Al final Duhalde no estaba tan “desenganchado de la realidad”. La visita social que un ejército de policías bonaerenses armados le hizo al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos fue una amenaza al régimen constitucional, además de una apretada monumental para conseguir un aumento de salarios. Brilló por su ausencia el “liderazgo natural” del ministro de amianto, Sergio Berni, el gobernador Axel Kicillof se vio desbordado por un reclamo al que no podía responder ni contener. Al Presidente le tocó copar la parada y poner la casa en orden.
Sin recursos propios a mano para asistir a la inabarcable provincia Buenos Aires, que junto con Misiones está entre las más desfavorecidas por el reparto de fondos federales, Alberto Fernández apeló a una jugada osada: por decreto le quitó a la Ciudad de Buenos Aires una parte del generoso aporte que en 2016 había recibido como regalo de Mauricio Macri.
Con eso, el presidente dinamitó todos los puentes que lo conectaban con Horacio Rodríguez Larreta y con el ala dialoguista de Juntos Por Cambio. Afectado en sus intereses, el jefe de Gobierno porteño denunció que era inconstitucional que Alberto Fernández le quitara por decreto parte de los fondos que su antecesor Mauricio Macri le había cedido a la CABA también por decreto.
El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro salieron al cruce. El último aseguró que “no se le quitaron fondos a la Ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima”.
Un grupo de 19 gobernadores, entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad, firmaron una solicitada en la que apoyaron la decisión del presidente al entenderla como un gesto de federalismo y la corrección de una decisión arbitraria e injustificada del Gobierno nacional anterior.
Para ir a la génesis de la cuestión hay que remontarse a 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri triplicó a través de un decreto la cantidad de fondos federales que recibía la CABA. El objetivo que justificó aquella medida fue aportar financiamiento para el traspaso de la Policía Metropolitana a la órbita del gobierno porteño.
Aquel decreto fue leído por todo el arco opositor al macrismo como un gesto de favoritismo político en el reparto de los recursos, dado que el dinero que Nación estaba destinando a la CABA más que duplicaba el presupuesto asignado para financiar a la Policía Metropolitana.
La solicitada firmada por 19 gobernadores afirma que ante los cuestionamientos planteados oportunamente, el entonces ministro Rogelio Frigerio reconoció que la medida era injustificada y que prometió públicamente “corregir con un nuevo decreto la coparticipación de la Ciudad”. El entonces ministro del Interior les explicó a los gobernadores que el objetivo fue “transferir la policía (metropolitana) con presupuesto específico” y “que cualquier otra cosa adicional iba a ser dejada de lado”. “Eso nunca se cumplió, hasta esta medida”, resaltaron los mandatarios provinciales en su pronunciamiento conjunto.
Más allá de los argumentos que pudieran esgrimirse a favor de la decisión de Alberto, las acciones legales iniciadas por el Gobierno porteño generan incertidumbre porque podrían recaer en un juez dispuesto a otorgar una cautelar que obligaría a la Nación a dar marcha atrás hasta que la Corte resolviera el planteo de inconstitucionalidad.
El ministro del Interior redobló la apuesta y argumentó que “si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del Gobierno de la ciudad”. Lo cierto es que hasta ahora el único que recurrió a la Justicia fue Rodríguez Larreta, pero si la batalla legal se complicara, la Nación también podría ir en contra del decreto de Macri, lo que dejaría al jefe porteño sin el pan y sin la torta.
Nuevo escenario
El quiebre de la coexistencia pacífica entre Nación, ciudad y provincia de Buenos Aires sacudió la estantería política a ambas márgenes de la grieta.
El sopapo que recibió Rodríguez Larreta lo terminó de ubicar como referencia central de la oposición y lo obligó a abandonar su perfil componedor. El decreto de Alberto dejó en off side a las posturas dialoguistas dentro de Juntos por el Cambio y resolvió la interna de ese partido a favor de las expresiones opositoras más duras.
Como tarea para la casa, el presidente se lleva la necesidad de reconstruir la imagen de moderación y de disposición al diálogo que supo erigir pero que quedó seriamente dañada. Con su enfrentamiento con el Jefe de Gobierno porteño perdió a la contraparte que mejor le funcionaba a la hora de mostrar su capacidad de tejer buenas relaciones con representantes de otros espacios políticos.
Ese escenario representa una clara oportunidad para los gobernadores que no forman parte del armado del Frente de Todos, pero tampoco están obligados por mandato partidario a encolumnarse detrás de la defensa de los intereses de la Ciudad de Buenos Aires.
Si quiere diferenciarse del kirchnerismo duro y ampliar su espectro político, Alberto necesita de los gobernadores. Especialmente a figuras como el cordobés Juan Schiaretti o el misionero Oscar Herrera Ahuad, con altos niveles de imagen positiva e independencia del Frente de Todos.
La línea de discurso que adoptó el Gobierno nacional para respaldar la quita de coparticipación a Buenos Aires, plagada de referencias al federalismo y a la injusticia en el reparto de los fondos federales, le agrega otro componente favorable para los intereses misioneros, en tanto pone al tope de la agenda una discusión que la provincia viene planteando hace más de 15 años.
Los reclamos de Misiones por un sistema impositivo diferenciado y una asignación extraordinaria para compensar la desventajosa coparticipación que recibe desde siempre, tienen mejores perspectivas en el presente escenario.
Un pésimo antecedente
El aumento salarial que recibieron los policías bonaerenses como premio por haber cometido insubordinación y haber puesto bajo amenaza a la democracia, sienta una jurisprudencia peligrosa para la preservación de la paz social en todo el país. En tiempos en los que prácticamente todos los trabajadores del país vienen de más de dos años de sostenida pérdida de su poder adquisitivo, instalar la idea de que la amenaza, el corte de ruta y la presión directa son los caminos más cortos para conseguir un aumento salarial, puede convertirse en la antesala al caos social.
La crisis generada por el coronavirus, antecedida por el desmadre económico del gobierno de Macri, puso a las cajas estatales de todo el país al borde de sus posibilidades, mientras que la incesante inflación disparó reclamos salariales genuinos que en muchos casos fueron aprovechados políticamente para desgastar gobernantes.
Misiones no escapa a la regla y en pocas semanas el gobierno provincial debió dar respuestas a protestas de personal policial, de la salud y docentes.
Después de ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación y con el golpe que significó la prolongada inactividad de rubros relevantes para la economía de Misiones, como el turismo, la Provincia se encontró ante la necesidad de actualizar salarios, no solo de los sectores de la administración pública provincial que salieron a reclamar, sino de todos los demás que también sintieron los efectos de la inflación.
Con una comprobada vocación de diálogo, la gestión de Herrera Ahuad logró cerrar acuerdos y desactivar conflictos que ya estaban planteados y otros potenciales.
El manejo responsable de las finanzas públicas y la responsabilidad en el gasto son los principales argumentos para que Misiones pueda aumentar salarios y pagarlos en tiempo y forma en un contexto en el que muchas provincias deben tomar deuda para afrontar sus gastos corrientes.
Desde el Gobierno provincial entienden que uno de los aciertos de los últimos 16 años de gestión fue haber mantenido una de las proporciones más bajas del país de empleados públicos por cantidad de habitantes.
Destacan que la disciplina fiscal permitió no solo cumplir con las obligaciones asumidas por la Provincia sino también salir a cubrir retrasos en desembolsos nacionales como el FET o el FONID y sostener un nivel aceptable de inversión en la obra pública, fundamental para generar empleo.
Uno de los sectores de la administración pública que logró un considerable aumento salarial esta semana es el docente. El lunes la Provincia firmó un acuerdo con los dos sindicatos con personería gremial, UDPM y UDA, que le valió a los docentes un incremento de 30% en el sueldo básico además de un aporte no remunerativo.
Gremios minoritarios consideraron insuficiente el aumento y llevaron adelante cortes de ruta y manifestaciones en varios puntos de la provincia. El Gobierno mantuvo la vocación de diálogo y los recibió ayer viernes, no hubo acuerdo pero desde la Provincia solicitaron mantener las negociaciones en paz.
“El pueblo misionero necesita trabajar en paz y el gobierno debe garantizar esa paz con diálogo, no hay otro mecanismo”, plantearon en la reunión.
Desde el sector privado también salieron a pedir racionalidad en la protesta. En un comunicado respaldado por las más de 30 cámaras empresariales nucleadas en la Confederación Económica de Misiones (CEM) los empresarios advirtieron por los riesgos de contagio de coronavirus que implican las protestas y advirtieron que el sector privado se está llevando la peor parte de la crisis.
Advirtieron que un posible brote de coronavirus obligaría a retroceder en la progresiva flexibilización de la cuarentena, con efectos devastadores para la economía. “Vemos con preocupación los hechos sucedidos y otra caída en la producción y el comercio sería un golpe letal a la economía misionera afectando en forma directa a nuestras empresas y sus trabajadores y, consecuentemente a las arcas del Estado. Cinco provincias retrocedieron a fase 1 por desidia administrativa y falta de responsabilidad civil. Misiones no se merece esa condena”, indica el comunicado.
Desde la CEM señalaron que las manifestaciones están impulsadas por empleados que desde que inició la pandemia hasta hoy vienen cobrando sus sueldos en tiempo y forma e incluso recibieron incrementos salariales, situación mucho más favorable que la que atraviesa el sector privado que tiene actividades que todavía no pudieron volver a trabajar.
“El sector privado una vez más se vería en clara desventaja frente al empleo público, que de cualquier manera seguirá percibiendo sus haberes, en caso de tener que retroceder las actividades de todos los sectores productivos de la provincia”, indica el comunicado.
Tensión cambiaria
Mientras las protestas aportan tensión social, el dólar hace lo propio con la economía.
El Banco Central perdió algo más del 20% de las reservas internacionales netas desde fines de noviembre de 2019, aún cuando la cuenta corriente del balance de pagos fue superavitaria. Esto se explica únicamente por la demanda de dólares alimentada por distintos motivos.
Regularmente, más de 4 millones de argentinos compran dólares oficiales y otros tantos alimentan a demanda del blue en las cuevas o a la sombra de algún arbolito. Entre otros, el ex presidente del Central, Martín Redrado, consideró que el ritmo de venta del dólar ahorro es insostenible.
Los analistas identifican al menos dos tipos de demanda del billete verde: la de aquellos que buscan aprovechar la brecha cambiaria para hacerse unos pesos y los que buscan una opción para conservar el valor de sus ahorros.
Aumentar la cotización oficial no parece una solución para ninguno de los dos casos, porque no reduciría necesariamente la brecha entre el solidario y el blue y tampoco desalentaría a quienes compran dólares para cubrirse de la inflación. Además es dato conocido que en Argentina si el dólar no aumenta, la gente lo compra porque “está barato” y si sube, lo compra porque “va a seguir subiendo”.
Lo ideal sería reducir las expectativas de inflación, pero con el Gobierno nacional anticipando un déficit fiscal de 4,5 puntos del PIB para 2021 y con precios y tarifas reguladas que en muchos casos son insostenibles, eso parece al menos lejano.
Para Redrado, lo más sensato dentro de lo posible, sería reducir la brecha: “lo que se debería lograr es que no haya diferencia con el dólar marginal, eliminar el regalo de poder comprar el dólar a 101 pesos y venderlo a 125 o 130”.
Una posibilidad para lograr eso es canalizar la demanda de dólar blue, MEP, contado con liquidación, hacia otros instrumentos financieros, opción que Argentina puede explorar mejor luego del canje exitoso de parte de su deuda.
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