El Gobierno nacional anunció la segunda parte de su “hoja de ruta” para lidiar con la volatilidad cambiaria y recomponer reservas. Con el refuerzo al cepo buscó reducir la demanda de dólares y con el nuevo paquete de medidas procura incrementar la oferta incentivando a que los exportadores de granos liquiden. Se anticipa una flexibilización en las restricciones de liquidación de divisas que beneficiaría a mineras y petroleras que inviertan.
El objetivo principal de los nuevos anuncios es que los productores graneros conviertan en pesos la soja que tienen encanutada en silos bolsa, lo que implicaría el ingreso de alrededor de 7.000 millones de dólares a las reservas del Central, según calculan en el Gobierno.
Para eso, se abrió una ventana de 90 días durante los cuales las retenciones a la soja y sus derivados se mantendrán 3 puntos por debajo del porcentaje habitual.
Pero que ese caramelo resulte atractivo para los sojeros dependerá del éxito que tenga el Gobierno en reducir las expectativas de una devaluación sostenida que termine premiando a quienes más demoren en vender sus granos.
Claramente la política de microdevaluación constante y uniforme que venía manteniendo el Central era una invitación a que los exportadores esperaran todo lo posible antes de vender, por eso se cambió a un esquema de “flotación administrada” en el cual resulte más difícil anticipar cuándo y en qué porcentaje se producirá la próxima devaluación.
Algunos analistas de mercado anticipan que el Central convalidaría una devaluación más acelerada en una primera etapa, para reducir la brecha y mejorar la competitividad exportadora, para luego, con un panorama cambiario más favorable, ir a períodos más largos de relativa estabilidad en los que el dólar, al menos el oficial, podría aumentar levemente por debajo de la inflación.
En ese contexto, la rebaja temporal de 3 puntos de retenciones sí resultaría una ventaja y no habría premio para quienes opten por seguir esperando.
Pero en definitiva todo se reduce a una cuestión de expectativas. No se trata tanto de que el Gobierno pueda o no contener al dólar oficial, sino de que los sojeros se convenzan de que no hay en el horizonte cercano una devaluación. Los últimos 50 años de la Argentina conspiran contra esa tarea.
Con el endurecimiento del cepo, el Gobierno dejó en claro que está dispuesto a asumir costo político a cambio de tener herramientas que le permitan “pisar” al dólar oficial, mensaje que seguramente no habrá pasado desapercibido en el análisis de los exportadores.
Pero por otro lado, la escasez de reservas le deja muy poco margen al Central para seguir interviniendo en el mercado cambiario, dato que tampoco escapa a ningún análisis.
Atendiendo a esta última cuestión, el Central apeló a otra receta de manual para reducir la demanda de dólares: aumentó las tasas de intereses y expresó en un comunicado oficial que “redoblará sus esfuerzos en pos del desarrollo de instrumentos de ahorro e inversión que permitan a los argentinos obtener rendimientos positivos no solo respecto de la evolución de la inflación, sino también en relación a la evolución del tipo de cambio”.
La idea es tentar a los inversores con tasas positivas en pesos para desalentar la compra de dólares.
Finalmente, el Central adoptó una medida para reducir la demanda de dólares de los importadores. Prácticamente el único indicador positivo que muestra la macro argentina es la balanza comercial. Pero se trata de un superávit que no será posible sostener mucho tiempo más, porque se logró mediante una brutal reducción de las importaciones, que volverían a niveles más normales con el primer atisbo de recuperación.
Previendo esa situación, la autoridad monetaria habilitó la posibilidad de celebrar contratos a futuro nominados en yuanes, para que al menos parte del comercio con China pueda concretarse sin pasar por el dólar.
Primeros indicios
Se registró en los últimos días el primer dato que da cuenta de una recuperación general de la actividad y no de mejoras circunscriptas a sectores determinados: septiembre fue el primer mes del año en el que la recaudación tributaria superó en términos reales a la del mismo mes del año pasado.
La suba interanual fue de 5,5 por ciento, porcentaje para nada menor. Sin embargo el dato no parece tan positivo cuando se toma en cuenta que septiembre de 2019 fue un mes particularmente malo, porque a la extrema volatilidad económica que marcó la segunda mitad del Gobierno de Macri se le sumó la “incertidumbre política” que dejó el resultado de las PASO.
Además en los últimos 12 meses se incrementó la presión impositiva, especialmente en lo que tiene que ver con los impuestos a la compra de dólares.
Per saltum
La Suprema Corte abrió la vía del per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, jueces que habían sido trasladados por decreto del expresidente Mauricio Macri sin que sus pliegos pasaran por el Senado, como manda la Constitución, olvido que valió que sus nombramientos en los nuevos cargos fueran dejados sin efecto por la Cámara alta.
Con la habilitación del per saltum, la Corte no le dio la razón al planteo (al menos no todavía) de los tres jueces que se niegan a volver a sus cargos anteriores, sino que decidió acelerar su tratamiento prescindiendo de instancias previas.
Además la Corte le dio 48 horas al Consejo de la Magistratura para que respondiera la demanda de los jueces y se expidiera respecto a la validez o no de los traslados. La respuesta llegó el jueves: en un escrito de 39 páginas, el Consejo pidió que la Corte rechace el pedido de los jueces trasladados a dedo por Macri.
El escrito advierte que la discusión por los traslados se ubica dentro de la esfera de competencias privativas del Poder Ejecutivo y del Senado y que por lo tanto la demanda de los magistrados debería dirigirse a esos poderes.
En junio último, en respuesta a una consulta del Ejecutivo el Consejo de la Magistratura emitió una resolución en la que decía que los traslados de esos tres y de otros siete jueces y juezas no habían cumplido con el procedimiento previsto por la Constitución ya que no tenían acuerdo del Senado.
El Poder Ejecutivo, notificado, envió los nombres al Senado, que convocó a los diez a audiencia pública. Sólo Bruglia, Bertuzzi y Castelli faltaron, y finalmente la Cámara alta rechazó sus traslados, lo que fue refrendado por el Poder Ejecutivo.
Ahora la Corte Suprema deberá resolver la cuestión de fondo, es decir si habilita que un presidente pueda nombrar jueces a dedo sin acuerdo del Senado. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, a quien también Macri intentó designar por decreto como juez del supremo tribunal, ya dejó suficientemente claro que está a favor del planteo de los tres jueces.
Recuperación a la misionera
Mientras se discute si los índices positivos que a cuentagotas deja ver la estadística nacional pueden interpretarse como un signo de incipiente recuperación, en Misiones comienzan a verse números más sólidos que aportan certezas respecto de un proceso de reactivación en marcha.
Sin dudas el dato más importante de la semana es que, según el Indec, en el primer semestre del año casi 4500 personas salieron de la pobreza en Posadas, la única ciudad de la provincia donde el instituto nacional mide ese índice.
Al primer semestre del año 2020, la pobreza en Posadas fue del 38,1%, teniendo de ese modo la tasa más baja en el NEA y por debajo de la media nacional, logrando bajar la tasa en poco menos de 2 puntos porcentuales. Además, la indigencia fue del 5,1%, también la menor del NEA, cayendo tres puntos.
Los números de Misiones contrastan con el promedio observado en los 31 aglomerados urbanos relevados que marcó un incremento de casi 5 puntos en el índice de pobreza.
En el plano estrictamente económico se combinan cifras que dan cuenta de una fuerte recuperación del consumo.
Por un lado, la provincia registró en septiembre el mayor incremento interanual del país en materia de patentamiento de autos y motos.
Para el caso de los vehículos de dos ruedas se observó un impresionante incremento de 150% respecto a septiembre del año pasado y en autos y camionetas, la suba interanual fue de un nada despreciable 27%. En ambos casos las variaciones registradas en Misiones fueron las más altas del país y superaron holgadamente el promedio nacional, que para motos fue de 49% y para autos de -3,5%.
Otro dato llamativo conocido esta semana relacionado al consumo en Misiones tiene que ver con la demanda de cemento. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, en agosto Misiones acumuló la cuarta suba interanual consecutiva, esta vez de 11,5%.
La venta de combustible, indicador muy revelador del nivel de actividad, también registró en agosto su cuarto mes consecutivo de incremento intermensual, que fue de 8,1% respecto a julio, según números de la Secretaría de Energía de la Nación. En este caso la comparación internual arroja números negativos, al igual en el resto del país, dadas las restricciones que persisten para el transporte de pasajeros.
Más allá de lo que pueda ocurrir con rubros puntuales como la venta de vehículos y de materiales de construcción, las cifras de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) muestran un incremento de la recaudación que habla de una recuperación general. Según el titular de la ATM, Rodrigo Vivar, en los primeros ocho meses del año en curso, la recaudación propia aumentó 15% en términos reales con relación a igual período del año pasado.
A ese crecimiento en la recaudación propia se suman datos positivos de la coparticipación que tuvo en septiembre su por segundo mes consecutivo un crecimiento real, esta vez de 3,4%, lo que viene a aportar tranquilidad a las finanzas públicas.
Pero además la Provincia trabaja para generar una nueva fuente de ingreso de recursos a partir de sus bosques. El Gobierno elabora un plan para motorizar la economía verde, lo que le permitiría cobrar por las toneladas de oxígeno que la selva misionera envía al mundo y las que captura de carbono de la atmósfera. De calcular y lograr el cobro por esa tarea se encargará la flamante Secretaría de Cambio Climático, creada por ley provincial a partir de un proyecto del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.
Pero en este contexto de recuperación hay un sector que sigue con niveles muy bajos de actividad producto de las restricciones impuestas por la pandemia. Se trata del turismo, perjudicado de manera directa por las limitaciones del transporte entre provincias y el cierre de las fronteras.
A ese importante rubro de la economía misionera el Gobierno provincial destinó un paquete de asistencia destinado a paliar los efectos de la crisis y acelerar la recuperación cuando la pandemia lo permita.
Entre otros beneficios figura la reducción de la alícuota de IIBB de un 5% a 2% durante dos años, la condonación de deudas de facturas de energía eléctrica vencidas entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre, y el funcionamiento del Ahora Turismo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre con 6 cuotas sin interés y reintegro del 20% con la utilización de tarjetas del Banco Macro.
Además, la presentación de una asistencia al transporte turístico que plantea el pago de un porcentaje de la deuda patente, siendo del 75% para vehículos en Puerto Iguazú y del 25% en aquellos del resto de la provincia, y también anunciaron el incremento del cupo de ayuda económica a trabajadores independientes del rubro que irá de 165 a 1.000 beneficiarios.
Histórica definición de precios de chips y raleo
Por primera vez se definió en Misiones un precio de cumplimiento obligatorio para la madera triturable que se usa para la elaboración de pasta celulósica y tableros de partículas.
Como era previsible, la decisión provocó el rechazo de las grandes industrias que históricamente definieron a su antojo el valor de esta materia prima producida en gran parte por pequeños productores sin ninguna capacidad negociadora frente a sus compradores y el beneplácito de los productores forestales que ahora tienen una certeza de que podrán cobrar una suma acorde a los costos de su actividad.
Más allá de la discusión en torno a la fijación de precios, desde el sector coinciden en los beneficios que aporta el flamante instituto como un espacio para discutir y definir políticas de largo plazo para la actividad.
Tras varias exposiciones de realidades de estructura de costos entre productores e industriales, y la consulta técnica y económica al Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones y la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, el directorio del Instituto acordó por mayoría la primera resolución de precio oficial de mercado de los subproductos forestales que fijó un costo en pie por tonelada de 571 pesos y costo puesto en fábrica por tonelada de 1.581 pesos, a los efectos de aplicar un valor de rentabilidad especifica al Raleo, oscilaría en el orden del 5% del costo determinado en pie. El costo chips aserradero sobre camión fue fijado en 1.886,95 pesos.
Los productores sostenían que su rentabilidad era nula en lo que respecta al subproducto, pero el debate expuso también que el problema mayor se da en los precios por los rollos de madera aserrable que paga la industria, que son los más bajos de los últimos 20 años en la región, incluso comparado con otros países del mundo.
Este incremento de precio del producto alcanzaría a un número de 4.500 productores forestales, proveedores disponibles de troncos pulpables.
Los representantes de los pequeños productores expusieron su realidad marcada por nulos márgenes de ganancias que les dejan las ventas a las empresas de celulosa y papel, Arauco Argentina y Papel Misionero. Si bien hay otras industrias locales demandantes por la materia, como las yerbateras, tealeras, fábricas de pellets o biomasa destinada a la generación de energía, su impacto en la compra no incide en la fijación de precio en el mercado.
Los representantes de las empresas industriales no están de acuerdo en que se establezca un piso fijo sino que consideran “se debería plantear un precio de referencia. No se puede obligar a comprar a un precio fijo la materia prima, eso es desconocer el negocio forestal y el mercado. Es lamentable lo que está sucediendo en Misiones, es un mal antecedente”, expresó con preocupación el presidente de la Amayadap, Román Queiroz.
Por otra parte, ya antes de que se resolvieran los nuevos precios, desde la empresa forestal Arauco Argentina habían adelantado que no estarían en condiciones de asumir ningún incremento. Pablo Ruival, CEO de Arauco Argentina, sostuvo que “no existe posibilidad alguna para la compañía de asumir un incremento del precio del chip y raleo en el contexto del mercado del negocio”, durante la última reunión virtual de conferencias organizadas por el INFOPRO.
Por su parte, los representantes de cooperativas y de asociaciones de productores pequeños y medianos se mantuvieron firmes en sus planteos durante los meses de debate, solicitando al INFOPRO como precio de base mínima los 20 dólares promedio por tonelada de raleo, para que los números cierren con un margen mínimo de rentabilidad.
“Para nosotros es un paso importante, y solo el inicio. Fue un proceso difícil, esperemos que todo se acomode. La realidad es que si no contábamos con la intervención del Estado y la creación del INFOPRO, nunca lograríamos este gran paso para la producción primaria, ya que en décadas no se logró acercar posición con las empresas compradoras y que el efecto derrame algún día llegue al pequeño productor”, expresó Rubén Costas, representante en el directorio del sector primario y uno de los promotores de la Ley que dio creación al instituto provincial.
Preocupación por el coronavirus
La irresponsabilidad de una parte de la sociedad misionera que decidió burlarse del enorme esfuerzo que viene haciendo todo el resto, está teniendo una incidencia directa en la circulación del virus en la provincia. Fiestas clandestinas, reuniones sociales, partidos de fútbol, manifestaciones multitudinarias, se suceden en distintos puntos de la provincia sin otro efecto que favorecer la circulación del virus y con ello alejar la posibilidad de que los sectores de la economía que todavía no pudieron volver a generar ingresos, o al menos no en la medida en que lo hacían antes, puedan volver a la actividad plena o algo que al menos se le parezca.
La estadística de Misiones en materia de coronavirus todavía está muy lejos de los números que muestran las provincias más perjudicadas por el virus y también muy lejos de representar una amenaza para el sistema de salud de la provincia, sin embargo la progresión es preocupante. En las últimas tres semanas, la cantidad de contagios semanales pasó de 5 a 13 y luego a 34.
En el último mes, del 3 de septiembre al 3 de octubre (el último dato oficial disponible) se registraron 66 nuevos casos, 11 más que el total acumulado en los más de cinco meses que van desde que se detectó el primer contagio, a fines de marzo, hasta el 3 de septiembre.
Aún así, Misiones sigue siendo una de las provincias con menor cantidad de casos de coronavirus, ese status privilegiado permitió que la gran mayoría de las actividades de la economía tuviera una cuarentena relativamente corta, no más de un par de semanas.
Pero la progresión de casos que se viene registrando en las últimas semanas pone en riesgo ese proceso, lo que debería encender todas las alertas, no solo las del Gobierno sino, fundamentalmente, las de la sociedad.
Provincia verde
En la línea de tener una provincia verde atendiendo al impacto que esto representa en la salud y la calidad de vida para los habitantes, la Legislatura implementó el Sistema Provincial de Prácticas y Procesos de Reducción, Reciclado y Reutilización de Residuos de Aparatos Eléctricos, Electrónicos y Neumáticos Fuera de Uso, en el marco del Plan Ambiental de Eliminación de Residuos Urbanos y Patológicos de Misiones.
La normativa dispone la instalación estratégica de plantas de separación, clasificación y reutilización, en distintos puntos de la provincia y la incorporación de tecnologías y sistemas de aprovechamiento y valoración económica de residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y neumáticos fuera de uso.
Misiones registró el incremento más alto del país en ventas de autos y motos
Unas 4.500 personas salieron de la pobreza en Posadas en el último año
