto en un Estado de Derecho. Primero porque se está atentando contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión, contra el derecho a decidir y contra todos los derechos y garantías protegidos y avalados por la Constitución Nacional” manifestó Risco.

 

Además, contó que sufrió una situación muy similar cuando era legisladora y se trató el tema del matrimonio igualitario. En aquella circunstancia, dijo que recibió “acoso y amenazas”.

 

Debido a estas situaciones, afirmó que “no se puede permitir que libremente y menos desde el Gobierno provincial, haya alguien que atente contra todos los derechos conquistados”.

 

En cuanto a las medidas que se van a tomar por lo sucedido, dijo que “estamos recibiendo distintas denuncias de organizaciones y personas que se sienten que sus derechos fueron vulnerados. Estamos también trabajando con Buenos Aires, porque como funcionarios públicos, si estamos ante el conocimiento de un delito, tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciarlo. Así que estamos viendo qué acciones seguir en este sentido”

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