Se conformó la comisión directiva del Consejo Portuario Argentino y Misiones y Corrientes, quedaron como las provincias revisoras de cuentas

Tras elegirse como nuevo presidente del Consejo Portuario Argentino (CPA) al interventor de Puerto Buenos Aires, José Beni y al designarse la nueva comisión directiva del Consejo en una asamblea virtual con las autoridades de los puertos públicos de todo el país, el ministro de Industria y presidente de APPSA, Ing. Luis Lichowski, en representación de la provincia de Misiones y el director de Puertos de corrientes, Adolfo Damus Escobar, fueron designados como titulares de la revisión de cuentas.

Lichowski destacó la participación de Misiones en el Consejo, por tratarse de un ente “clave para la política portuaria con visión federal”. “El Consejo es un órgano democrático que tiene la enorme tarea de mejorar la logística y establecer condiciones de igualdad entre los entes portuarios del país, con lo cual nuestra inserción es de vital importancia para la visión estratégica del gobierno provincial sobre el sector”, destacó.

 

Beni estará acompañado por Fabio Cambareri, director del Puerto de Comodoro Rivadavia, como vicepresidente. En tanto, la nueva secretaria del Consejo será la presidenta del Puerto de Dock Sud, Carla Monrabal.

 

La comisión directiva se completa con Pedro Wasiejko (Puerto La Plata) como prosecretario; Fernando De Vido (Formosa) como tesorero y Enrique Calvo (Puerto Madryn), como protesorero.

 

Consejo Portuario Argentino

 

Los vocales titulares serán Federico Susbielles (Puerto Bahía Blanca), Roberto Murcia (Tierra del Fuego) y Roberto Benítez (Barranqueras); en tanto que los suplentes serán Gabriel Felizia (Mar del Plata) y Antonio Negro (Puerto de San Nicolás).

 

Beni, suma a su responsabilidad en el Puerto Buenos Aires y la presidencia de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, la conducción de los puertos públicos argentinos.

 

Sobre el Consejo Portuario

El Consejo Portuario Argentino (CPA) fundado en 1992, fue un activo protagonista del proceso de transferencias de los puertos nacionales a las provincias, a partir de la promulgación de la Ley 24093, llamada Ley de Puertos la cual dio una clara connotación desreguladora y descentralizadora que impactó fuertemente en la configuración y el desempeño del sistema portuario argentino.

Los Puertos públicos constituyen una red muy plural en lo político, integrada por nodos fuertemente vinculados a las economías regionales, los sistemas productivos y los centros urbanos que están insertos. Su interacción con la autoridad de la aplicación de la Ley de Puertos, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, atravesó diferentes etapas dentro de las relaciones que se establecen entre actores distintos pero vinculados por las atribuciones del Estado Nacional que impactan en el desempeño de los puertos.

El CPA desde su creación ha sido un órgano de consulta de los sucesivos gobiernos nacionales, brindando apoyo técnico en distintos temas: legales, de ingeniería portuaria y tributaria, creando una red de colaboración entre administraciones portuarias, el gobierno nacional, gobiernos provinciales, municipios y organizaciones civiles.

 

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El ministro de Industria, Luis Lichowski, confirmó que por decisión del gobernador Oscar Herrera Ahuad, ya se encuentran trabajando para dotar del equipamiento necesario, para el comienzo de las operaciones. Además, destacó que Misiones tendrá mejores condiciones para negociar a partir de su inclusión en la empresa estatal que manejará la hidrovía Paraná- Paraguay cuando finalice la concesión actual.

 

El gobernador Oscar Herrera Ahuad decidió que será la provincia quien gestionará el Puerto de Posadas a través de la Administración Provincial del Puerto de Posadas y Santa Ana (APPSA) luego de que no prosperara el proceso de licitación por medio del cual se buscaba una empresa privada para entregar el manejo del puerto en concesión.

 

La información fue confirmada por el ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski, quien recordó que se buscó una empresa que aporte el equipamiento necesario para llevar adelante la administración y que no fue factible. “La decisión es que la provincia, con el asesoramiento especializado y contribuciones, tome en sus manos la gestión del puerto”, remarcó el funcionario.

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