El Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, recalcó que durante este tiempo se trabajó fundamentalmente en la atención de dos demandas de gran interés para la comunidad: el acceso a los servicios básicos y la atención del adulto mayor.
La figura del Defensor del Pueblo fue incorporada a los poderes de Estado durante la última reforma de la Constitución Nacional, en el año 1994, y su función radica en defender los derechos y garantías constitucionales. Una figura representativa ante la cual el ciudadano puede, frente a un abuso u omisión de un derecho por parte del Estado, acudir y buscar respaldo.
En la ciudad de Posadas, actualmente la figura de Defensor del Pueblo es representada por Alberto Penayo, quien realizó un balance de gestión de la primera parte del 2020 con el objetivo de repasar y analizar minuciosamente las diferentes acciones implementadas.
“Hemos incorporado, en esta etapa de la Defensoría, un valor agregado territorial muy importante; tomando todos los problemas generales, desde el inicio de mi gestión hasta aquí, que están relacionados con los servicios básicos, como ser el agua potable y la energía eléctrica”, expresó Penayo.
El acceso a los servicios básicos, como el agua y la luz, es un derecho constitucional del ciudadano, a pesar de que en varios sectores de la sociedad hay quienes aún no pudieron generar su conexión de una manera formal. Por esa razón la Defensoría del Pueblo –a través de un trabajo en conjunto con distintas instituciones del Estado- ha ideado e implementado diferentes herramientas durante su actual gestión:
“Nosotros, desde finales del año 2017, comenzamos a evaluar cómo llevar adelante todas estas acciones vinculadas a los servicios en términos generales. Generamos programas, entre los cuales se encuentra un programa para el control y gestión de los servicios públicos y el programa llamado Intersección, que de alguna manera coloca a la Defensoría como un punto neurálgico y esencial para que todos los actores confluyan ahí, y a través de la mediación se logren evaluar las distintas cuestiones que emergen de la ciudad de Posadas”, dijo Penayo.
Y a ello añadió:
“Con el Covid-19 de por medio, la cuestión de acceso al agua y a la luz fueron unos de los temas más recurrentes. El retiro de los medidores por falta de pago es una cuestión que nosotros no aceptamos, ya que el acceso a los servicios es un derecho. En los casos ocurridos no hubo necesidad de acudir a la justicia, ya que existían decretos que estaban regulando las pautas, y nosotros nos encargamos de exigir la restitución inmediata de los aparatos”.
En este sentido, y explicando otra de las acciones implementadas por el organismo, se desarrolló un relevamiento de todos los barrios posadeños, con el objetivo de conseguir datos específicos que muestren qué sectores y cuantos agentes aún hoy no tienen acceso a la red de agua potable.
“En la ciudad de Posadas existen aproximadamente 88 asentamientos, y en ellos casi 10 mil familias no acceden formalmente al servicio de agua potable. No tener acceso formal significa que seguramente están enganchados, que reciben muy poca agua y ello se traduce en una situación muy complicada”.
Impulsar un relevamiento de todos los sectores cuyo acceso a los servicios básicos es restringido es un proceso arduo, recalcó el funcionario, pero afortunadamente cuenta con el respaldo de los organismos provinciales y municipales, creyendo fielmente en que solamente el trabajo en conjunto de las distintas instituciones del Estado pueden provocar el despliegue de las soluciones requeridas.
La situación actual de los adultos mayores en la capital provincial
Los adultos mayores conforman uno de los sectores sociales más vulnerables en la actualidad, y la pandemia del Covid-19 no es la única causante de ello. Posadas reúne a un total de 42.000 mil adultos mayores, pero muy pocos geriátricos, y en los existentes las necesidades manifestadas son múltiples, comentó Penayo.
Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo ideó e impulsó un proyecto de Observatorio de Control y Gestión del Adulto Mayor, cuyo objetivo principal es generar un monitoreo de la situación que atraviesan las denominadas residencias de larga estadía, para así analizarlas -en conjunto con los organismos competentes- y generar asistencia directa a los ciudadanos mayores en condición de vulnerabilidad.
Además, Penayo comentó que próximamente presentará ante en Concejo Deliberante de la ciudad capital un nuevo proyecto, destinado a crear un geriátrico municipal: “Necesitamos que haya uno municipal, que trabaje en el desarrollo basado en el principio de la ley 27360. Uno de los valores esenciales que establece esta normativa es que el adulto mayor decide donde quiere estar, es allí donde tiene que empezar la cosa; ya que el mismo puede optar por estar en un geriátrico, en una residencia de larga estadía o en su casa: es un derecho”.
Vea la entrevista completa al Defensor del Pueblo haciendo clic acá.
La Defensoría del Pueblo se reunió con representantes de organismos nacionales para analizar la situación de los geriátricos posadeños
La Defensoría del Pueblo convocó a representantes del IPRODHA a una reunión para tratar problemáticas manifestadas en distintos barrios posadeños
