Con las reservas líquidas bajando a niveles preocupantes, el Gobierno nacional adoptó una serie de medidas para achicar la sangría. Aplicó un nuevo impuesto, de 35%, a la compra de divisas, restringió las operaciones de dólar bolsa (MEP) y contado con liquidación (CCL) y limitó a las empresas las posibilidades de comprar dólar oficial para pagar deudas. Además, todas las compras y pagos de servicios reducirán el margen mensual de 200 dólares por persona y se alargó la lista de personas impedidas de comprar divisas en bancos.
Los anuncios provocaron descontento no solo entre ahorristas sino también en el sector empresarial, especialmente entre las compañías de capitales extranjeros, algunas de las cuales anticiparon cierre de locales e interrupción de inversiones.
Siguiendo la lógica del cepo instalado a finales de la administración de Mauricio Macri, las nuevas medidas apuntan a reducir la demanda de dólares por vía de la prohibición.
El impuesto de 35%, que se tomará a cuenta de Ganancias, apunta a reducir la brecha que motoriza la bicicleta del dólar puré –operación que consiste en comprar dólares en un banco y revenderlos en el mercado paralelo- y solo será efectivo si el dólar blue no aumentara en igual o mayor medida que el oficial con los impuestos agregados.
En lo que respecta a la demanda de personas que usan el dólar para resguardar el valor de sus ahorros, el nuevo impuesto no tiene mayor efecto. Para reducir esa demanda el Gobierno deberá achicar las expectativas de inflación, algo muy difícil de hacer en tiempos de expansión monetaria, y ofrecer opciones más atractivas de ahorro en pesos.
Paralelamente, se alargó la lista de personas que directamente no podrán comprar dólares en los bancos, que ahora está integrada también por beneficiarios de planes sociales, deudores hipotecarios o prendarios UVA que hayan tenido sus cuotas congeladas y titulares de tarjetas de crédito que accedieron a una refinanciación automática.
A las empresas también les tocará pagar el impuesto de 35%, algo que tendrá un impacto negativo especialmente en las Pymes de rubros como tecnología y comunicación que usualmente contratan servicios en dólares.
Para las compañías más grandes, la principal restricción pasa por la restricción de la compra de dólares para el pago de deudas nominadas en esa moneda. Ahora solo podrán acceder al 40% del monto necesario para cubrir sus vencimientos. El objetivo de lo que algunos en el Gobierno llaman “operativo desencanutar” es que las empresas utilicen sus dólares propios para pagar sus deudas, aunque no queda claro qué es lo que deberían hacer las firmas que no tengan dólares suficientes para afrontar sus compromisos.
El riesgo principal de reducir la demanda a través de prohibiciones de compra a personas y empresas es que esa demanda se traslade directamente a las cuevas, lo que elevaría el precio del dólar informal, volvería a abrir la brecha y con ella también volvería el incentivo para comprar en el banco y vender en la calle.
Aunque prácticamente todos reconocen que “algo había que hacer” para frenar la sangría de reservas y que tomando en cuenta las severas limitaciones que impone el contexto, el Gobierno no podía hacer cosas muy distintas a la que hizo, el nuevo refuerzo al cepo recibió críticas por derecha y por izquierda.
Desde los sectores más liberales advierten que cuánto más restricciones se imponga al capital privado, menores serán las posibilidades de captar inversiones incluso en sectores en los que Argentina cuenta con mucho potencial, como agroindustria y energía.
Desde la vereda de enfrente entienden que el paquete de medidas castiga con más dureza a los pequeños ahorristas que son responsables por una parte menor de la demanda de dólares.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que coordina el economista de la CTA Claudio Lozano, apunta que la salida de dólares para atesoramiento de enero a julio fue de 1.800 millones de dólares, la demanda para el pago de deuda privada durante el mismo lapso fue de 6.000 millones de dólares y el monto de exportaciones no liquidadas es de 3.200 millones de dólares.
Además criticaron al ministerio de Economía por haber pagado deuda pública por alrededor de 3.000 millones de dólares en plena renegociación, cuando Macri había suspendido los pagos, para enviar una señal de “amigabilidad” a los mercados, sin que ello tuviera ninguno de los efectos esperados.
Cuestionaron que ninguna de las medidas adoptadas por el Central apunte a agilizar la liquidación de exportaciones y que no se hayan analizado con mayor detenimiento los pagos de deuda privada en dólares detrás de muchos de los cuales se esconden maniobras especulativas. Sí valoraron la restricción impuesta a las empresas para cancelar sus vencimientos.
“El tema no ha sido el dólar ahorro. Ha sido el consumo de dólares por deuda pública y privada (u$s 9065 millones) y lo que no liquidaron los exportadores (u$s 3267 millones). Por estos conceptos se fueron u$s 12.332 millones. Por la ‘fuga del dólar ahorro’, apenas salieron 1826 millones”, concluyen.
En resumen, el nuevo endurecimiento del cepo cambiario sirve para apagar el incendio, para atender la emergencia, pero no está claro cuánto durarán sus efectos sobre la brecha cambiaria.
Lo que sí está garantizado es el impacto político negativo que deberá asumir el Gobierno nacional al restringirle a la clase media la posibilidad de preservar el valor de sus ahorros y al sacarle de la boca el puré que alimenta a muchos de los que pelean para llegar a fin de mes.
La medida también representa una nueva señal negativa para los mercados, que en rigor de verdad tampoco ayudaron mucho cuando Macri les enviaba todas las señales positivas que pedían.
La solución de fondo que necesita la economía pasa por recomponer la confianza de los argentinos en el peso, moneda que quedó reducida a un instrumento transaccional. Para ello deberá reducir las expectativas de inflación, el Presupuesto 2020 que prevé un déficit de 4,5 del PIB financiado exclusivamente con emisión monetaria no ayuda mucho en esa tarea.
A diferencia de otras crisis, los problemas monetarios actuales están más asociados a la desconfianza en el peso que a una falta de dólares. De hecho para este año se proyecta un superávit de balanza comercial de 17.000 millones de dólares y la renegociación de la deuda despejó el horizonte financiero hasta al menos 2023.
¿Afrenta a la Justicia?
Con ausencia de la oposición, que denunció un nuevo atropello contra la “justicia independiente”, el Senado rechazó esta semana los traslados de tres jueces que habían sido ordenados por decreto del ex presidente Mauricio Macri.
En 2018, Macri había determinado el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal y a Germán Castelli a Comodoro Py. Los tres fueron elegidos a dedo por el ex mandatario para ocupar puestos clave en causas de alto impacto político que involucraban a su antecesora, Cristina Kirchner.
El traslado estaba “flojo de papeles” porque no contaba con acuerdo legislativo, una condición necesaria.
Dos años después del decreto de Macri, el Senado se abocó al tema y rechazó por unanimidad los traslados. El bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición desconectándose de la sesión virtual.
La senadora mendocina y presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, fue la encargada de defender el dictamen de rechazo de los traslados. Sostuvo que las designaciones decretadas por Macri tuvieron como objetivo perseguir opositores y buscar impunidad para los funcionarios macristas en su vuelta al llano. “Jueces designados a la carta según la conveniencia del Ejecutivo de turno”, los definió.
Ante el rechazo legislativo a sus traslados, el presidente Alberto Fernández emitió un decreto que reintegra a los tres jueces a los cargos que ocupaban antes de ser reubicados por Macri.
Desde los medios de Buenos Aires más cercanos a Juntos por el Cambio salieron en bloque a hablar de una “remoción” o “desplazamiento” de jueces y lo interpretaron como una jugada política para entorpecer el desarrollo de las causas que se siguen contra la vicepresidente Cristina Kirchner, algunos de sus funcionarios y empresarios ligados a su gestión.
Oscar Herrera, médico de emergencias
Las últimas semanas le dieron al gobernador Oscar Herrera Ahuad la oportunidad de mostrar en el terreno de la política una característica que ya había exhibido en el ejercicio de la medicina: capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
En las últimas dos o tres semanas, distintas luces de alerta se encendieron en los tableros de control del Gobierno provincial y todas fueron atendidas.
La crisis generada por el coronavirus disparó una serie de reclamos salariales después de ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, ante un panorama económico nacional de franca incertidumbre y cuando el Estado se enfrenta a la urgencia de dar respuesta a los que menos tienen, a los que a duras penas intentan sobrevivir con los 10 mil pesos de la IFE.
El hecho de ser los únicos trabajadores que tienen garantizado el pago de sus salarios y aguinaldos a término, incluso para quienes todavía no están asistiendo a sus lugares de trabajo, no impidió a los empleados públicos salir a exigir aumentos de sus sueldos, innegablemente castigados por la inflación como los de todos los demás trabajadores.
Primero fue el desmedido reclamo policial que coqueteó peligrosamente con la sedición. Siguieron el personal de la salud (en la primera línea del combate contra el coronavirus) y los docentes.
Ni el Gobierno provincial ni la sociedad misionera desconocieron en ningún momento que eran justas las pretensiones de los empleados públicos de mejorar sus salarios.
Sin embargo las protestas de algunos sectores, como policías y los docentes, fueron interpretadas por la sociedad como un exceso en el derecho a manifestarse, más que nada teniendo en cuenta el riesgo de contagio de coronavirus, que dejó de ser un problema grave solo en Capital y Gran Buenos Aires y hoy hace estragos en 13 provincias.
El hecho que en los cortes de ruta y manifestaciones docentes se hayan dejado ver dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no hizo más que enrarecer el clima y de otorgarle ribetes políticos a algo que comenzó como un reclamo justo.
Sobre del puente del Garupá, epicentro de la protesta docente, se vivieron escenas de tensión entre los manifestantes que cortaban el tránsito y las personas impedidas de circular que debieron esperar hasta seis horas bajo el ardiente sol misionero.
La rápida gestión del Gobierno provincial, que siempre se mostró abierto al diálogo aun después de haber cerrado una paritaria con todos los sindicatos que tienen personería gremial, permitió no solo dar respuesta al reclamo salarial, sino también terminar con las manifestaciones que representaban un peligro latente de contagio de coronavirus con efectos negativos para toda la sociedad.
Lo que se logró fue la paritaria docente más alta del país y la única que supera a la inflación.
Pero los aumentos no fueron solamente para los sectores que protestaron. El Gobernador anunció una recomposición de 14% para todo el espectro del empleo público de la provincia y garantizó un piso salarial de 30 mil pesos.
Mientras se resolvían las negociaciones salariales, el Gobierno enfrentó otro conflicto también generado de manera indirecta por el coronavirus. El cierre de las fronteras determinó una presencia más activa de la Prefectura en las zonas de frontera para controlar no solo el traslado de personas sino también de mercaderías de contrabando.
Los prefecturianos pusieron el ojo primero en el contrabando de granos hacia Brasil, lo que generó un conflicto con muchos colonos de la zona que se vieron impedidos de comercializar su producción por la vía que siempre habían utilizado.
En el marco de ese conflicto, las fuerzas federales comenzaron a poner el ojo en la maquinaria de los productores, la gran mayoría ingresada de manera ilegal desde el vecino país.
A los colonos no les hizo gracia que la Prefectura quisiera secuestrarles los tractores que eran el fruto de muchísimas horas de duro trabajo en sus chacras, se resistieron al punto que llegaron a rescatar una máquina que había sido incautada.
En tiempos en los que todo se graba en video, el enfrentamiento entre prefecturianos y colonos quedó registrado y se reprodujo en todos los medios de comunicación de la provincia junto con las desafiantes expresiones de muchos productores que prometían defender a tiros sus tractores si hacía falta.
Desde la Prefectura no hicieron declaraciones, pero estaba claro que no se iban a quedar cruzados de brazos. Si no se contenía, el conflicto podía terminar con derramamiento de sangre.
Ninguno de los que el año pasado compartieron la boleta del Frente de Todos en Misiones consiguió destrabar la situación, cosa que sí logró el Gobernador a través de gestiones realizadas ante el ministerio de Seguridad de la Nación.
Ante el pedido de Herrera Ahuad, la Nación se comprometió a dejar de hurgar en el origen de la maquinaria de los productores del Alto Uruguay y regularizar la tenencia de sus tractores.
Con la misma vocación del diálogo que permitió resolver los reclamos salariales, el Gobierno provincial le dio una solución definitiva a un problema histórico de propiedad de tierras en la comunidad Pepirí (El Soberbio), donde una empresa propietaria de las tierras pretendía desalojar a pobladores que llevaban varias décadas allí.
La intervención de la Provincia garantizó la continuidad de las familias en que allí habitan mediante un acuerdo con la empresa propietaria de las tierras.
El dólar blue opera en baja ante un mercado casi paralizado
El Central volverá a retener Ganancias y el “dólar solidario” aumentará a 130 pesos mañana
