Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro: en Argentina se hacen un promedio de 41 abortos por hora

La efeméride nació en Argentina en 1990 durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe para pedir por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Este lunes 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. La efeméride nació en Argentina en 1990 durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, un evento fundamental en la historia de los activismos feministas de la región que se hizo en las costas de San Bernardo con más de 3 mil participantes de distintos países de la región.

 

En los debates que se generaron hace tres décadas, la delegación brasileña propuso la fecha para recordar el 28 de septiembre de 1871, cuando se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres que hizo libres a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.

 

Primero se llamó Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. En 2011, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, una histórica organización internacional de defensa de los derechos sexuales, asumió e incorporó la campaña. Desde entonces​ todos los 28 de septiembre la consigna “aborto legal, un grito global” recorre el mundo, sobre todo Latinoamérica, una región particularmente desigual a la hora de hablar del acceso al derecho a decidir.

 

Foto de Franco Trovato Fuoco

 

El 97 por ciento de las personas gestantes viven en países donde el aborto está penalizado y sólo 6 países permiten la interrupción voluntaria sin causales, donde vive apenas el 3 por ciento de la población de la región.

 

Argentina estuvo a punto de entrar en la lista en 2018, cuando el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue tratado en el Congreso Nacional, con la media sanción histórica del 14 de junio y el rechazo del Senado del 8 de agosto.

 

Aun así, siempre es importarte recordar que el aborto es legal por causales desde 1921 en el Código Penal en caso de violación y riesgo de salud de la persona gestante. La garantía de este derecho fue ratificada por la Corte Suprema en 2012 en el fallo FAL, que pidió al Ministerio de Salud la elaboración de protocolos. El último vigente es de diciembre de 2019 y fue el primer decreto de Alberto Fernández como presidente. Sin embargo, aun con protocolo el acceso al aborto legal es desigual según el lugar donde se viva: 12 de 24 provincias no adhirieren.

 

Para entender en números qué significa que el aborto sea ilegal, según estimaciones del Ministerio de Salud en Argentina se hacen un promedio de 354.627 abortos al año, que equivalen a 41 por hora. Desde el regreso de la democracia hasta 2016, al menos 3.040 mujeres murieron por abortos practicados en condiciones inseguras.

 

Durante los seis meses de pandemia hubo al menos tres mujeres muertas más. Todas se hubiesen evitado con un contexto de garantía de derechos por parte del Estado. Además, datos oficiales dan cuenta que todos los años un promedio de 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Un informe del medio feminista LatFem recopila y recorre las historias de 16 niñas y mujeres que murieron por abortos clandestinos desde el rechazo en el Senado.

 

Este año la efeméride llega al país en el contexto mundial de pandemia causada por el coronavirus, que pospuso el tratamiento de la ley prometido por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso el primero de marzo pasado. Es la primera vez que desde el poder ejecutivo hay voluntad política de legalizar el aborto, con un proyecto propio escrito por Vilma Ibarra, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario. Tanto el presidente como ella remarcaron que el proyecto será enviado apenas estén dadas las condiciones sanitarias y políticas. Pero la deuda sigue aún sin saldarse.

 

Por eso, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito publicaron este domingo una carta en diferentes diarios del país exigiendo al poder político el urgente tratamiento del proyecto de ley que presentaron en 2019 y que se avance para que el aborto sea legal en el 2020.

 

Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo.

 

En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios. Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión”, explicaron.

 

En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario”

 

A su vez, pusieron el foco en un dato: las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud en tiempos de pandemia.

 

El aborto en situación de pandemia

 

Además de posponer el tratamiento, la pandemia generó un desafío mayor. Con los sistemas de salud enfocados en la atención de COVID-19 y las medidas de aislamiento, desde distintos organismos nacionales e internacionales advirtieron que podía haber retrocesos para mujeres y personas gestantes.

Ya en abril el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) difundió un informe que reveló que 47 millones de mujeres de 114 países de ingreso bajo y mediano estaban en riesgo de no poder acceder a anticonceptivos. Previeron que se podían producir 7 millones de embarazos no planificados.

 

Según un estudio del Instituto Guttmacher, una disminución del 10 por ciento en el acceso a la atención por el impacto del Covid-19 en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones riesgosas.

 

Además, con esta estimación calcularon que podía haber 15 millones de embarazos no deseados, 28 mil muertes de personas gestantes durante este año y 49 millones de personas tendrían insatisfechas sus necesidades en el acceso a los anticonceptivos.

 

Foto Ana Isla

 

Este 28 de septiembre el pedido de legalización y despenalización del aborto vuelve a renovarse. Habrá movilizaciones presenciales y virtuales en todo el país, con pañuelazos para pedir el tratamiento en el Congreso Nacional antes de que termine el año.

 

Mientras desde el poder ejecutivo hablan de condiciones políticas y sanitarias para el tratamiento, no hay que olvidar que la pandemia golpea particularmente a los ingresos de las mujeres, quienes con peores condiciones de vida tienen menos margen para acceder a un aborto seguro.

 

Un dato elaborado este año por el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (Misobservatorio) reveló que en 2020 alrededor de 1,2 millones de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja de misoprostol en la Argentina. La droga es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento esencial para un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo. Su acceso desigual representa un peligro para las mujeres y personas gestantes en un país en el que hay sólo dos marcas que lo venden en farmacias, con precios que llegan a los 8.600 pesos.

 

En provincias donde los Estados no garantizan el derecho a la ILE, estos costos empujan a abortar en condiciones inseguras. Quedan tres meses del 2020, 90 días en los que una vez más se juega el derecho a decidir y no morir en el intento.

 

 

 

Fuente: elciudadanoweb.com

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