La confirmación de su paternidad da luz verde al fiscal de Casilda, Juan Pablo Baños, para pedir la elevación a juicio y probar la culpabilidad del acusado, al que podría caberle una pena de más de 20 años de prisión.La víctima, de 32 años y cuyas iniciales son N.A, vivió un horror que mantuvo en silencio hasta que finalmente se animó a denunciar las reiteradas atrocidades a las que la sometió su padre en la casa familiar donde convivían luego de que él se separara de su primera esposa.
El relato de la joven abusada por su padre
Allí relató que era sometida desde pequeña, que la obligaba a tener relaciones sexuales incestuosas que mantuvo en secreto al ser amenazada con que la mataría si contaba los vejámenes que sufría.
La denunciante aseguró haber sido violada por primera vez cuando solo tenía 9 años y a los 13 quedó embarazada de su primera hija. Y ese calvario de tormentos físicos y psicológicos que soportó durante más de dos décadas recién quedó al descubierto en enero pasado cuando radicó en la Comisaría de la Mujer, de Casilda, la denuncia que motorizó la investigación. Tomó la decisión de hablar dos días después del último abuso que padeció en la vivienda donde ocurrieron los hechos.
«La prueba biológica confirma la veracidad de la denuncia de la víctima y todo su relato, lo que permite avanzar en la investigación y pedir la elevación a juicio oral para una sentencia condenatoria», dijo Baños a La Capital.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación además precisó que tiene previsto llevar adelante «una serie de entrevistas para dar contexto a los abusos que ya están probados a través de los estudios de ADN que confirman en un 99,9% la paternidad del imputado».
A pesar de lo sucedido, lo curioso es que el caso dividió a la familia, al punto que dos hermanas de la víctima salieron en apoyo del padre y hasta se ofrecieron como garantes para que se le otorgase la prisión domiciliaria, cuyo pedido no prosperó.
El acusado es oriundo de la provincia de Córdoba pero está radicado en Arequito desde hace años. Allí trabajaba como albañil al momento de ser detenido para luego ser imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores en el marco de una audiencia donde la jueza interviniente Mariel Minetti también dispuso su prisión preventiva por el plazo de ley.