Cigarrillera que todavía no empezó a producir exige no tributar al FET como condición para iniciar operaciones

Se trata de Tabacalera San Luis, constituida en 2019, que comenzaría a producir el año que viene si la eximen de pagar las debidas cargas tributarias. Por este tipo de maniobras, cuya principal beneficiada es Tabacalera Sarandí, el Estado ya dejó de percibir 100.000 millones de pesos en los últimos cuatro años. Misiones perdió más de 4.000 millones. FET cada vez más chico

 

La empresa Tabacalera San Luis, constituida en 2019 para la elaboración, importación y exportación de productos de tabaco, acaba de anunciar que comenzará a producir cigarrillos en el Parque Industrial Norte de esa provincia el año que viene, siempre que el Juzgado Federal provincial la exima del pago de los impuestos correspondientes a la actividad. De esta manera, la firma perteneciente a Gustavo Maximiliano Taboada y Jorge Roberto Perez, busca sostener su ganancia futura a costa de las arcas públicas. Al igual que tabacalera Sarandí, esta firma solicitó una medida cautelar, en su caso, ante el Juzgado Federal de San Luis, para suspender el pago del impuesto mínimo a los cigarrillos, mecanismo por el cual el Estado ha dejado de percibir 100.000 millones de pesos desde 2016, de los cuales sólo en 2020 la cifra alcanza los 40.000 millones de pesos.

 

Los dueños de Tabacalera San Luis no son novatos en el negocio tabacalero. Gustavo Maximiliano Taboada, en 2009  estuvo involucrado  en causas  de fabricación  de cigarrillos “truchos” en zona oeste de GBA. Con respecto a Jorge Roberto Pérez, el otro titular de la empresafue uno de los dueños de Goloteca SA, una pequeña fábrica de cigarrillos que vendía marcas Fenix y Neon con estampillas de dudosa procedencia y con insumos de otras empresas. Luego en 2010 esta empresa presento convocatoria de acreedores y cerró.

 

El impuesto interno mínimo impone un piso al precio de los cigarrillos, al establecer que le impuesto interno debe alcanzar una alícuota del 70% pero nunca ser menor a un monto fijado en pesos,ajustable por inflación. En este momento, ese mínimo alcanza los $72,24 pesos por paquete de 20 cigarrillos. Pero al saltarse el impuesto mínimo, las firmas que logran medidas cautelares como las mencionadas pagan mucho menos en materia de impuestos, pudiendo vender el producto final a un valor sensiblemente menor, que llega a ser la mitad del precio de venta de sus competidores, desfinanciando al Estado nacional, las provincias, los productores, las obras sociales y la Anses.

 

En un escrito recientemente presentado ante el juzgado federal provincial por los apoderados de Tabacalera San Luis, Alfredo Martin Massara y Paula Marcela Heredia, copia los argumentos que esgrimieron otras empresas para no pagar impuestos. No es sólo el caso de Tabacalera Sarandí, radicada en la provincia de Buenos Aires, sino también de la firma Tabes (Salta) y Espert (Buenos Aires)que lograron ser eximidas por la vía judicial del pago del impuesto mínimo. Lo cierto es que, con esta maniobra, además de vender productos a la mitad del precio de sus competidores que pagan impuestos, estas empresas desfinanciaron a las provincias en 56.000 millones de pesos; arrebataron 32.000 millones de pesos de las arcas del Tesoro para gastos presupuestarios del Gobierno Nacional y 12.000 millones de pesos al sistema de previsión social (Anses). En cuanto al Fondo Especial del Tabaco (FET), que financia infraestructura y desarrollo productivo en las provincias tabacaleras, el recorte supera los 10.000 millones de pesos. Todo esto, entre 2016 y 2020.

 

Estas firmas parecen haber encontrado un modus operandi que replican: lograr cautelares, lanzarse a la producción, desfinanciar al Estado y generar una competencia desigual que les permite crecer en participación a costa de la recaudación. Por caso, Tabacalera Sarandí pasó de tener el 4% de la participación del mercado en 2016 al 20% en 2020, situación que, hasta el escrito de Tabacalera San Luis, denuncia en su presentación (ver “¿Grande o chica?”).

 

La Procuración General de la Nación ya emitió un dictamen en contra de que prosigan las medidas cautelares para evitar el pago del impuesto mínimo y en estos momentos se espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar la continuidad o no de las cautelares.

 

Las marcas con las que Tabacalera San Luis pretende salir al mercado son SixOne y RS “ambas registradas a nombre de uno de sus dueños, como se prueba con el estatuto de la Sociedad Anónima y las certificaciones del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI)” indica el escrito presentado ante el juzgado federal provincial.

 

¿Grande o chica?

 

Sorprendentemente, en una misma presentación los apoderados de Tabacalera San Luis tildan a Tabacalera Sarandí de ser una pyme y una las dueñas del mercado. “Sabemos y nunca pensamos en competir con las empresas multinacionales, que desde hace años o décadas son líderes en el mercado Massalin Particulares SRL y British American Tobacco Argentina S.A.I.C.yF. (ex Nobleza Piccardo S.A.) y Tabacalera Sarandi S.A., quienes son dueñas del mercado en un %60, %16 y %20 respectivamente, según los datos de producción aportados por las empresas y sistemas que miden el consumo”, indican los apoderados.

 

Sin embargo, más adelante en su escrito apuntan contra Massalin y BAT: “Ellos intentan que nuevas o pequeñas competencias, no aparezcan en el mercado (claro ejemplo es Tabacalera Sarandi), que les quieten o molesten a sus consumidores y obviamente no afecten su producción normal y habitual”.

 

Cabe destacar que Tabacalera Sarandí factura más de 20.000 millones de pesos al año y tiene un convenio con la cuarta tabacalera más grande del mundo, la empresa multinacional británica Imperial Tobacco.

 

Algunos números

 

De los 56.000 millones de pesos que se recortaron a las provincias, se destacan principalmente Buenos Aires ($ 9.500 millones), Misiones ($ 4.200 millones), Salta ($ 4.000 millones), Jujuy ($ 3.600 millones), Tucumán ($ 2.500 millones), Chaco ($ 2.300 millones) Corrientes ($ 1.900 millones) y Catamarca (1.200 millones).

 

El recorte de recursos afecta a alrededor de 25.000 productores de tabaco y cerca de un millón de trabajadores de la cadena del cultivo.

 

El impuesto mínimo a los cigarrillos tiene su génesis en el  gobierno de Néstor Kirchner, en 2004,  cuando con su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, crearon el “Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de cigarrillos”. En 2008, durante su presidencia, Cristina envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley a la figura del impuesto mínimo, que fue aprobado por el congreso. En 2017, la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y aprobada por el Congreso (Ley 27.430) únicamente modificó la forma de cálculo del impuesto ya existente.