Un proyecto de ley de «Ficha Limpia» se discute en comisión en la Legislatura Misionera y busca exigir que los candidatos que deseen postularse para cargos públicos en la provincia y/o en los municipios de Misiones estén libres de condenas por corrupción y otros delitos.
En idéntico sentido, Mendoza le dio media sanción días atrás a su propia ley y provincias como Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Santa Cruz, San Luis y Neuquén avanzan con la misma intención y con mayor ímpetu desde el escandaloso episodio de erotismo explícito de un ahora exdiputado de la Nación, ante la cámara del Zoom, durante una sesión en directo de Diputados, la semana pasada.
En esa misma instancia deliberativa del sistema democrático se encuentra un proyecto que desde hace tiempo ignora una petición ciudadana en este sentido, impulsada por el Movimiento Ciudadano Ficha Limpia Argentina, en la plataforma Change.org, que reúne más de 360.000 firmas y que fue presentada en 2019 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sin avanzar hasta la fecha.
En Misiones, el proyecto lo impulsa quien ocupa la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes, Anita Minder, quien explica que la propuesta incluye una modificación en los artículos de la ley Orgánica de Partidos Políticos de Misiones, ampliando los requisitos para ser candidato a cargos electivos en nuestra provincia, incorporando causales de inhabilidad, a las ya establecidas en la ley vigente.
Anita Minder – Misiones Online
Minder sostiene que «el proyecto conocido como “Ficha limpia” o de “políticos sin antecedentes” lo que propone, en definitiva, es dar la mayor transparencia y calidad posible a las instituciones del Estado.
“Con el proyecto pretendemos que, quienes hayan sido condenados por hechos de corrupción, sean inhabilitados para ser candidatos porque entendemos que las personas que aspiran a ocupar un cargo electivo, no pueden hacerlo estando condenadas por casos de corrupción, cuando existe condena ratificada por un segundo tribunal. El espíritu de esta Ley es que las personas que ocupen cargos electivos, no tengan antecedentes», reitera la legisladora.
Ana Minder – Misiones Online
La normativa provincial vigente establece como incompatibilidad para ser candidatos, y excluye de las posibles listas, a “miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad o cuando, estando retirados son convocados; a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con carácter permanente y a los excluidos del padrón electoral por disposiciones legales”.
La propuesta en discusión
A las incompatibilidades ya establecidas, el proyecto plantea agregar a los que desempeñaren cargos directivos o sean apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas, entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar; y la inhabilidad para ser candidato a aquellas personas con auto de procesamiento por genocidio, por delitos de lesa humanidad, hechos de represión ilegal, violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas y apropiación de niños, ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, aspectos ya incluidos en el año 2009 en la Ley Nacional Orgánica de Partidos Políticos.
También se propone incorporar la prohibición para acceder a las listas a las personas que condenadas en Juicio Oral y Público a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por un plazo de ocho (8) años después del cumplimiento de la pena, por delitos cometidos en contra la Administración Pública previstos en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal:
- Fraude en perjuicio de la administración pública.
- Malversación de caudales públicos.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
- Asociación ilícita.
- Exacciones ilegales.
- Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
- Encubrimiento.
- Cometidos contra el Orden Económico y Financiero previstos en el Título XIII, desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
Minder señaló que “Se trata de establecer inhabilidades para ocupar cargos electivos a quienes, habiendo sido condenados y esa condena confirmada en una segunda instancia, entendiendo que las condenas por los delitos mencionados son un impedimento para que se puedan ocupar esos cargos. No se pone en discusión el principio de inocencia. Se establecen estas inhabilidades, las que deben ser ejecutadas ya en el ámbito de los partidos políticos, como instituciones esenciales del sistema democrático, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, como también establece que atentan contra el sistema democrático, quienes incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitados para ocupar cargos públicos por el tiempo que determinen las leyes”.
“No estamos haciendo otra cosa que reglamentar, en nuestra provincia, lo que manda nuestra Constitución Nacional en su art. 36, en el ejercicio de las facultades que le son propias a nuestra provincia y en especial a la Cámara de Representantes” expresó la vicepresidente segunda de la Cámara de Representantes.
Antecedentes
Un proyecto similar obtuvo media sanción en Mendoza el pasado 16 de septiembre y cuenta con el apoyo del movimiento ciudadano “Ficha Limpia”, que canaliza un verdadero reclamo social que ha impulsado la propuesta recolectando firmas a través de la plataforma Change.org.
“Esta iniciativa implica un salto de calidad institucional, a favor de la ética, la moral y la democracia; bloqueando el acceso a los condenados por corrupción y garantizando que las instituciones republicanas no sean avasalladas por delincuentes», finalizó la legisladora.
El proyecto con media sanción en Mendoza establece, por ejemplo, que los funcionarios públicos deberán presentar ante la Oficina Anticorrupción del distrito un certificado que acredite que no poseen antecedentes penales y, una vez que hayan asumido sus cargos, se les exigirá mantener una conducta acorde con el cumplimiento de las gestiones que se les asignen.
En Brasil la ley fue aprobada en mayo de 2010 e impide que un condenado en dos instancias se presente como candidato y este aspecto fue incidió para que el expresidente Inácio «Lula» Da Silva terminara en prisión, después de ser juzgado en dos instancias.
El mismo instrumento legal también impide candidatearse a cargos públicos a personas que hayan atravesado un impeachment o renunciado para evitar un juicio político, en una medida de combate a la corrupción.
La ley en el vecino país fue impulsada por el juez Marlon Reis, llegó a proyecto gracias al apoyo de 1.3 millones de firmas y fue refrendada por el entonces presidente Lula da Silva. En febrero de 2012, la Corte Suprema Federal consideró que esa ley era constitucional y válida para las siguientes elecciones en Brasil.
La Ley Complementaria No. 135 de 2010, también llamada Ley de «Ficha Limpa», es un ejemplo de ley infraconstitucional que regula las restricciones de elegibilidad. Fue el resultado de un proyecto de ley de iniciativa popular, encabezado por entidades que forman parte del Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), y movilizó a varios sectores de la sociedad brasileña, incluida la Asociación Brasileña de Magistrados, Fiscales y Promotores Electorales. (Abramppe), la Central Única dos Trabalhadores (CUT), el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones y confederaciones de diversas categorías profesionales, además de la Iglesia Católica. Se obtuvieron más de 1 millón 600 mil firmas en apoyo.
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