El titular de esta cartera provincial, Mario Vialey lo aseguró en el marco del acuerdo logrado para la restitución del dominio de tierras a las familias fundadoras de Colonia Pepirí, en el centro-este misionero. El funcionario diferenció así a quienes usurparon en los últimos tiempos lotes y terrenos para posteriormente comercializarlos, de aquellos ocupantes históricos de sectores de colonias y que llevan décadas habitándolos.
El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones (MEyRNR) se refirió al rol clave que llevarán adelante desde el organismo, acompañando a la Municipalidad de El Soberbio, para lograr el cumplimiento efectivo del acuerdo histórico firmado de restitución del dominio de las tierras a las familias fundadoras de Colonia Pepirí por parte de la empresa Juan Alberto SA, se espera transitar una nueva etapa de desarrollo local. En ese contexto, en una entrevista con Radio Libertad marcó posición respecto a la problemática social que se enfrenta en el país y la provincia con la usurpación organizada de tierras privadas.
Audio: Entrevista a Mario Vialey- Radio Libertad
Se trata de 8 familias que estaban en litigio (de una treintena que habitaban el lugar y finalmente se fueron por acuerdos de partes), y entre ellas están las hijas -María y Teresa- del conocido “Biguá”, Gumersindo Avelino de Olivera, nombre que incluso lleva el paraje. El hombre se resistió hasta sus últimos días de vida a todas las presiones y encaminó judicialmente el reclamo a través de los abogados Ramón Camargo y Orlando Nass, ya que siempre tuvieron la certeza del derecho que los asistía, de ser legítimos dueños de la tierra, bajo la figura jurídica de ser poseedores “animus domini” (que tiene una posición pública de ánimo de dueño sobre un bien inmueble por más de 20 años).
El Lote 8 se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, sobre la costa del Río Uruguay. Es allí que la empresa cedió 83 hectáreas que deberán ser mensuradas en la subdivisión para las familias, otras 12 hectáreas se donó al gobierno de Misiones para que puedan adjudicar un terreno a las 3 familias que fueron desalojadas en agosto por usurpación, ya que habrían reincidido en ocupar una propiedad que había sido recuperada por la empresa por medio de acuerdos particulares que finalmente no se cumplieron. En el Lote 9, quedó una familia con la que se acordó su permanencia en sus tierras, ya que también se mantuvo firme en la posición de no negociar irse de la Colonia.
El acuerdo reconoce en las 83 hectáreas del Lote 8, como legítimos dueños de las tierras, a María Judit Olivera y su cónyuge Waldecir Ratzinger, Samuel Ratzinger, Valerio Dos Santos, Teresa de Olivera y su cónyuge Juan Dos Santos, Eliseo Correa, Gustavo Macedo, Darío Spicker firmaron en representación de las familias del lote 8, del municipio de El Soberbio patrocinados por Nass y Camargo.
“A partir del acuerdo firmando en Casa de Gobierno, la provincia garantizará el avance del proceso por medio de la Subsecretaria de Tierras del Ministerio de Ecología, y se lleva adelante la mediación de las partes, donde nuestra intervención apunta a regularizar la situación dominial del lote, llevaremos adelante el trabajo de mensuras de las tierras para cada familia. Pero además, aún se tiene que ejecutar un trabajo de planificación sobre el territorio. Habrá que determinar cuáles serían las actividades factibles de desarrollar por las familias de Pepirí en el territorio, como también para la empresa”, explicó Vialey en una entrevista con ArgentinaForestal.com.
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En la reunión, el gobernador Herrera Ahuad planteó el compromiso que entre todas las partes deben cumplir para llegar a un proceso efectivo y sustentable en el municipio, sostuvo el funcionario de Ecología. “El acuerdo es un hecho histórico, y en adelante el compromiso es trabajar en conjunto para definir a futuro alternativas productivas que sean sustentables, amigables con el ambiente, pero viables desde lo económico y social”, expresó Vialey, en coincidencia con las declaraciones del intendente de El Soberbio sobre la postura del mandatario en el encuentro.
Los productores habitan el Lote 8 una zona dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, cercana al Parque Provincial Moconá o Esmeralda, que es una zona muy sensible de la biosfera. «Habrá que ir cambiando las prácticas productivas, por agroecológicas. Con el derecho de propiedad regularizado, se presentan nuevas oportunidades de asistencia y programas, y acompañaremos en estudiar las alternativas posibles, trabajando con los ministerios del Agro y Producción, y Agricultura Familiar», explicó Vialey,
Por otra parte, también hubo un mensaje claro para los presentes en la firma del convenio respecto a la postura de la Provincia ante nuevas usurpaciones organizadas en áreas naturales y propiedades privadas. “Se habló en la reunión con preocupación sobre la problemática de usurpaciones nuevas de tierras, y se pidió a las familias que sean ellos los principales custodios de sus tierras, y que alerten ante nuevas personas que intenten ingresar al área. La decisión es clara, no se permitirá que entren nuevos ocupantes que no están relevados en los lotes del acuerdo firmado, ni nuevas personas en el territorio de la Reserva de Biosfera Yabotí. Deben advertir cualquier irregularidad para evitar conflictos sociales mayores”, indicó el ministro de Ecología.
La usurpación es un delito
«No hay que confundir a la gente, la usurpación de tierras es un delito y la regularización de ocupación comprobada de una propiedad es un derecho»
Finalmente, en la entrevista el funcionario aclaró la diferencia de una regularización de ocupación de tierras que viene de un proceso de vivir en la propiedad durante varias décadas, a los hechos delictivos de usurpación de un inmueble o propiedad que preocupa por el nivel de organización con que están sucediendo hechos en los últimos meses, sea en tierras fiscales o privadas. El ministro Vialey marcó postura sobre las situaciones que se presentaron en lotes privados en áreas de bosques nativos en distintos municipios de la zona del Alto Uruguay y en el Norte de Misiones, y confirmó que en estos últimos días participan con su equipo en algunos procedimientos de control e investigación de delitos ambientales.
«Fuimos alertados por los propietarios y actuamos en consecuencia. No se avalará bajo ningún fundamento la usurpación de una propiedad. Es un delito, la toma de tierras sean privadas o fiscales, y en Misiones tenemos terrenos donde el destino es la conservación, no pueden meterse. Hay una gran confusión en este tema, que no es nuevo, pero hay que defender el derecho de todos los ciudadanos y respetar la Constitución Nacional», remarcó el funcionario en la entrevista con Radio Libertad, este domingo.
«Si bien es un problema recurrente, y se va atendiendo a medida que se presentan porque intrusión siempre existió en Misiones, no podemos permitir que se confunda a la gente, más aún donde hay intereses detrás y tenemos que identificar quienes operan en estos delitos. Por ello, desde el ministerio lo que recomendamos es la denuncia inmediata ante la Justicia, además de recurrir a Ecología. En las últimas semanas, intervenimos en Dos Hermanas y en San Pedro, en conflictos de usurpaciones de grandes extensiones de tierras. Desde nuestro lugar, con los guardaparques actuamos en el control y monitoreo del lugar para que no dañen más los recursos naturales. Pero debo hacer un llamado a la reflexión a la Justicia, para que se actúe con mayor celeridad en ordenar los desalojos correspondientes. Los guardaparques y los Policías Ambientales puede ingresar a un lote sin orden de un juez, la ley nos respalda. Pero tenemos limitaciones, nosotros inspeccionamos ante posibles daños ambientales, secuestramos las maquinarias y realizamos multas, y presentamos las pruebas a la Justicia. Nos encontramos con estas situaciones, persuadimos a las personas a que no pueden quedarse en la propiedad, pero la cuestión legal de fondo a resolver está en manos de la Justicia, que debe proceder con una orden de desalojo e impedir que vuelvan a reincidir. No podemos permitir que esta situación incremente en Misiones porque genera nuevos problemas sociales y ambientales», sostuvo Vialey.
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Por Patricia Escobar
@argentinaforest
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