El desalojo en Colonia Pepirí realizado por orden de la Justicia misionera este fin de semana conmocionó a la localidad de El Soberbio y generó repercusiones políticas. Mientras se intentó instalar que “habrían” sido afectadas los ocupantes históricos del Paraje “Mbiguá”, con el correr de las horas se aclaró la información de que se trató de un caso judicial de usurpación a la propiedad privada durante la cuarentena. La medida judicial la ordenó el juez de Instrucción N°3 de San Vicente, Gerardo Casco, que determinó que el ingreso fue en forma ilegal al Lote 8, Sección 4, y resolvió el desalojo de las tres familias. Se habría incumplido con acuerdos que permitieron a la familia Harriet SA recuperar estos terrenos en conflictos en El Soberbio.
Este fin de semana se llevó adelante un operativo de desalojo por una intrusión ilegal y el accionar de la Justicia generó polémica en redes sociales ya que en imágenes se exponían a niños y mujeres que ante la medida quedaban en condiciones de vulnerabilidad. La orden judicial fue dictaminada por el Juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco.
La orden respondió ante una denuncia de la empresa involucrada que derivó en una investigación judicial. Durante las últimas semanas ingresaron a terrenos del Lote 8, dentro de la reserva de Biosfera Yabotí, de la empresa Juan Alberto SA, propiedad de la familia Harriet. En estos terrenos, la empresa Moconá SA -de la familia Laharrague- lleva adelante la administración de las actividades productivas.
Al tratarse de terrenos que ya habían sido recuperados por la familia Harriet por acuerdos de partes firmados con anterioridad, legalmente establecidos, y al detectar la nueva usurpación, los propietarios realizaron una denuncia ante el juzgado demostrando con documentación que se trataba de un lote recuperado de ocupación, y no correspondía su proceder de ingresar nuevamente al territorio.
La Policía respondió en su accionar a la orden de desalojo judicial este sábado, y el operativo generó polémica e intervenciones políticas, principalmente de dirigentes del PAyS que acompañan a las familias sin tierras y de escasos recursos, donde quedaban mujeres y niños y niñas sin hogar, ante la situación de desalojo.
No habría nuevos conflictos en el Lote 9 como trascendió en algunos medios de prensa, el desalojo fue realizado únicamente sobre terrenos del Lote 8, Sección 4, que involucró a tres personas investigadas por la justicia.
Fotos archivos Misiones Online: Gumersindo Avelino de Olivera, conocido como el abuelo «Mbiguá» fue el gran luchador para evitar el desalojo de sus familias en la colonia.
Conflicto por intrusiones nuevas
De las 30 familias históricas de la colonia, que había en conflicto por las tierras en 2006, en el proceso algunas fueron cerrando compras, relocalizaciones y acuerdos entre las partes, y la postura actual de los involucrados -según las fuentes consultadas de la Mesa de Diálogo- es lograr una solución de reconocimiento sobre el territorio y en forma pacífica. «No vamos a ceder las tierras», repiten.
Pero no se permitirán nuevas intrusiones o usurpaciones en las propiedades recuperadas por la familia Harriet ni en las que pertenecen a los ocupantes legítimos e históricos, indicaron.
De ese proceso de lucha por el reconocimiento de posesión dominial, quedan en la actualidad en proceso de regularización de tenencia de sus tierras unas 6 u 8 familias.
“Se trata de descendientes de Don Gumersindo Avelino de Olivera, poblador histórico de la Colonia y conocido como “Mbiguá”. Son las familias que están encaminadas desde lo jurídico y en una nueva Mesa de Diálogo con las partes involucradas para llegar a la solución final. Ninguna de ellas estuvieron afectadas en desalojo de este sábado”, precisó el abogado de las familias, Ramón Camargo, en contacto con ArgentinaForestal.com.
Más allá del juicio de reivindicación que se lleva adelante por parte de la familia Harriet desde hace tiempo, quedan en el Lote 8 unas 6 familias históricas en proceso de negociación y diálogo.
El juez Casco ordenó este fin de semana una actuación judicial para desalojar a Eleuterio Olivera, Juan Carlos, Maicon y Leandro Dias, Ricardo Asman y Silvana Cardozo.
En la medida se ordenaba a su vez el reintegro de dichos inmuebles al ciudadano Oscar Alejandro Pérez, apoderado de la empresa Juan Alberto SA, de la familia Harriet.
Familias históricas en una nueva Mesa de diálogo
Las familias que cuentan con un principio de acuerdo con las empresas del conflicto respecto a la tenencia de la tierra que ocupan dentro del Lote 8, en el Paraje Mbigua son: Valdecir Ratzinger y Yudit de Olivera, Samuel Ratzinger, Juan Dos Santos y Teresa Oliveira, Teresa Oliveira y Valerio De Olivera.
Sandro Martínez y su concubina de apellido Ratzinger y Eliseo Correa, junto a Darío Spickel y el nieto de Mbigua, todos ellos quedaron exceptuados del desalojo.
El operativo se llevó adelante con cerca de 40 efectivos policiales, con apoyo de personal femenino, médico policial y psicólogo; junto a una división de Infantería.
El abogado Ramón Camargo se distanció del conflicto de desalojo, dado que no afectó a sus patrocinados. “Se trató (el desalojo) de una acción penal, nada tiene que ver con mis representados, es otro conflicto del cual no están involucrados. El proceso de mis clientes sigue su marcha, se ajusta a derecho, son legítimos dueños de las tierras, más allá del tiempo que lleve el juicio por posesión dominial o el acuerdo que pueda cerrarse en la Mesa de Diálogo que se inició recientemente donde son parte. Mis patrocinados son descendientes del abuelo Mbgua, colonizadores de Pepiri”, ratificó Camargo.
Sobre la situación de nuevas intrusiones en la zona dijo que es un tema que preocupa ante la lucha por la regularización de la tenencia de la tierra y la búsqueda de una solución pacífica por el conflicto. “Este desalojo fue procedente. Sería un desastre que sea una acción contra las familias históricas, pero no fue así, ni será el caso”, dijo el abogado.
Explicó que la empresa no quiere nuevas intrusiones y explicó que están avanzadas las negociaciones para llegar a un acuerdo en beneficio de las familias históricas de la colonia. “Estamos en una instancia donde la empresa está dispuesta a cerrar esta etapa con un acuerdo de partes en la Mesa de diálogo que se abrió recientemente, pero no se permitirá que se produzcan nuevas intrusiones. Mis clientes son propietarios de esas tierras, pero al no haberse avanzado en los límites con las mensuras, como habíamos requerido de nuestra parte hace unos años, ahora se presentan nuevas intrusiones y se complejiza la situación. Todos queremos terminar con esta cuestión de fondo, que es que las familias históricas no se van a ir del lugar, porque son sus tierras. Pero son estas 8 familias, el resto acordó en su momento o se fueron del lugar”, concluyó Camargo.
Problemática social y territorial
«Para las familias y los pobladores, fue una situación intempestiva que los sorprendió ya que estaba en marcha desde hace 15 días, con las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de El Soberbio, el Poder Legislativo, la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, el Ministerio de Derechos Humanos, y los vecinos y vecinas, una Mesa de Diálogo», indicaron desde el Partido Agrario y Social en un comunicado de prensa.
Este martes 18 tienen previsto un nuevo encuentro en la colonia y el compromiso es ayudar a resolver la situación social, reconociendo los derechos de quienes habitan esas tierras, pero además asistiendo en la relocalización de las familias afectadas. «Ante la violencia ejercida en el desalojo y el derrumbe de las viviendas de tres familias que fueron golpeadas, algunos vecinos avisaron al diputado provincial Martín Sereno (PAyS), con el intendente local y los concejales de El Soberbio, Juan Antonio González y Nelson Brettin (PAyS), quienes se acercaron al lugar con varios militantes acompañar a las familias en situación de desamparo», precisaron.
El diputado Sereno se comunicó con las máximas autoridades del gobierno y con el juez penal, Gerardo Casco, solicitando que «se destrabe la situación» y se priorice «los derechos humanos de esas familias antes que lo judicial».
“Desalojaron a niños y niñas sin que previeran ningún organismo de niñez que les proteja y en un contexto de pandemia», cuestionó el legislador, reclamando al Estado la asistencia que corresponde en estas situaciones.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
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