Los datos corresponden al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap) difundido por la organización «TECHO» en su último informe sobre los barrios populares creados a lo largo y ancho del país.
A continuación, el informe de Gestión de Gobierno realizado por TECHO:
Como venimos haciendo hace algunos años, desde TECHO buscamos realizar un aporte al debate público a través de la publicación de la opinión respecto a los elementos más destacados en términos de la gestión de los distintos gobiernos sobre las políticas vinculadas a la pobreza y el hábitat.
En la actualidad, según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), la provincia de Misiones cuenta con 268 barrios populares donde viven aproximadamente 41.891 familias1, ubicándose como la tercera con mayor cantidad de barrios populares del país.
Como es de público conocimiento, este último año estuvo atravesado por la pandemia de COVID-19. Los efectos en los barrios populares ante el cierre de actividades productivas y económicas dejaron a la vista la vulnerabilidad de los mismos una vez más. Desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, más de 15 organizaciones sociales, sindicales y religiosas tuvimos la intención de conformar un comité de crisis local que sea reconocido y articulado junto al Poder Ejecutivo Municipal. A lo largo de este tiempo, enviamos notas solicitando pedidos de audiencia e incluso hasta un proyecto de ordenanza con una propuesta concreta, pero no recibimos ninguna respuesta.
El comité de crisis oficial se conformó 60 días después del comienzo del ASPO, compuesto por dos ediles del oficialismo, dos de la oposición y funcionarios/as municipales y de las Fuerzas de Seguridad. Consideramos que las intervenciones de dicho comité, en tanto entrega de insumos y alimentos, nos fueron completamente eficaces. Si bien tuvieron llegada a ciertos puntos estratégicos que buscaban nuclear a más de un barrio con viandas que entregaba el Ejército y se crearon cocinas centralizadas para abastecer a 130 comedores, los referentes y referentas de los comedores de los barrios en los que trabajamos consideran que dichos insumos en todo momento fueron escasos y no lograron abastecer la necesidad de los vecinos y vecinas de las comunidades.
Ante la crisis epidemiológica, las organizaciones sociales abastecimos a comedores, merenderos y familias con alimentos e insumos de sanidad, generamos instancias de capacitación en relación a los cuidados del virus, realizamos relevamientos y generamos información, acompañamos la realización de trámites para la obtención de beneficios estatales como el IFE, monitoreamos y acompañamos casos de violencia de género. Creemos que estas acciones, potenciadas con el trabajo articulado junto al Estado, podrían haber dado más y mejores resultados para quienes viven en los barrios, en un momento en el que esto era particularmente necesario.
En relación a la implementación de la Ley Nacional 27.453, no visualizamos avances concretos y nos resulta inaceptable que con la adhesión provincial y la modificación de la Ley provincial XII-28 que suspende las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar desalojos a viviendas únicas y familiares, todavía tengamos casos como el que se dio el pasado 23 de octubre. En esta fecha se desalojó sin previo aviso a una familia que habitaba un terreno y una vivienda desde hace más de 50 años en la Chacra 188. Ante la tensión del derecho a la tierra y a la vivienda frente al derecho a la propiedad privada, nuestra propuesta siempre es que haya un proceso justo que resuelva la situación, garantizando el cumplimiento de todos los protocolos y normativas. Sin embargo, en casos reales y extremos en los que se proceda con un desalojo (salteando todas las leyes anteriormente citadas), existen tratados internacionales de Derechos Humanos que deben ser respetados.
Para transformar la problemática habitacional de fondo, el gobierno debe ser el principal promotor y debe garantizar la correcta implementación de dichas leyes. En este sentido, un actor fundamental es el Instituto de Provincial de Desarrollo Habitacional2. El mismo tiene como objetivo ejecutar programas tanto provinciales como nacionales destinados a la regularización de terrenos donde se implementará la construcción de distintas modalidades de viviendas, fomentando la articulación entre empresas, ONGs, el gobierno y el Instituto. Igualmente consideramos que los requisitos que exige la inscripción para acceder a programas del Instituto no contempla la realidad de las familias de los barrios populares, ya que se exige, por ejemplo, justificar la tenencia de la vivienda mínimamente con la factura del servicio de luz, cuando el 76,2% de los asentamientos no tienen acceso formal a este servicio. Exige también la justificación de ingresos, cuando solo el 56% de las personas que viven en asentamientos acceden a un trabajo en blanco3.
En lo que respecta al acceso a servicios básicos e infraestructura el 99,6%4 de las familias de los barrios populares no acceden al servicio formal de agua y conocemos ejemplos. En Los Patitos 2 esta problemática se trató de solucionar con la colocación de macromedidores, trayendo estos problemas legales para el o la titular, conflictividad entre vecinos y vecinas, obligando a las personas que habitan el territorio a organizarse y hacer el trabajo que debería hacer la empresa prestadora de servicio.
El 98% no accede al servicio formal de energía eléctrica y el acceso irregular al mismo acarrea problemas de incendio en viviendas, sobre todo en los meses de altas tormentas en la provincia.
El 39,9% no cuenta con alumbrado público. Somos conscientes del recorrido que queda para saldar esto, pero celebramos la colocación del alumbrado público en los barrios Belén y Manantiales. En ambos, según testimonios de vecinas de la comunidad, el barrio se percibe más seguro y el vandalismo disminuyó. A diferencia del barrio el Porvenir ll, en donde los últimos meses han sufrido distintos problemas de inseguridad en las noches, y frente a esto vecinos y vecinas hacen responsable de estos hechos a la falta de iluminación.
La búsqueda de soluciones estructurales para las problemáticas que padecen los barrios populares requiere de prioridad política, capacidad de articulación de los gobiernos para su abordaje y la implementación efectiva de la Ley 27.453. Este es un tema que debe marcar la agenda pública, buscando la implementación de políticas construidas con las capacidades de las familias de los barrios populares y las organizaciones sociales que den respuesta a corto, mediano y largo plazo a la integración social y urbana de los asentamientos.
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