El Gobierno anunció este lunes en la Casa Rosada que la reestructuración de U$S66.000 millones fue casi total y el 93,5% de los acreedores aceptaron la última oferta de pago, según anunció el ministro de Economía Martín Guzmán en un acto junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La adhesión a la propuesta argentina llega al 99%por efecto de las cláusulas de acción colectiva y se reduce así la posibilidad de que persistan fondos buitre por fuera del acuerdo con los acreedores y que existan juicios en tribunales extranjeros.
El Ministerio de Economía negoció durante siete meses con los acreedores para tratar de cambiar las condiciones de pago de casi 30 bonos soberanos. Según el principio de acuerdo alcanzado a principios de agosto, la tasa de interés de esos títulos públicos se recortará desde 7% a 3,7%.
El canje de deuda incluye la emisión de diez nuevos bonosen lugar de los títulos a reestructurar. Tendrán fechas de vencimiento entre 2030 y 2046, cinco en dólares y cinco en euros. El ahorro en el pago a los acreedores para los próximos años se calcula en U$S42.500 millones.
El tira y afloje con los grandes fondos de inversión -que se organizaron en comités para lograr mayor fuerza en la negociación- implicó que las dos partes tuvieran que ceder en sus pretensiones. Así, mientras el Gobierno partió desde una oferta con un valor poco menor a los 40 dólarespor cada 100 de deuda, los bonistas más duros pidieron un canje a valor de 70 dólares.
Finalmente, luego de cinco propuestas, el Ejecutivo y los bonistas llegaron a un punto de acuerdo en torno a los 54,8 dólares. Esto representó un “esfuerzo” adicional de pago por parte del Estado de unos U$S15.000 millones en las próximas décadas.
En simultáneo, el Palacio de Hacienda lleva adelante en estos días e lcanje de deuda emitida bajo ley local. Se intercambiarán los mismos bonos que en la negociación con los acreedores extranjeros, pero que están regidos por la legislación argentina. Este martes 1° de septiembre terminará una primera parte de la operación, con la que el Gobierno podría ahorrarse otros U$S15.000 millones de pagos a tenedores locales.
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