El caso Cristina Vázquez y sus implicancias, según la opinión de dos abogados del fuero local

“El caso Cristina Vázquez es un caso más de la tragedia que es el poder judicial”, afirmó el abogado Eduardo Paredes, integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos y Género, al referirse a las circunstancias que rodearon el encarcelamiento, el proceso, la cárcel, liberación y posterior muerte de la joven nombrada.

Eduardo Paredes – FM Santa María de las Misiones

 

 

 

   Eduardo Paredes, Equipo Misionero de Derechos Humanos y Género.

 

Sobre el caso de la joven que apareció muerta en su domicilio del barrio Palomar de Posadas este miércoles y había sido liberada en diciembre último por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Si ustedes ven, hay un análisis en Página 12, de  hace unos meses, cuando salió la sentencia de Cristina, cuando la Corte anuló y en esa anulación tuvo mucho que ver Nora Cortiñas, la Madre de Plaza de Mayo… el modo de control en provincias como esta es engorroso;  se conocen todos, se suele condenar con una prueba casi inexistente,  y convalidar  de modo corporativo. Es un sistema judicial muy pequeño y no se toman consciencia de los errores, no hay revisión, no hay pedido de informes de los poderes políticos; por lo tanto, los miembros del Superior y los jueces que son pocos realmente, no se hacen cargo de los daños que provocan”.

 

En este sentido, según Paredes, “en Misiones hay casos de condenas perpetuas, hasta lo que yo conozco, creo que todas son equivocadas. No hay una revisión real” y por ese motivo, hace unos años, junto a la Universidad Gastón Dachary habría firmado un convenio para trabajar con los estudiantes de esa casa de estudios en la investigación de condenas cerradas.

 

“En el caso de Cristina Vazquez -continuó- aunque sea la Cámara de Diputados debería pedir un informe formalmente al Tribunal de Justicia. En este caso, la Corte anuló dos veces la causa.  La primera oportunidad le ordena al Tribunal Superior que revise porque había fallas severas y eso ya implica un juicio. El Superior vuelve a analizar, a veces se inhiben y nombran subrogantes; es falso, lo manejan ahí adentro y le hacen firmar a la gente del interior y vuelven a confirmar la sentencia, lo que provocó que esta mujer esté 11 años presa y claramente no tenía ninguna vinculación. Son condenas, lo que es tremendo, que esperemos que con esto se revise”, señaló el abogado en comunicación con FM Santa María de las Misiones.

 

Considera que “lo que pasa es que a veces, cuando se condena a un inocente, se deja impune un caso y políticamente, creen que de esta manera te da una suerte de respuesta. Yo creo que en muchas oportunidades ellos saben que con la sentencia están condenando a un inocente”.

 

Además, Paredes confirmó su creencia en que “el Poder Judicial no va a cambiar” porque cree “que esto es producto de prácticas políticas. Acá tiene que haber una decisión política, una toma de conciencia en serio para reformular todo el procedimiento, pasar a juicios por jurado, establecer un modo de nombramiento de jueces con un estándar más ágil; pero esta decisión, cualquiera sea, es una decisión política. Sabemos que nuestro poder judicial es tremendamente dependiente de nuestro poder político y hasta que no haya una decisión seria, una discusión abierta sobre el modelo judicial, estos errores van a seguir ocurriendo porque, de hecho, no es el primer caso. La corte en el Caso Iriarte cometió el peor error que pudo haber cometido” (Carlos Iriarte era médico del PAMI. Lo asesinaron hace dos décadas en Posadas. La madrugada del 3 de marzo de 1998, un asaltante lo baleó cuando llegaba a su casa, ubicada en Berón de Astrada y Bermúdez).

 

Para Paredes, “en realidad estas prácticas son internas, lo entendería más un sociólogo; es un Poder muy pequeño, que en realidad funciona como una agencia corporativa. Trabajan con estándares. Pero esto, la única manera de poder cambiar, creo yo, es una decisión política muy profunda. No solamente de la hegemonía que maneja la provincia hace hace veinte años, sino también de la corporación de abogados. En general los que están en las cárceles son pobres, no le interesa a nadie, hay 1700 presos”.

 

Y cerró con: “Todas las instituciones, especialmente el Poder Judicial, tienen una degradación de tal magnitud que no se va a reparar. Tiene que haber una decisión política”.

 

“Para la Corte no había ninguna prueba”

Martín Ayala fue abogado de Cristina Vázquez. Este jueves, casi 24 horas después de que el cuerpo de la joven haya sido encontrado sin vida en el departamento donde habitaba en Posadas, dialogó con Radio Libertad y rememoró algunos de los pasos del proceso legal que siguió la causa.

Martín Ayala – Radio Libertad

 

“Cristina, cuando ocurrió este suceso tenía menos de veinte años y a la fecha de su fallecimiento no había llegado a los cuarenta. Casi toda su vida pasó enmarcada en esta tragedia. Estuvo once años detenida, acusada de un delito en el que la Corte en diciembre del año pasado, ratificó que no había ninguna prueba, ninguna manera de vincularla con ese delito” dijo el letrado.

Martín Ayala, actuó como defensor de Cristina Vázquez.

 

“Hay que mencionar que conocemos casos en donde alguna persona está acusada de algún delito y sale en libertad por algún detalle formal, por prescripción de la pena, porque no se cumplió con una acta, como ocurrió hace poco con un tribunal de la provincia de Misiones; pero en el caso de Cristina, lo que dice la Corte en la sentencia el año pasado, es que no había ninguna prueba que pudiera vincular a Cristina con el asesinato de la señora Davalos”, añadió.

 

En este caso, afirmó, “no había ninguna razón para que hubiera estado detenida, mucho menos tanto tiempo sin sentencia; pero no había razón para que estuviera detenía siquiera, eso lo hace mucho más injusto a la situación que ella debió padecer”.

 

“Estuvo presa siempre en la penitenciaria de mujeres de la ciudad de Posadas y junto con ella estuvieron detenidas otras dos personas: un hombre y otra mujer. La mujer sí estuvo detenida mucho tiempo en provincia de Buenos Aires, 14 años.  Cristina estuvo siempre en Posadas, ella tenía su familia aquí, su madre la acompañaba, su padre estaba muy mal de salud, pero también tenía su familia”, recordó.

 

Según precisó Ayala, “las únicas dos personas que plantearon recursos ante la Corte fue Lucía Rojas, que era la otra mujer que estaba acusaba y Cristina. Y el tercer acusado, que es un señor de apellido Jara, que se apodaba ‘Colino’ no hizo planteos ante la Corte y no se vio beneficiado por la libertad. Hoy sigue detenido y bueno, en algún momento tendrá que resolver la justicia”; aunque aclaró que “sí, respecto de él existen pruebas”.

 

Al analizar las etapas del proceso emocional y personal que vivió Vázquez, el abogado analizó que “en primer lugar, durante la situación de detención, cada persona metaboliza o trata de superar esa situación trágica por sí mismo. En la situación de detención ella se casó, estudió, recibía visitas de muchas organizaciones de Derechos Humanos que acompañaban en su reclamo. Al momento de su libertad, obviamente la exaltación por haber tenido éxito en su planteo, el reconocimiento por parte de la justicia. Estaba en una situación de alegría; poder recuperar el contacto con su familia, especialmente con su padre, que por salud no la podía visitar. Tampoco sé qué ocurrió ayer (por el miércoles); solamente he leído lo que ha trascendido. No sé en qué circunstancias ocurrió el fallecimiento de Cristina. Puedo especular que todos estos años de injusticia pueden hacer mella en cualquiera de nosotros. Pueden ir socavando algunos pilares. Hay que reconocer que gran parte de su juventud estuvo detenida.  Realmente es una situación en donde toda la perspectiva de la vida de una persona se ve trastocada”.

 

Respecto del hecho que desencadenó la acusación y la prisión de Vázquez, el abogado añadió que “también hay que pensar que otras personas, especialmente las familias de la señora Dávalos siguen esperando una respuesta de parte de la justicia, lo que es comprensible también es el reclamo por cómo no pudimos resolver qué le ocurrió a una persona en el seno de su casa una noche del 2001”.

 

Y en ese sentido añadió que “la Corte no ordena nueva investigación, pero sí deja algunas intrigas como los planteos que se hicieron sobre una persona que habría estado con la señora haciendo reparaciones en la vivienda, que había salido en horas de la tarde, que habría sido la última persona que vio con vida a Dávalos y esa línea de investigación no se avanzó. La Corte hace una mención a esto como diciendo que no solamente no había ninguna prueba de cargo de imputación a Cristina, sino que otras vías de investigación no fueron trabajadas”.

 

Agregó Ayala: “Personalmente creo que el curso del tiempo ha impedido recuperar rastros de esto. Y por una cuestión jurídica, porque está prescrita la posibilidad de la prosecución penal para quién fuera el autor; no deja de ser una situación que nos debería hacer reflexionar porque es un delito más sin solución y sin respuesta por parte de la Justicia”.

 

Los pasos procesales según Ayala

El abogado que fuera defensor de la ahora fallecida señaló que respecto del caso Dávalos, “efectivamente a las tres personas, las condena el Tribunal Oral donde actuó como en ese momento la doctora Picasso; me interesa destacar, no es para separar responsabilidades, la función del fiscal es justamente acusar, los que tienen que actuar de manera imparcial son los jueces. Esa decisión del tribunal tuvo una revisión por parte del Superior Tribunal de la provincia de Misiones. Luego, la Corte en una primera instancia, ordena una nueva sentencia del Superior Tribunal de Misiones por defectos formales y ella sigue detenida. El Superior Tribunal, en 2017 ratifica la condena, como que, a pesar del llamado de atención de la Corte en la primera oportunidad, define nuevamente que había que condenarla y la Corte en el año 2019 dice que no hay una prueba y que la pongan en libertad”.

 

Aseveró en ese sentido que “el error humano es una posibilidad; lo que no es admisible es el paso de tanto tiempo, es decir, que tarde  tanto en que el error sea advertido y corregido. Y creo también que la manera de evitar el error humano es mediante un proceso penal público, como lo es en la instancia del debate y donde claramente el rol del juez, es un rol imparcial. Yo acompaño modificar el proceso penal de Misiones por un proceso acusatorio, con un juez de garantía como ya lo conocemos, en provincia de Buenos Aires y en muchas de las provincias; abandonar el proceso inquisitivo donde el juez cumple un doble rol, de investigar, acusar y juzgar porque ahí se pierde la imparcialidad del juez. Yo creo que le daría transparencia, debate, imparcialidad a la decisión del juez. Que actúe el fiscal, con los recursos que necesite, humanos y económicos. Sacarle la función al juez de investigar, porque cuando él investiga está tentado a ratificar lo que él mismo investigó”.

 

 

 

 

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