La preocupación de vecinos ante el aumento de casos de problemas de intrusión, usurpación de tierras privadas y robos (madera, yerba mate, maquinarias, vehículos, etcétera) llevaron a que se organizaran en una convocatoria abierta para llevar adelante una asamblea pública a realizarse este martes 8 de diciembre a las 19 horas, con el objetivo de “defender nuestras chacras y nuestras familias, en defensa de la propiedad privada y de nuestros derechos”, señalan referentes que participan y comparten la invitación a sumarse a la concentración.
La asamblea es abierta a toda la gente de la provincia que quiera sumarse al reclamo de intrusión, usurpación, estafas de venta de tierras, abigeato, seguridad rural en general. En las últimas semanas lanzaron una campaña virtual con la recolección de firmas digitales, para elevar un petitorio al gobierno provincial.
La reunión será en la Plaza de Santiago de Liniers, en el departamento de Eldorado, y es continuidad de concentraciones anteriores del que resultara un petitorio al gobierno provincial con los fundamentos de la problemática que enfrentan las familias rurales. “Es una iniciativa genuina, que nace desde la comunidad que se siente preocupada por todo lo que está ocurriendo en la provincia y está relacionado a la falta de seguridad y respeto por la propiedad privada. Queremos dar visibilidad real al problema, de otra forma, la gente no se va a quedar en las chacras misioneras, las familias están con miedo”, explicó el empresario Cristian Gruber en contacto con ArgentinaForestal.com.
Agregó que está en permanente comunicación con sus vecinos, y muchos de ellos plantean que “no se animan a ir solos al campo por temor, se organizan y van al campo entre dos o tres personas para alimentar a los animales, ver los cultivos y controlar el campo. Pero no se animan a ir solos por temor a encontrarse con desconocidos dentro de su predio. Es difícil trabajar así. En el campo hay muchas personas mayores, y el caso de Rudy Weber aún duele en la zona, fue un impacto para todos. La gente está muy preocupada y la defensa particular de lo suyo puede traer peores consecuencias, se necesita que el Estado intervenga con más seguridad en el territorio”, adelantó Gruber.
“Es una situación muy compleja, y no se puede normalizar la inseguridad. En Misiones se vivía tranquilo hasta hace poco tiempo, por lo menos en la zona de campo no sucedían estas situaciones de inseguridad, y nos reunimos este martes para analizar que se puede hacer en forma urgente para frenar estos hechos sin que esto pase a mayores consecuencias”, explicó.
La concentración está promovida bajo el respeto del protocolo por COVID-19, de llevar barbijos, cada uno con su mate, mantener el distanciamiento vigente entre las personas.
Problemática y preocupación
Los productores, industriales y vecinos pidieron a las autoridades provinciales reforzar medidas de seguridad ante la situación derivada de la ocupación indebida de tierras, de los ilícitos derivados, solicitando además arbitrar una adecuada solución institucional para poner freno a este flagelo.
“Es de público y notorio conocimiento la problemática de la ocupación irregular de la tierra, tanto sean privadas como públicas, mediante el mecanismo de la intrusión, que consiste en ocupar y apropiarse de un inmueble ajeno, sin derecho. Si bien, nadie quiere utilizar el término de “intruso” y se trata de recurrir a sinónimos o refugios lingüísticos alternativos de ocupantes, etcétera; la realidad es que son cada vez más los casos de “usurpación” y al respecto, la jurisprudencia ha establecido que el significado técnico del término «intruso”, está dado por «introducirse sin derecho» o por la fuerza o por la vía de hecho o apoderarse de un inmueble en contra de la voluntad de su dueño”, explicaron en un documento que fue elevado al gobierno provincial.
En el escrito, que fue entregado la semana pasada en Posadas con las firmas que adhirieron, indicaron que “los propietarios, al detectar el ingreso indebido, la ocupación, el daño, los incendios intencionales, etcétera, radican las denuncias pertinentes ante la autoridad policial y las Fiscalías penales, porque las conductas desplegadas por los intrusos se hallan tipificadas como ilícitas en el Código Penal de la República Argentina. Pero, coinciden entre los productores que “prácticamente ninguna de las denuncias ha obtenido el trámite judicial adecuado, ni mucho menos de algún trámite hubiere derivado una condena al autor del accionar ilícito como por derecho corresponde”.
“La Justicia Penal Misionera, no está a la altura de las circunstancias de brindar una adecuada solución al conflicto y dentro del marco legal vigente; los Jueces, en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, obran con un total desinterés y decidía frente a los ilícitos de usurpación, daño, incendio, amenazas, etcétera; directamente no los investigan y los expedientes son archivados, sin que esta conducta sistemática -de los Jueces de Instrucción- fuera reprochada por las instancias judiciales de rango superior que ejercen o deberían ejercer el rol de superintendencia sobre los tribunales inferiores”, plantearon en la misiva.
“Mientras que la Policía, los Fiscales y los Jueces de Instrucción nos exigen acreditemos la titularidad de nuestros derechos, con copia certificada del título de propiedad, de la mensura e incluso con un informe de estado de dominio actualizado; e incluso, algunos, con un evidente desconocimiento del derecho civil, que es la materia que regula los “derechos reales” incluso exigen “probemos la posesión”; mientas que al ocupante intruso, que limpiando, quemando con la finalidad de hacer rosado para limpieza del terreno, construyendo vivienda, vendiendo muchas veces la madera obtenida de los árboles que apea no se le solicita nada”, aseveraron.
“En caso de que el ocupante concurra con una compraventa o incluso escrituras públicas falsas, con la que pretende acreditar haber adquirido el inmueble, cuando se verifica su falsedad, no investiga los ilícitos que del documento derivan como ser el estelionato (la venta de cosa ajena), la falsificación de instrumentos públicos y privados, el uso de documentos falsos, etcétera”, describieron respecto a las situaciones que enfrentan.
Para promover una “acción civil” aseguran que como propietarios “hay que contratar un abogado y sufragar cuantiosos gastos causídicos y de honorarios profesionales; si bien el código de procedimientos civil prevé la “intrusión” como causal de desalojo, nuestra Justicia Civil, con el solo hecho de que el ocupante argumente de que es poseedor y controvierta los derechos derivados de la propiedad, muchas veces sin ningún tipo de documentación que respalde sus mendaces dichos, resuelve rechazar la vía del desalojo, considerando que debe tramitarse por la vía ordinaria de la reivindicación inmobiliaria, pro-ceso sumamente largo y tedioso, que puede llevar más de diez años, para finalmente arribar a una sentencia firme y consentida, que ordena “la restitución del bien”, señalaron.
Cuando se llega finalmente a esta etapa, que puede demandar un costo equivalente al veinte por ciento del valor del inmueble, se encuentran con una ley provincial “que suspende el desalojo” por un tiempo determinado; el que sucesivamente es prorrogado y por esta razón los Jueces Civiles no libran el correspondiente mandamiento de desahucio. “También, ha ocurrido que el desalojo se concreta y al poco tiempo después, la misma gente reingresa al inmueble desalojado y ante este hecho, la Justicia Penal se desentiende, amén de que estamos frente al desacato y al incumplimiento de una orden judicial y nuevamente, nos vemos obligados de arrancar desde cero”.
De esta forma, en el documento indicaron que “frente a la situación expuesta, pone en evidencia la fragilidad de la seguridad jurídica y el no funcionamiento de las instituciones que deben garantizar el “Estado de Derecho”; generando como consecuencia un clima peligroso, que ante la inexistencia de una “solución institucional” ajustada al derecho vigente, de que la defensa de la propiedad termine por medio de las vías de hecho, con resistencia y violencia, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde ante un escenario similar los propietarios se organizaron y confrontaron a los ocupantes ilegales y a las organizaciones que promueven la ocupación de las tierras con las más variados argumentos”, advirtieron.
Finalmente, indicaron que «en la problemática en análisis, no solo le cabe una responsabilidad directa a la Justicia, sino también a otros estamentos del Estado Provincial, al Colegio Notarial de la Provincia de Misiones y algunos dirigentes políticos. Los ocupantes intrusos, desbastan la selva misionera ante la impávida mirada de las autoridades, sin que se le apliquen las estrictas leyes ambientales vigentes en la provincia ¿por ello nos preguntamos porque ese trato diferencial?, ¿no debería el intruso infractor tener el mismo tratamiento que la ley prevé para el propietario del inmueble?; como ejemplo, es sencillo, es superponer imágenes satelitales a través del tiempo y se podrá evidenciar este fenómeno, que el lugar más evidente, se manifiesta en el área donde hoy se creó el municipio de Pozo Azul. La igualdad ante la ley, prevista como “garantía constitucional” impone un trato igualitario, en situaciones análogas, en la realidad no se verifica que esa garantía sea operativa y respetada, el peso de la ley se aplica parcialmente y deja fuera a los ocupantes ilegales, a quienes se trata con un status diferencial, como si estuvieran exceptuados de la aplicación de la legislación vigente», reclamaron a las máximas autoridades del gobierno provincial.
Otra área que pidieron se investigue sus actuaciones es el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Misiones, «donde las escrituras falsas, que se confeccionan en determinadas escribanías, reciben un tratamiento preferencial y en días, se registran y se expiden “certificados de dominio” que acreditan como nuevo titular del inmueble al tenedor del documento falso; que para ser dejado sin efecto requiere un engorroso y largo accionar planteando la falsedad y nulidad de la escritura. Y ello es sencillo de verificar, de existir alguna duda
podemos proveerle un listado de escrituras de estas características que podrán ser corroboradas administrativamente, siempre y cuando “no desaparezca” la registración de un día para otro, como ocurre en forma frecuente en algunos casos cuando se judicializa», cuestionaron.
En el documento señalaron que «no queremos, confrontar con nadie, simplemente reclamamos el funcionamiento de las instituciones previstas en la Constitución, el correcto desempeño de los funcionarios y el estricto cumplimiento de la ley, requisito ineludible para que el Estado de Derecho funcione. Por ello, solicitamos se evalué, la creación de una Fiscalía Especializada en cada una de las circunscripciones judiciales, que se ocupe de llevar adelante la investigación de las causas relacionadas con esta temática y ponga coto a las organizaciones delictivas que se parapetan detrás de familias humildes, con la finalidad de apropiarse de lo ajeno», concluyeron.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
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