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Análisis semanal: La amenaza del dólar, una nueva reforma tributaria y la agenda propia de Misiones

Análisis semanal: La amenaza del dólar, una nueva reforma tributaria y la agenda propia de Misiones

Los planes de Alberto Fernández de encarar cuanto antes la agenda de la reactivación de la economía, chocan contra la persistencia del coronavirus que circula cada vez más rápido en distintas zonas del territorio nacional, principalmente gracias al relajamiento de hecho de la cuarentena.

 

El distanciamiento social se vuelve cada vez más costoso en términos económicos y de humor social, pero los sucesivos records de contagios conspiran contra la posibilidad de apresurar la salida de la emergencia sanitaria y entrar de lleno en la recuperación. El coronavirus sigue siendo igual de virulento y letal que antes, pero a fuerza de acostumbramiento mucha gente le perdió el miedo, bajó la guardia y eso disparó la curva de contagios, ya no solo en el AMBA.

 

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En el plano fiscal, la pandemia produjo una caída en la recaudación y obligó a incrementar el gasto para financiar medidas de contención como la IFE y el programa ATP. Como todos los demás estados del mundo, en mayor o menor medida, cubrió con emisión monetaria ese incremento del déficit fiscal.

 

Pero la particularidad que tiene Argentina es que sus habitantes no confían en su moneda como instrumento de ahorro. No se trata de una cuestión de falta de patriotismo sino de anticuerpos ganados a fuerza de inflaciones y megadevaluaciones.

 

La moneda nacional queda reducida entonces a un mero objeto transaccional que debe ser utilizado lo antes posible y cada peso que no se destina al consumo de bienes o servicios termina yendo al dólar. Eso hace que el aumento de la emisión monetaria siempre termine presionando sobre los precios y el tipo de cambio.

 

Según información del Banco Central, en los primeros 24 días de agosto se vendieron 850 millones de dólares, casi el 10% de las reservas de libre disponibilidad. La venta de dólar ahorro se multiplicó por diez respecto a febrero.

 

Según información del Banco Central, en los primeros 24 días de agosto se vendieron 850 millones de dólares, casi el 10% de las reservas de libre disponibilidad. La venta de dólar ahorro se multiplicó por diez respecto a febrero.

 

El cepo sirve para limitar la fuga, pero genera un mercado paralelo que atiende la demanda excedente. Con más gente queriendo comprar más que los 200 dólares que autoriza el Central, la brecha entre el blue y el solidario se amplia y con ella también crece el incentivo para hacer puré.

 

No hablamos de la comida que se hace pisando papas, sino de la maniobra que consiste en comprar los 200 dólares que permite el Gobierno, retirarlos del banco y venderlos en el mercado informal. Teniendo en cuenta los valores que se pagan en Posadas, se consigue una ganancia de alrededor de 7.200 pesos con esa simple operación.

 

El frente cambiario es el principal problema que presenta la economía cuando se proyectan escenarios de recuperación. Actualmente la demanda de dólares está compensada por un superávit de balanza comercial que no es mérito de un incremento de las exportaciones sino de un desplome de las importaciones que se explica por la caída del consumo.

 

 Pero si el Gobierno consigue consolidar un repunte de la demanda del mercado interno, objetivo principal para lograr la reactivación de la economía, aumentará también la demanda de dólares para la importación ya que prácticamente todas las industrias del país se abastecen de insumos importados.

 

Una posibilidad sería acompañar el incremento de las importaciones con una suba equivalente de las exportaciones. Atendiendo a esto, el Gobierno promete un paquete de medidas orientados a dinamizar las ventas al exterior, pero hay varios factores que conspiran contra este objetivo: un mundo menos demandante por efecto de la pandemia, la falta de competitividad estructural de varios sectores y un dólar oficial que empieza a verse retrasado.

 

Para evitar que el frente cambiario genere una nueva crisis no hay muchas opciones y ninguna carece de efectos secundarios.

 

El Gobierno podría cerrar más el cepo y así reducir la fuga de reservas en el corto plazo, pero ello aumentaría la brecha cambiaria. Podría aumentar las tasas de interés para incentivar el ahorro en pesos, pero eso encarecería el crédito y enfriaría la actividad. Finalmente podría ir a una “devaluación regulada” para acortar la brecha y enfriar la demanda de dólares, pero el riesgo allí es que se dispare la inflación.

 

Canje exitoso y reforma tributaria

 

Se confirmó el viernes lo que se había anticipado hace varias semanas: la propuesta argentina de canje de la deuda bajo jurisdicción extranjera alcanzó los límites mínimos de aceptación que se requieren para activar las cláusulas de acción colectiva en todas las series de títulos que entraron en la reestructuración.

 

Esas cláusulas indican que si una mayoría (el porcentaje varía de acuerdo a cada título) de los tenedores de un determinado bono, acepta una oferta de canje, esa la oferta se hace extensiva para totalidad de la serie y los demás tenedores quedan impedidos de accionar legalmente para exigir el pago completo.

 

La renegociación resulta un logro destacable porque evita el peor escenario posible, el de un nuevo default, pero no alcanza por sí sola para garantizar una recuperación de la economía.

 

Además de atender el frente cambiario, el gabinete económico deberá encontrar la manera de encauzar las cuentas fiscales.

 

Alberto Fernández inició su gestión con señales claras de disciplina fiscal, la más notoria de ellas fue la suspensión de la movilidad jubilatoria automática, pero la pandemia puso todo patas para arriba.

 

Alberto Fernández inició su gestión con señales claras de disciplina fiscal, la más notoria de ellas fue la suspensión de la movilidad jubilatoria automática, pero la pandemia puso todo patas para arriba.

 

El Estado se encontró con la necesidad urgente de asistir a amplios sectores que se vieron impedidos de generar ingresos, al mismo tiempo que su recaudación caía estrepitosamente. Menos recaudación y más gasto equivale a mayor déficit, lo que se vio reflejado en la ampliación del Presupuesto 2020 recientemente aprobada por el Congreso y que prevé un déficit financiero de más de 10 puntos del PBI, el mayor de los últimos 45 años.

 

Para achicar el rojo, el Gobierno piensa en un aumento de presión impositiva, pero eso lo pone ante una disyuntiva, porque subir impuestos iría en contra de la posibilidad de reactivar la economía.

 

Para sortear el dilema, se propone concentrar el aumento de impuestos en las personas con mayores ingresos, de manera de no afectar a las empresas y a los asalariados que destinan la mayor parte de sus sueldos al consumo.

 

La primera medida concreta en ese sentido es el proyecto de “impuesto a las grandes fortunas” que ingresó esta semana a Diputados después de varios amagues.

 

Propone aplicar un impuesto extraordinario a aquellas personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, a los que se les aplicará una alícuota de 2%, y establece una escala que ubica su escalón más alto en los 3.000 millones de pesos, que se corresponde con una alícuota de 3,5% de su patrimonio.

 

Las alícuotas aumentan 50% para las tenencias en el extranjero, pero si el millonario alcanzado accediera a traer al país al menos un 30% de esas tenencias, se evitaría el pago de la sobretasa para la totalidad de sus activos.

 

El tributo, que se pagaría una sola vez, alcanzaría a unas 12 mil personas.

 

Los fondos recaudados con el impuesto a las grandes fortunas, se destinarán con una afectación específica y con criterios federales.

 

20% deberá ser destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 15% a habitantes de barrios populares en proceso de integración urbana y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de ENARSA que deberá coordinarlo con YPF. Otra parte de lo recaudado será para financiar el relanzamiento del plan Progresar.

 

Pero el impuesto a las grandes fortunas es solo la punta del iceberg de una reforma tributaria que prepara el Gobierno nacional, respecto a la cual se tejieron versiones que luego fueron desmentidas.

 

Algunos medios de Buenos Aires aseguraron que el Gobierno preparaba un incremento en las alícuotas de impuesto a las ganancias sobre empresas y asalariados, algo que fue negado por voceros oficiales que explicaron que la reforma está orientada a incrementar la incidencia que tienen los impuestos progresivos, es decir los que gravan con mayores alícuotas a los que tienen mayores ganancias o acumulan mayor patrimonio.

 

“La reforma bajo análisis busca ampliar la base imponible de los impuestos progresivos y apuntará a que paguen más los que más tienen”, señalaron desde el Gabinete económico.

 

Indicaron además que buscarán “ampliar la base imponible” de los impuestos progresivos, como bienes personales y ganancias, aunque no aclararon bajo qué criterios lo harían.

 

Reforma judicial en veremos

 

La reforma judicial que impulsa el Ejecutivo tuvo media sanción en Senadores después de una prolongada sesión con final anticipado. El dictamen tuvo varias modificaciones, se eliminó la polémica y redundante “cláusula Parrilli” y se triplicó la cantidad de cargos a crear en todo el país, algo que fue leído como una concesión a las provincias en la búsqueda de sumar adhesiones de cara al tratamiento del proyecto en la Cámara baja.

 

En Diputados el panorama es más complicado. Periodistas que siguen de cerca la actividad legislativa ven en la presentación del proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que estaba en carpeta desde marzo, una jugada para correr de la escena al debate por la reforma judicial y postergar su tratamiento si fuera necesario.

 

El proyecto que tuvo media sanción en la última sesión de Senadores es rechazado de plano no solo por la bancada de Juntos por el Cambio, sino también por legisladores de aliados ocasionales del Frente de Todos como el bloque que integran lavagnistas y cordobeses que responden al gobernador Schiaretti.

 

La reforma tampoco seduce a todos dentro del oficialismo, porque los obliga a negociar (lo que siempre implica ceder algo) con los bloques pequeños para sacar adelante una ley que muchos consideran que no es prioritaria en este momento.

 

El vencimiento del protocolo para el tratamiento virtual refuerza la posición de la oposición, desde donde dejaron en claro que si no se habilita la presencialidad, solo accederán a debatir proyectos respecto a los cuales haya consenso y la reforma judicial no es uno de ellos.

 

Hidrovía para todos

 

El Gobierno nacional anunció la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, empresa de la que participará Misiones al igual que las otras seis provincias por las que pasan los ríos Paraná y Paraguay y en la que tendrá participación mayoritaria la Nación con el 51% de las acciones.

 

A partir del año próximo, el funcionamiento y las políticas de transporte a través de la vía navegable conformada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. El mismo constituye el cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones de ultramar. A partir de su constitución y una vez que venza el contrato con el actual concesionario, que conforman Emepa y Jan de Nul, se licitarán las obras de mantenimiento.

 

Al tener participación en la empresa y el Consejo Federal Consultivo creado en el mismo acto, Misiones no solamente se garantiza una participación en las ganancias que depare la administración de la Hidrovía, sino también en el organismo que definirá las inversiones y tomará las decisiones relacionadas al manejo de la principal vía fluvial del país.

 

El gobernador, Oscar Herrera Ahuad, agradeció al presidente la inclusión de Misiones en la empresa estatal. A través de su cuenta de Twitter, señaló que la incorporación de la provincia en la sociedad estatal fue un pedido especial que tanto él como el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, le hicieron al Presidente en su primera visita oficial como jefe de Estado a Misiones el 28 de mayo.

 

Tratamiento diferencial

 

Para el lunes está prevista una reunión virtual de la que participarán el Gobernador, el ministro de Producción, Matías Kulfas y el titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene con el objetivo de analizar el pedido de la provincia de contar con un régimen impositivo especial que contemple su realidad de frontera y que le permita potenciar su perfil exportador.

 

El pedido que ya fue entregado al Gobierno nacional consta de dos componentes: una reducción general de impuestos y la creación de una zona franca exportadora que le permita capitalizar su posición geográfica para llegar a los mercados de la región.

 

Para todas las empresas radicadas en la provincia pide que las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias se reduzcan a 10% y de las contribuciones de la Seguridad Social a 16,5%. Mientras que para las empresas de bienes y servicios de cualquier tamaño que se dediquen a la exportación o demuestren su inserción en la cadena exportadora, pide directamente la eximición de todos los impuestos nacionales.

 

El Gobierno provincial solicita además, como medida temporal mientras se implementa este nuevo régimen, la creación de un Fondo Compensatorio de Asimetrías Fronterizas equivalente a 7.500  millones de pesos anuales que equivaldrían al sobrecosto impositivo que todos los años deben afrontar los misioneros.

 

El principal escollo que enfrenta el planteo misionero es la delicada situación fiscal que enfrenta la Nación.

 

Imagen en alto

 

La gestión de Herrera Ahuad transita en un altísimo nivel de intensidad en búsqueda de soluciones y beneficios para los misioneros, lo que lo llevó a ser el gobernador con mayor porcentaje de imagen positiva en una nacional que elaborada por la consultora CB.

 

Solo en esta semana el mandatario anunció el pago de sueldos, entregó títulos de propiedad, avanzó en la designación de cargos en la quinta circunscripción judicial creada por ley la semana pasada, insistió en el reclamo a la Nación para que Misiones sea una provincia libre de impuestos federales, entregó viviendas en Itaembe Miní, obras de agua potable en Campo Viera y se reunió con cámaras empresariales para impulsar medidas económicas que beneficien a la actividad.

 

Respecto a la rápida acción para cubrir los nuevos cargos judiciales, “hemos encomendado al Consejo de la Magistratura llamar a concurso para cubrir vacantes de la justicia en la Cámara de Apelaciones de Puerto Rico. Y se activan concursos para cubrir juzgado multifuero de Montecarlo con correspondiente fiscalía y defensoría”, remarcó en Twitter.

 

Con esta medida se acercará la justicia a miles de ciudadanos que estaban alejados de ese servicio.

 

Se cubrirán los siguientes cargos: un Juez de Instrucción en San Pedro, un Fiscal de Instrucción  en San Pedro, un Defensor Oficial de Instrucción en San Pedro, un Juzgado de Instrucción en San Ignacio, un Fiscal de Instrucción en San Ignacio, un Defensor Oficial en San Ignacio, un Defensor Oficial de Primera Instancia con competencia en Violencia Familiar en Posadas,  un Defensor Oficial de Primera Instancia con competencia en Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar en Garupá, un Juez de Paz de Primera en Garupá un Juez de Paz de Primera en Oberá, un Juez de Paz en Eldorado, un Juez de Paz en Puerto Rico, un Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores en Puerto Rico, un Defensor de Oficio de Instrucción, Correccional y de Menores en Puerto Rico, un Juez de Primera Instancia de Violencia Familiar en Posadas y  un Juez de Primera Instancia de Familia y Violencia Familiar en Garupá.

 

Mientras todo el sistema de salud está en crisis en todas las provincias, Misiones sigue atendiendo en la más absoluta normalidad. Los tratamientos continúan con su periodicidad.

 

Legislativas

 

En el marco de la gestión binaria que desarrollan todas las instituciones de la Provincia, también la Legislatura continúa profundizando acciones de gran impacto para la población, como fue el caso de la creación del Colegio de Instrumentadores Quirúrgicos, el primero del país, sancionado el jueves.

 

El Colegio Profesional de Instrumentadores Quirúrgicos se encargará de establecer los derechos de inscripción y las tasas correspondientes, gobernar la matrícula y ejercer poder disciplinario; y promover la investigación, capacitación y especialización de sus integrantes, así como también los beneficios de ayuda mutua, recreación y seguridad social.

 

Podrán ejercer la instrumentación quirúrgica en Misiones quienes tengan la matrícula profesional vigente y que no se encuentren alcanzados por las inhabilitaciones previstas en la norma.

 

Quienes ejercen esta profesión son responsables de asistir, controlar, supervisar y evaluar el proceso de atención al paciente, en lo que se refiere a la instrumentación en contexto quirúrgico, desde el ingreso al área de cirugía hasta el egreso a la sala en la que la persona intervenida se recupera de los efectos de la anestesia.

 

Otro proyecto sancionado fue la declaración del 18 de febrero como día provincial de sensibilización sobre el Síndrome de Asperger, en coincidencia con el día nacional. El objetivo es que se promuevan acciones para que se conozca en la comunidad este trastorno y se realicen campañas de concientización en los organismos públicos de la provincia y en los establecimientos educativos públicos que dependan del Consejo y del Ministerio de Educación de la provincia.

 

RC-EP


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