Están elaborando un proyecto de ley para frenar la desfinanciación del sistema de salud y mejorar las prestaciones. Buscarán que se sancione antes de fin de año. Funes de Rioja advirtió que la UIA se opone a “más impuestos al trabajo”.
El Gobierno y la CGT buscan que la reforma del sistema de obras sociales se apruebe en el Congreso antes de fin de año. Alberto Fernández le dio luz verde a la iniciativa. Para eso trabajan en un proyecto de ley que contiene muchos de los pedidos de la central obrera, como el aumento de los aportes de los trabajadores y de los empleadores, que ya empezó a ser conversado con diputados y senadores del oficialismo.
Sin embargo, la difusión sorpresiva e inconsulta de estas negociaciones por parte del ministro de Salud, Ginés González García, durante una charla virtual, el martes pasado, puso en foco dos grandes problemas que afronta este proyecto, cuyo objetivo es evitar que se siga desfinanciando el sistema sindical de salud.
Por un lado, el malestar que generará que, en un contexto de crisis económica, a los trabajadores se les haga más descuentos de sus salarios. Por otro, la resistencia que presentará el sector empresarial a sumar más costos.
“No estamos de acuerdo con más impuestos al trabajo que generan más informalidad, menos empleo y menos competitividad”, afirmó a Infobae el vicepresidente Asuntos Laborales e Internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, para quien “hay que buscar las soluciones por otros caminos».
Aseguró que la UIA no fue consultada sobre el aumento de los aportes y se mostró de acuerdo en “atender el tema de las obras sociales, pero también hay que tener en cuenta las necesidades de reestructuración y de eficiencia para que los costos sean compatibles con la realidad de la economía argentina”.
Actualmente, las obras sociales se financian con el aporte del 3% del sueldo bruto de los trabajadores en relación de dependencia y el 6% que paga el empleador. La fórmula que estudian el Gobierno y la CGT aumentaría un punto el aporte del trabajador (del 3% al 4%) y otro punto al empleador (del 6% al 7%), con lo cual las contribuciones mensuales al sistema sindical de salud ascenderían en total del 9% al 11%.
Seis dirigentes de la CGT se reunieron el jueves pasado con Alberto Fernández y le explicaron los motivos por los cuales impulsan el aumento de los aportes y otros cambios que mejorarían la situación financiera de las entidades sindicales que brindan atención médica. La respuesta del Presidente dejó tranquilos a la dirigencia cegetista: “Es necesario reformular todo el sistema de obras sociales”.
En su charla virtual del martes, el ministro de Salud reveló el proyecto de aumentar los aportes y dijo que el Gobierno “está pensando en cambios estructurales” en el “corto plazo”: mencionó que “hay muchas obras sociales que no deben existir porque le agregan costos de transacción y conductas antisolidarias al sistema”.
¿Qué otros puntos contiene la ley complementaria que están elaborando funcionarios y sindicalistas? La mayoría surge de un documento de 12 puntos que la CGT entregó el 12 de junio a la Superintendencia de Servicios de Salud y que resume las propuestas para superar la desfinanciación de las obras sociales.
Allí figura, por ejemplo, que se descuente el 15% para el sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aporta al Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.
Otro punto será algún impedimento para que, desde la sanción de la ley, se triangulen los aportes obligatorios de una obra social a una prepaga, un fenómeno generalizado a partir de que en los años noventa se dispuso la libre elección de la obra social y facilitó la creación de “sellos de goma” que reciben las contribuciones de los trabajadores y, mediante convenios, derivan el dinero a una empresa de medicina privada.
La reforma proyectada también incluiría la creación de una nueva canasta de prestaciones médicas que reemplazará al actual Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que terminaron asfixiando financieramente al sistema de salud.
La CGT quiere sumar en el proyecto de ley su idea de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, como existe en otras partes del mundo, para evaluar la aparición de nuevas drogas y determinar si se justifica su utilización en muchos tratamientos. Según se quejan los sindicalistas, algunos medicamentos son muy costosos y no siempre su eficacia está garantizada, pero a veces las obras sociales deben pagarlas de todas formas porque surge de amparos judiciales presentados por los pacientes.
También se contemplará en la reforma una solución al problema que representan quienes pagan el monotributo social: por una cápita de entre 1.900 y 2.000 pesos por mes, las obras sociales están obligadas a brindarles a los 1.350.000 monotributistas las mismas prestaciones del Programa Médico Obligatorio por las que los trabajadores en relación de dependencia pagan más. En este rubro se analiza aumentar la cápita mensual y, además, hacer obligatorio el pago de todo el grupo familiar, que hoy es optativo.
Un aspecto clave en la reforma proyectada es la provisión de medicamentos, uno de los rubros más costosos para las obras sociales. Para abaratar los precios se analiza un esquema con protagonismo del Estado o bien sistematizar la compra comunitaria, aunque esta opción sería voluntaria porque hay entidades sindicales de salud más poderosas y que tienen mayor capacidad de negociación.
Algunas de estas ideas ya fueron conversadas por una delegación de la CGT con el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, y con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, con quien la central obrera habla un mismo idioma porque también es dirigente del Sindicato de Comercio de La Pampa.
De todas formas, todavía faltan muchas definiciones en las que trabajan funcionarios de Salud y los técnicos de la CGT y, en particular, encontrar un argumento sólido que amortigüe las reacciones negativas que seguramente causará el proyecto cuando se confirme que incluye más descuentos en los sueldos de los trabajadores en un momento de paritarias limitadas, precios en alza y crisis en el empleo.
Se suma un factor más que complica la justificación de la iniciativa: si uno de sus argumentos es la desfinanciación de las obras sociales por la caída de la recaudación, como producto de la paralización de actividades que trajo aparejada la cuarentena obligatoria, esa baja muestra que se está revirtiendo.
Para cubrir esa fuerte caída que puso en rojo las cuentas de las obras sociales, la CGT logró que el Gobierno pagara todos los meses desde mayo una “ayuda excepcional” que proviene del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno macrista y que nunca había sido utilizado.
Mediante ese esquema, se compensa exactamente el monto de la caída de los aportes de los trabajadores que registra mes tras mes la AFIP. Y por eso se puede comprobar que la Superintendencia de Servicios de Salud les giró en mayo a las obras sociales 1.279 millones de pesos; en junio, 1.276 millones de pesos; en julio, 821 millones de pesos; en agosto, 125 millones de pesos, y en septiembre, 502 millones de pesos.
Eso significa que los aportes crecieron porque hay actividades que se reanudaron o porque hubo un impacto del programa ATP por el cual el Estado paga una parte de los salarios de las empresas en crisis e incluso también porque se preservan los aportes para las obras sociales en las suspensiones pagas que son acordadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aun así, Alberto Fernández avaló los cambios en las obras sociales y la CGT acelera la elaboración del proyecto complementario para llevar adelante una reforma por la que viene pugnando desde hace años y de la que depende nada menos que la atención de la salud de unas 14 millones de personas en todo el país.
Fuente: Infobae
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