Este miércoles se realizó de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía provincial Carlos Carvallo, quien fuera locutor de radio en Misiones y está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar, en Paraná. La fiscalía solicitó 11 años de prisión, mientras que las querellas peticionaron una pena de 21 años y la defensa, la absolución.
La audiencia se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas, con algunos inconvenientes de conexión en el medio. El juez federal Pablo Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia. En ese sentido, dijo que no podía viajar a Paraná desde Concepción del Uruguay, donde está su juzgado de origen, dada la calificación de la capital provincial como zona de transmisión comunitaria de coronavirus.
Estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.
También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien fue el denunciante de Carvallo. Ramat pudo identificar al expolicía provincial como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.
Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces a Ramat y lo sometió a torturas y amenazas, además de mantenerlo en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.
Por lo tanto pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.
A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.
Esta causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–, sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.
Sobre el imputado
Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas (Misiones).
En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.
En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.
La causa está ahora en manos del juez federal Pablo Seró, quien luego de los alegatos de las partes deberá dictar sentencia.
Fuente: Uno Entre Ríos
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